"La Audiencia ha entendido que los delitos no están prescritos"

Para el fiscal superior del País Vasco, Juan Calparsoro, las dos exhumaciones realizadas en Gipuzkoa en las últimas semanas y la de Bizkaia a finales de septiembre, en las que no se hallaron restos humanos en los féretros donde sus familias creían que estaban enterrados sus hermanos o hijos, supone un avance muy importante en la investigación de los casos de robo de bebés. “Se constata un elemento vital porque si no hay restos, hay delitos”, señala. A la pregunta de si hay indicios para sospechar de la existencia de una presunta trama de robo de bebés en Euskadi, Calparsoro afirma que aún es pronto para saberlo. “Puede que se dé un patrón de actuación pero no se puede hablar, de momento, de una organización criminal”, asegura a este periódico. En el caso de Gipuzkoa, a nivel de territorio, no se confirma pero tampoco se descarta.

Hace un año y medio saltaron las alarmas sobre el presunto robo de bebés y empezaron a interponerse las primeras denuncias que hoy tienen desbordados a jueces y agentes de policía en la tarea de esclarecer lo que ocurrió con estas desapariciones. Los afectados se encuentran con que la mayoría de los casos son difíciles de probar porque ocurrieron hace mucho tiempo, entre la década de los 40 y 80, aunque se han dado varios en los años 90. “En un principio se planteó la posibilidad de prescripción pero la Audiencia ha entendido que los delitos no están prescritos y se puede abrir una investigación”, explica Calparsoro. La Fiscalía vasca cree que la infracción más leve que podría ocurrir, en los más de 600 casos que hay en Euskadi, sería un "delito de falsedad de documentos" pero también podría tratarse de "detención ilegal" si se comprueba que el bebé vivía y que fue arrebatado a su madre para entregárselo a otras personas.

Para la Fiscalía una de las dificultades es la complejidad de dirimir responsabilidades

Según la asociación SOS Bebés Robados existen 320 casos en Gipuzkoa, de los cuales 200 han interpuesto denuncia y 128 están en proceso judicial. De momento, entre un 10 y 15% de los procesos están siendo archivados por falta de indicios o porque no hay elementos suficientes para abrir una investigación. “Gipuzkoa es una de las provincia donde se están cerrando menos casos gracias a la labor de la fiscalía y los juzgados”.

Para el máximo responsable de la Fiscalía vasca, una de las dificultades que se están dando en los casos de supuesto robo de bebés es la complejidad de dirimir responsabilidades porque muchos de los implicados o personas que han podido tener relación con los hechos habrán fallecido. “Lo primero es esclarecer lo ocurrido, ver en qué casos hubo o no hubo irregularidades y de qué tipo fueron porque no todos los casos son iguales”, asegura.