Los empleados públicos salen a la calle contra los recortes de la Generalitat

Unos 11.000 empleados públicos, según las cifras que manejan los Mossos d'Esquadra (los sindicatos convocantes hablan de 30.000 personas) salieron ayer a la calle en Barcelona, coincidiendo con el debate de los presupuestos en el Parlament, bajo el lema No a los recortes, salvemos los servicios públicos. Protestaron contra el ajuste de sus condiciones laborales y salariales con el que la Generalitat pretende ahorrar 625 millones, una medida que afecta a los 203.000 empleados públicos a quienes les toca apretarse más el cinturón. Acudieron a la marcha personal de administración, bomberos y grupos de mossos d'esquadra (vestidos de paisano, pero con la gorra del uniforme), y se vieron muchas camisetas amarillas en señal de apoyo a la enseñanza pública entre los grupos de profesores y padres.

La manifestación quedó prácticamente disuelta hacia las ocho de la tarde, después de llegar hasta el Parlament, ferozmente blindado por los Mossos d'Esquadra. La Generalitat temía que se repitiera la estampa del año pasado, cuando un grupo de manifestantes del 15-M trató de impedir el acceso de los diputados a la Cámara. Ayer el debate del Parlament transcurrió sin problemas y solo un grupo de representantes sindicales atravesó el cordón policial, tras identificarse, y se reunió con representantes de todos los grupos políticos para expresarles su malestar.

Mas quiere ahorrar 625 millones de euros a costa, entre otras medidas, de rebajar los salarios de 203.000 empleados

La manifestación recorrió el trayecto que separa la plaza de Sant Jaume y el Parlament por la Via Laietana. Fue una marcha numerosa, pero contenida, con algunas bengalas y silbatos, y más pancartas que consignas a gritos. Dominaban los carteles con unas grandes tijeras tachadas y el lema Prou retallades [Basta de recortes]. También se vieron carteles que denunciaban que Recortar es robar. Los 12 sindicatos con representación en la Administración -entre ellos CC OO, UGT, IAC, USOC y el Sindicato de Médicos-, en un manifiesto conjunto, tacharon los recortes de "ataque directo a la calidad de los servicios como pilar fundamental del Estado de bienestar", lo que "incide en el empeoramiento de las condiciones de sus trabajadores y deteriora la calidad del servicio y las prestaciones a la ciudadanía". Aseguran que entre recortes salariales directos e indirectos (de pagas y beneficios) perderán entre el 15% y el 20% de su poder adquisitivo. Además, los sindicatos califican de "falso el discurso por el que todo el mundo debe apretarse el cinturón" y aseguran que "los culpables de la crisis no solo no se lo ajustan, sino que obtienen mayores beneficios y encima reciben ayudas", en clara referencia a las entidades bancarias.

Los bomberos, que se unieron a la manifestación, realizaron su propia protesta dos horas antes de la marcha: un camión llenó la puerta del Departamento de Interior de espuma contra incendios. En el edificio se celebraba una reunión entre representantes sindicales de los bomberos y miembros de la Generalitat para hablar de las condiciones laborales de este colectivo.

Al final de la marcha, una quincena de portavoces sindicales se han reunido en el Parlament con diputados de todos los grupos

Movilizaciones ciudadanas aparte, como las del Movimiento 15-M, la de ayer es la cuarta gran manifestación de empleados públicos que se celebra desde el pasado mes de abril. Fue entonces cuando el Gobierno de Artur Mas anunció la primera oleada de recortes y 20.000 personas colapsaron la plaza de Sant Jaume y aledaños en una concentración en defensa de la sanidad y la escuela públicas que desbordó cualquier previsión. Justo antes de Navidad, una nueva concentración de funcionarios clamó inútilmente contra el recorte de sus condiciones laborales y salariales. Inútilmente porque 48 horas después la Generalitat imponía las medidas en la Mesa General de la Función Pública. Unos días después, el 30 de diciembre, en la tercera protesta de empleados públicos, 12.000 uniformados —policías, bomberos, agentes rurales y funcionarios de prisiones— volvieron a salir a la calle contra la precarización de los servicios públicos.