Un buzón puso fin al silencio sobre los abusos en la Iglesia
Durante ocho años un equipo de investigación de EL PÁIS ha destapado cientos de casos de abusos en la iglesia. La clave: una dirección de e-mail donde las víctimas podían escribir
La historia de mi vida me pilló en un autobús roñoso, con resaca y un mar de dudas. Llevaba un par de semanas como colaborador para temas de religión en la sección de Sociedad cuando mi redactora jefa, Maribel Marín, me hizo el encargo: “Después de la boda de tu prima, te vas desde Casar de Cáceres a León para investigar a ese cura pederasta”. Era el 15 de septiembre de 2018. Lo que iba a ser un día reportajeando pasó a ser una estancia de cinco, sin ropa de repuesto y con la primera tentación de dejar el periodismo. También fue la primera vez que hablé con una víctima a la que un sacerdote había destrozado la vida. Se llamaba Javier y tenía 13 años cuando Ramos Gordón le agredió en un seminario de La Bañeza a finales de los ochenta. Su voz abrió las puertas de un infierno que un puñado de periodistas de EL PAÍS seguimos investigando.
Regresé a Madrid con varios reportajes bajo el brazo sobre cómo la Iglesia había encubierto al agresor de Javier y a otros curas de la diócesis de Astorga. Por iniciativa de la entonces directora, Soledad Gallego-Díaz, y junto a José Manuel Romero, subdirector, comenzamos a investigar. Encerrados en un despacho durante dos semanas reconstruimos una primera radiografía de los casos que la jerarquía eclesial había tapado. Localizamos 34 sentencias en los tribunales civiles desde los ochenta, la grabación de un obispo que admitía encubrir un caso y una entrevista insólita en la que un juez canónico decía que “la Iglesia lleva un siglo tapando la pederastia”.
En octubre se publicó el primer artículo, titulado “La Iglesia silencia desde hace décadas los casos de pederastia”. Pero la chispa que cambió todo no fue el titular en portada, sino la inclusión de una dirección de correo electrónico al final del reportaje. Más de 100 personas enviaron su testimonio aquel día a abusos@elpais.es. Ese e-mail se convirtió en nuestro cordón umbilical.
Se creó un equipo de investigación para seguir el tema. La mayoría de los casos estaban prescritos, en muchos solo contábamos con el relato del afectado, y la opacidad de la Iglesia era total. Pese a ello, conseguimos destapar varios casos inéditos que la Iglesia encubrió. “Habéis roto España”, me dijo Javier en un audio. Por el contrario, los obispos insistían en que apenas había casos. Un portavoz de la Conferencia Episcopal aseguró por teléfono que algunas de las víctimas que hablaban con nosotros estaban mintiendo.
El periódico había agrietado un muro de silencio, pero reventarlo llevaría casi cuatro años. De aquel equipo solo quedamos Íñigo Domínguez y yo. Los casos abarcaban los últimos 70 años, testimonios de abusos en parroquias diocesanas, colegios de decenas de órdenes religiosas, campamentos, casas de sacerdotes, seminarios… En muchas ocasiones era la primera vez que la víctima se lo contaba a alguien. En otras, habían pedido auxilio a la Iglesia sin éxito. “Era un secreto a voces”, repetían las víctimas.
Los responsables eclesiásticos también trasladaron a algunos de los pederastas entre parroquias, colegios e incluso los enviaron a las misiones. Allí siguieron haciendo lo mismo. Publicamos todo eso, ante la pasividad de la Iglesia. Pero cada vez que lográbamos destapar un caso, al buzón llegaba una decena de mensajes nuevos. Por eso, la noche antes de publicar un reportaje, la última frase que repetíamos siempre era la misma: “Llegarán más casos”.
Por eso, también, decidimos subir de nivel y, con la ayuda de un grupo de compañeras, elaboramos un informe con 251 casos inéditos y se lo entregamos a finales de 2021 al papa Francisco y al presidente de la Conferencia Episcopal Española. Aquello causó un terremoto que provocó que el Congreso encargase por mayoría absoluta al Defensor del Pueblo una investigación. Sobre su estudio (que estima en 440.000 el número de víctimas en España), el Gobierno y la Iglesia han construido un modelo para que esta última pague las indemnizaciones.
En estos ocho años EL PAÍS ha entregado seis informes al Vaticano, la CEE y el Defensor del Pueblo, el último, el pasado 19 de abril. Juntos suman 841 testimonios. Este periódico mantiene la única base de datos sobre un escándalo que ya supera 1.600 acusados y 3.000 víctimas.
Esta investigación ha marcado la vida de mucha gente, en especial la de víctimas como Ciro Molina, que sufrió los abusos de un sacerdote en Tenerife y contempló cómo los obispos de la isla lo encubrieron: “Sin lo que ustedes han hecho, hoy seguiría viviendo en la vergüenza”.
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