Basta de demagogia

Que estamos en una situación de emergencia es algo de lo que todos somos conscientes. Se puede discutir si esta situación de emergencia es imputable en mayor medida a las Administraciones Públicas o a los bancos, empresas y ciudadanos particulares, ya que, mientras la deuda pública española es de las más bajas de todos los países de la Unión Europea, la deuda privada es de las más altas. Tenemos un problema de deuda pública como consecuencia de la enormidad de nuestra deuda privada y no a la inversa. El Estado es la síntesis política de la sociedad y cuando en una sociedad sus bancos, sus empresas y sus ciudadanos han contraído deudas que no pueden pagar o que tienen muchas dificultades para pagar, es el crédito del Estado el que se ve afectado. Cada ciudadano responde de sus deudas, y cada empresa y cada banco responden de las suyas. Pero del conjunto de todas ellas acaba respondiendo el Estado ante una situación de emergencia. Lo puede hacer con fórmulas diversas, y el abanico como consecuencia de esta crisis es amplio, pero tiene que acabar haciéndolo.

Esta es la situación en que nos encontramos. El Estado, entendiendo por tal el conjunto de las Administraciones Públicas, tiene que enfrentarse con el problema, empezando por la deuda contraída por dichas Administraciones. Y dada nuestra posición frente a los mercados, parece obvio que no hay otra alternativa que la austeridad. Vidal-Folch (Cómo crecer y crear empleo) escribía ayer en EL PAÍS país que si la UE puede seguir una política expansiva, los Estados tienen que seguir la senda de la austeridad. Sin medidas de control del déficit, no va a ser posible siquiera emitir deuda pública. El control del déficit no es opcional. Es imperativo.

Y en ese control tienen que participar todas las Administraciones Públicas sin excepción, correspondiendo al Gobierno de la nación fijar el objetivo de déficit y adoptar todas las medidas que sean necesarias para alcanzarlo. Esto no parece razonable que pueda ser sometido a discusión.

Ahora bien, una cosa es el control del déficit y otra muy distinta incluir el déficit en el Código Penal. Eso es pura demagogia. Transmitir a los ciudadanos el mensaje de que el déficit es consecuencia de conductas delictivas de los gobernantes que no han podido ser perseguidas como tales, porque no estaban tipificadas en el Código Penal, pero que de ahora en adelante ya no va a ser así, no se corresponde con la realidad. El déficit no es producto de conductas delictivas y, en la medida en que hay conductas delictivas que han tenido incidencia en el déficit, están contempladas en el Código Penal y, cuando se ha tenido conocimiento de ellas, han sido y están siendo perseguidas.

No se debe hacer demagogia nunca y menos desde el Gobierno de la nación. Porque siempre hay, además, alguien más papista que el Papa, como el presidente de la Junta de Extremadura, que exige el disparate de que la reforma del Código Penal sea retroactiva, porque lo contrario supondría una “amnistía” para quienes han delinquido en el pasado. Llevada esta opinión hasta sus últimas consecuencias, conduciría a que el actual ministro de Justicia, anterior alcalde de Madrid, esto es de la Administración más endeudada en España en términos relativos con mucha diferencia, el que tendría que hacer el proyecto de ley de reforma del Código Penal para criminalizar el déficit.

Estamos en una situación de emergencia y tener ministros que juegan a aprendices de brujo es lo último que el país necesita. El déficit es una herramienta de política económica, de la que ningún Estado ha podido prescindir en el pasado ni va a poder prescindir en el futuro. Y en el terreno de la política económica tiene que mantenerse.