Cataluña y el País Vasco tachan el control presupuestario de ataque a la autonomía

La respuesta de la Generalitat de Cataluña al anuncio del ministro de Economía, Luis de Guindos, de que el Gobierno español prepara una ley para controlar los presupuestos de las comunidades autónomas ha sido contundente: "Es inadmisible e inaceptable (...), no tiene ni pies ni cabeza", ha manifestado esta mañana el portavoz del Ejecutivo catalán, Francesc Homs, en declaraciones a la emisora pública Catalunya Ràdio. De Guindos ha adelantado los planes del Gobierno que preside Mariano Rajoy en una entrevista al diario Financial Times, en la que explica que la ley podría estar lista en marzo. Canarias también lo rechaza y amenaza con un litigio en el Constitucional. El País Vasco se ha sumado a las críticas catalanas y considera la medida un "ataque al autogobierno". En el lado opuesto se han situado Galicia, Madrid y Castilla-La Mancha, que están a favor de la medida. Andalucía la condiciona: se opondrá si vulnera el Estatuto.

El portavoz del Gobierno catalán entiende que el control presupuestario por parte del Gobierno central supondría "cargarse la autonomía financiera" y "vulnerar las reglas del juego que establece la Constitución". Homs no se ha aventurado a indicar si el Gobierno catalán estaría dispuesto a llevar ante el Tribunal Constitucional la futura ley, que algunos medios catalanes califican de "LOAPA financiera", en referencia a la Ley Orgánica de Armonización del Proceso Autonómico, de 1982, que pretendía equiparar las competencias de las 17 comunidades autónomas. El Gobierno de la Generalitat ha recibido el apoyo del primer secretario del PSC, Pere Navarro, quien ha tachado la medida de "censura previa" con un "código genético" centralista. Los ecosocialistas de Iniciativa per Catalunya la han considerado una medida “recentralizadora” y “un recorte más” del Estatuto, y el presidente de Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, la ha definido como “un insulto a la inteligencia y dignidad” catalanas. Hasta el momento el PP de Cataluña no se ha pronunciado sobre la propuesta de De Guindos.

Para el Ejecutivo vasco, es "un ataque al autogobierno" y una “tutela” que no va a aceptar. Aunque “asume las limitaciones de gasto presupuestario y las obligaciones en materia de déficit y deuda pública derivadas del ordenamiento constitucional y de los tratados internacionales”, ha considerado la medida "un intento de control inadmisible".

"Da la impresión de que el Gobierno del PP pretende arreglar los desajustes de las cuentas públicas castigando a todas las comunidades autónomas sin discriminar cuáles han realizado una gestión responsable y austera, y cuáles no, entre las que destacan algunas dirigidas por su partido. Penalizar a todas las comunidades autónomas supone primar a las más irresponsables", ha afirmado en un comunicado el equipo presidido por el socialista Patxi López.

El Gobierno de Canarias ha llegado a amenazar al Ejecutivo central con llevar sus medidas económicas al Tribunal Constitucional si hay “invasión competencial” e intenta “recentralizar competencias que tienen asumidas las comunidades autónomas”, según el socialista Francisco Hernández Spínola, consejero de Presidencia y Justicia. Spínola ha dicho que “hay que cumplir con la normativa y con el objetivo de déficit”, pero ha asegurado que va a “analizar las leyes de forma pormenorizada” porque no se puede “tolerar que el Estado invada las autonomías”. En su opinión, se “está aprovechando la crisis y se están desmantelando los servicios públicos de las comunidades autónomas en beneficio del Gobierno de España”, lo que considera una clara “recentralización” del Estado.

La consejera andaluza de Hacienda, Carmen Martínez Aguayo, se mostró prudente, a la espera de conocer con exactitud la propuesta del Gobierno central. "No puedo opinar hasta que la vea", ha dicho. No obstante, ha comentado que, si lo que se plantea es una fórmula fiscal como la que rige para los países miembros de la Unión Europea y la propuesta se debate en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), Andalucía “colaborará con lealtad y transparencia, como siempre”. Sin embargo, ha añadido: “Si se quiere imponer un control previo que vulnere nuestro Estatuto de Autonomía, Andalucía no lo va a aceptar”. Ni siquiera el vicesecretario general de Política Territorial del PP y presidente popular andaluz, Javier Arenas, se mostró de acuerdo con la propuesta de su formación y apostó por "establecer un techo de gasto para las comunidades y que ninguna gaste más de lo que ingrese, porque eso conlleva ruina y paro para el futuro". "No se puede compartir nada que no sea el establecimiento de ese techo de gasto porque todas las comunidades tienen perfecta autonomía para administrar sus ingresos y sus gastos", añadió.

