Botella ahorra un millón en altos cargos y promete nuevos recortes en marzo

La alcaldesa de Madrid, Ana Botella, ha cuantificado hoy en cinco altos cargos y 13 asesores, en total, un millón de euros anuales, el adelgazamiento de la Administración local resultante de la eliminación del área de Seguridad. Además, ha avanzado que esta senda de “ahorro y austeridad” continuará en marzo, cuando “el Ayuntamiento probablemente tendrá que hacer algún tipo de actuación” a resultas de “las directrices y normas” incluidas por el Gobierno en los Presupuestos.

En concreto, la integración de Seguridad en el área de Medio Ambiente y Movilidad conlleva la eliminación de un coordinador general, cuatro directores generales y 13 puestos de personal eventual (asesores políticos elegidos a dedo). Eso se suma, según Botella, a la reducción de otros tres coordinadores, 14 directores y 62 asesores en junio, cuando además se suprimió otro área de Gobierno (Obras; de las nueve que había antes se ha pasado a siete), y se logró así un ahorro de nueve millones de euros. Un concejal de área cobra en 93.828 euros; el ahorro en este apartado con la eliminación de Obras en junio y Seguridad en diciembre se limita a uno, puesto que la concejal de Obras, Paz González, pasó a ocupar el cargo de nueva creación de presidenta del pleno, con un salario de 97.908 euros.

Un coordinador general cobra 89.749 euros; un director general, 85.699 euros. Así, el ahorro en salarios de altos cargos fruto de la remodelación aprobada por Botella suma 620.201 euros. A esa cifra se suma la rebaja de 13 asesores. El área de Seguridad contaba con 15 puestos de personal eventual, que costaban 781.562 euros. De ellos, 12 correspondían a la concejalía en sí (632.131 euros), dos al organismo Madrid Salud (99.180 euros) y uno a la agencia de licencias (50.251). Sin embargo, la reducción de asesores puede afectar además a otras áreas.

Preguntada sobre cómo va a continuar en el futuro este adelgazamiento y recorte de gastos, Botella ha explicado: “El proceso de reducción va a ser continuo en todas las administraciones. No dudo de que en marzo habrá nuevas directrices y normas respecto a las comunidades autónomas y las corporaciones locales en los Presupuestos Generales del Estado para 2012 del Gobierno de Mariano Rajoy. En ese momento, probablemente el Ayuntamiento tendrá que hacer algún tipo de actuación, por lo que es lógico esperar a ese momento. El Plan Económico y Financiero es válido, pero lo adaptaremos en tanto en cuanto los presupuestos supongan alguna actuación que implique esa modificación”.

Preguntada sobre las facturas pendientes de pago del Ayuntamiento, que suman 937 millones (los retrasos en su abono son de hasta nueve meses), Botella ha señalado: “Si nos comparamos con otras administraciones, estamos mejor. Nuestro objetivo y propósito es seguir disminuyendo el plazo”. Sin embargo, tal y como señala la hoja de ruta municipal, a menos que cambien las condiciones o la normativa actual, esa puesta al día solo podrá llevarse a cabo en 2016.

Respecto al diálogo social, Botella ha afirmado tener “muy buenos maestros en política”, en referencia al exalcalde, Alberto Ruiz-Gallardón, y a su marido, el expresidente del Gobierno José María Aznar. “No voy a hacer otra cosa que continuar ese clima de dialogo y entendimiento que siempre hemos tenido en el Ayuntamiento”, ha asegurado, haciendo referencia también al “diálogo que se abrió en 1996” con la llegada de Aznar a La Moncloa. “Las administraciones del PP siempre tienen dialogo social con los agentes [patronal y sindicatos], y mas en momentos como en el que estamos”, ha añadido.

Gallardón cerró con los sindicatos en la misma semana en que dejaba el Ayuntamiento un nuevo convenio para los trabajadores municipales. Botella se reunió con los agentes sociales el pasado lunes; tanto patronal como sindicatos salieron satisfechos de esa primera toma de contacto, hasta el punto de que el líder de Comisiones Obreras en Madrid, Javier López, aseguró: “Ya nos gustaría tener esos espacios de diálogo [que hay con el Ayuntamiento] con el Gobierno central o con la Comunidad de Madrid”.

Aznar aprobó en 2002 por decreto (es decir, sin pasar por el Parlamento) una reforma laboral que motivó una huelga general y costó el puesto al entonces ministro de Trabajo, Juan Carlos Aparicio. El decreto, que endurecía el acceso al sistema y abarataba de forma encubierta el despido, fue retirado posteriormente, y algunas de sus medidas se tramitaron como ley. En 2007, el Tribunal Constitucional anuló ese decreto porque no contenía ninguna medida urgente que justificara la fórmula en que fue aprobado.

Rajoy, por su parte, puso como plazo el 7 de enero a sindicatos y patronal para consensuar con el Gobierno la reforma laboral que considera precisa para acabar con la sangría del paro. Los representantes de los trabajadores ven casi imposible cerrar un acuerdo en tan poco tiempo, aunque está “muy cerca”, y por eso piden una prórroga.