Anticorrupción exige a Caixa Penedès los documentos de los planes de pensiones
El fiscal examinará si la asignación de 20 millones por cinco exdirectivos fue ilegal
La Fiscalía Anticorrupción ha exigido a Caixa Penedès que le entregue toda la documentación sobre la constitución de los fondos de pensiones millonarios que, presuntamente, se adjudicaron cinco exdirectivos de la entidad financiera. Es la primera diligencia de investigación que ha ordenado el fiscal Emilio Sánchez-Ulled, que pretende saber si el expresidente, Ricard Pagès, y otros cuatro integrantes de la cúpula bancaria se asignaron planes de pensiones por valor de más de 20 millones de euros.
Los cinco exdirectivos investigados podrían haber cometido los delitos de administración desleal y apropiación indebida. La Fiscal Superior de Cataluña, Teresa Compte, decidió abrir una investigación el pasado mes de noviembre, a raíz de las primeras informaciones publicadas sobre el escándalo de los planes de pensiones. La hoja de ruta de Sánchez-Ulled pasa por examinar en primer lugar la documentación sobre los planes de pensiones. El siguiente paso podría ser la toma de declaración de los exresponsables de Caixa Penedès.
La fiscalía investiga si causaron un perjuicio económico a la entidad y abusaron de sus funciones para disponer de los bienes de Caixa Penedès en su beneficio. Pagès y el resto de directivos también podrían ser investigados por un presunto delito de malversación de fondos públicos. El ministerio público deberá determinar si la asignación de los planes de pensiones se hizo antes o después de que el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) inyectara 915 millones de euros al Grupo BMN, resultado de la fusión fría de Penedès con las cajas de Granada, Murcia y la balear Sa Nostra.
El escándalo de presenta ciertos paralelismos con el caso de Ferrocarrils de la Generalitat. Dos expresidentes de la empresa pública de transportes constituyeron en 1991 un fondo de pensiones ilegal y lo repartieron entre los directivos. Fueron condenados por ello a sies años de cárcel. Como en aquella ocasión, en el caso de Caixa Penedès la aprobación de los planes se hizo aprovechando la inoperancia del Consejo de Administración.
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