En la Comunidad de Madrid se ven las cosas de forma bien distinta. Su consejera de Presidencia, Regina Plañiol, ha asegurado que el Ejecutivo autónomo está "dispuesto a colaborar, como siempre, en la transparencia, el rigor y la información" para ayudar a controlar las previsiones del déficit nacional, informa Efe. La consejera ha explicado que "controlar el déficit es uno de los principales objetivos que tiene en este momento España, ya que es importante para poder generar confianza" en todos los ámbitos y especialmente en el de los empresarios, que son los que generan empleo, ha añadido.

El anuncio tampoco se ve con malos ojos en Castilla-La Mancha, donde la portavoz del PP en la comunidad, Carmen Riolobos, ha asegurado  que  el Ejecutivo autónomo "no tiene ingún problema porque el Gobierno  de Cospedal lo primero que ha hecho ha sido poner en marcha un plan de garantías de los servicios sociales básicos, con un ahorro de más de 2.000 millones de euros, que es la base para el presupuesto".  Riolobos ha añadido que la presidenta María Dolores de Cospedal ha hecho "muy bien sus deberes" y está pagando "en tiempo y forma"  las "deudas monumentales" del anterior Ejecutivo socialista. 

El Gobierno de Baleares mantiene “absoluta prudencia” a la espera de conocer el detalle de lo adelantado por De Guindos, según ha declarado el portavoz de la Consejería de Vicepresidencia y Economía, Joaquín Calomarde. “No obstante, no vamos a ser contrarios a la medida”, ha añadido.

También Galicia apoya al ministro. La Consellería de Facenda sostiene que para Galicia “no supondrá ningún cambio”, puesto que la Xunta ya “se autoimpuso con anterioridad ese rigor fiscal”. También sostiene que el control “será bueno para todas las finanzas autonómicas” ya que redundará en “una mejora de las posibilidades de financiación”.

El pasado martes, el presidente de la Generalitat, Artur Mas, pidió a Rajoy que "no trate a las comunidades autónomas como menores de edad". Consideró que es "una majadería" que la Administración central trate a las autonomías como a "alumnos rezagados", porque se les echa en cara su elevado déficit, pero el gran bocado del déficit público corresponde al Estado. Mas también  recordó que las autonomías "son parte sustancial de ese Estado", ya que la inmensa mayoría de los servicios públicos y prestaciones, excepto el subsidio de paro, las pensiones y algunas infraestructuras, las asumen precisamente las comunidades autónomas y los Ayuntamientos.

Además, en el balance de su primer año de Gobierno, el presidente defendió los recortes efectuados en los presupuestos catalanes (que se han traducido en nuevas tasas y recortes en servicios básicos como la sanidad o la educación) con el argumento de que se aplicaron "para evitar que Cataluña sea intervenida por España". Con todo, recordó que también España puede ser intervenida.

El Gobierno catalán defiende que ha hecho un gran trabajo para atajar el déficit de la comunidad. Mas, en su balance de un año al frente del Gobierno, recordó que cuando llegaron se encontraron con una desviación muy elevada de las cuentas públicas (8.352 millones de euros de déficit en 2010, el 4,2% del producto interior bruto) y que era imposible atajarla en solo un año.

Por eso han llevado a cabo un plan a dos años que se fijó como objetivo que  en 2011 se registrara un déficit del 2,6% (el doble de lo que el Estado exige a las autonomías) y en  2012 se consiguiera rebajarlo al 1,3%, es decir, 2.740 millones de euros. "No nos hemos pasado 30 años pensando en el autogobierno como para que ahora Cataluña corra el riesgo de ser intervenida por el Estado", justificó. Ayer, además, animó al resto de las autonomías a seguir el ejemplo de Cataluña en materia de recortes.