Deber cumplido: las niñas bolivianas ya no le pertenecen al matrimonio

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En Bolivia, hemos dado un paso histórico. La Asamblea Legislativa Plurinacional aprobó una ley que prohíbe, sin ninguna excepción, el matrimonio y la unión libre con menores de 18 años. Puede sonar a algo sencillo, a una formalidad legal, pero para quienes hemos acompañado de cerca esta lucha significa abrirle la puerta a miles de niñas y adolescentes a una vida con más oportunidades y menos violencia.

Lo digo con la emoción de quien viene de un pueblo donde las injusticias contra las mujeres no son teoría, sino una realidad; de un pueblo donde hay adolescentes de 14 o 15 años convertidas en esposas, en madres, en concubinas de hombres mucho mayores; donde todavía se normaliza que un embarazo temprano se “resuelva” casando a la adolescente con el padre de su bebé.

Y donde muchas veces la pobreza obliga a las familias a entregar a sus hijas como parte de un acuerdo. Por eso, esta ley era necesaria, porque ninguna adolescente debería cargar con un destino que no eligió. Esas experiencias marcan. Y fueron parte de lo que me impulsó, como legisladora, a presentar este proyecto de ley.

Hay cifras que confirman lo que ya sabíamos quienes caminamos en las comunidades. El informe defensorial Sueños interrumpidos registró 4.804 matrimonios y uniones infantiles hasta 2023. El Servicio de Registro Cívico reportó más de 6.000 adolescentes casadas en los últimos 11 años. En 2024, la Fiscalía documentó siete feminicidios de menores de edad. Y entre 2020 y 2023, el Ministerio de Salud reportó 147.876 embarazos en niñas y adolescentes, es decir, 101 cada día. Ese mismo año, los maternológicos atendieron en promedio diario a 17 niñas de 15 años y a 148 mujeres entre 15 y 19. Detrás de cada número, hay un rostro, un nombre, una historia que nunca debió ser así.

Les digo que el camino no fue fácil porque uno de los escenarios más complicados lo enfrentamos durante el debate parlamentario, donde hubo voces que intentaron frenar este avance. Algunas preguntaban: “¿qué pasa si la adolescente está embarazada? ¿No debería casarse con el padre de su hijo para no quedar abandonada?”. Otras insistían en que “ellas deberían decidir”, como si una adolescente de 16 años pudiera tomar con plena libertad una decisión tan definitiva y desigual. Incluso hubo quienes defendieron “la tradición” de casar a las adolescentes en ciertas comunidades.

Esas preguntas me dolieron, porque reflejan una forma de pensar que ha naturalizado la violencia y ha invisibilizado el sufrimiento de las niñas y adolescentes. Yo me preguntaba en silencio: ¿y qué pasa con las que son obligadas a convivir con su agresor bajo el disfraz del matrimonio? ¿Qué pasa con las que abandonan la escuela porque alguien decidió que ya eran “esposas”? ¿Qué pasa con esas vidas truncadas antes de tiempo?

La ONU ha sido clara, pues afirma que el matrimonio infantil es una violación de derechos humanos. Y Bolivia no podía seguir permitiendo que miles de adolescentes vieran sus sueños arrebatados en nombre de la costumbre, la pobreza o el miedo al qué dirán.

Sé que una ley no cambia la realidad de la noche a la mañana. Ninguna lo hace. Tampoco la ley contra la violencia hacia las mujeres ni la ley anticorrupción erradicaron esos problemas de inmediato. Pero las leyes son herramientas que trazan un límite, abren caminos y marcan un horizonte. Esta ley es justamente eso, una herramienta para proteger a las niñas, para impedir que se registren matrimonios con menores y para enviar el mensaje claro a la sociedad boliviana de que antes de los 18, no.

El camino hasta aquí fue largo y lleno de aprendizajes. Hubo intentos de tergiversar el sentido de la norma, incluso con argumentos tan absurdos como que “esto podría abrir la puerta a la reasignación de sexo”. Pero la mayoría de las y los legisladores, de oposición y oficialismo afortunadamente, entendieron que el objetivo es proteger a las adolescentes y garantizarles una vida plena. Más allá de los colores políticos, hubo consenso. Y eso también es un triunfo, porque cuando se trata de derechos humanos, no hay lugar para divisiones partidarias.

Este logro tampoco hubiera sido posible sin las organizaciones que nos acompañaron. Me refiero a IPAS Bolivia, la Comunidad de Derechos Humanos y a muchas otras estuvieron a nuestro lado con evidencia, compromiso y apoyo técnico. Y la sociedad civil también hizo su parte, pues recibimos decenas de cartas, mensajes y voces de aliento que nos recordaron que esta lucha no era solo legislativa, sino profundamente social.

El respaldo internacional también llegó en momentos claves. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y el Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belém do Pará (MESECVI) felicitaron públicamente a Bolivia por este paso, reconociéndolo como un hito regional. Eso nos demuestra que no estamos solas, que lo que hacemos aquí se conecta con una lucha más amplia, la de miles de mujeres y niñas en toda América Latina que aún esperan leyes y políticas que las protejan del matrimonio infantil.

Pienso mucho en las adolescentes de las zonas rurales, quienes a veces miran el horizonte con miedo, pero también con esperanza. Muchas de ellas nunca han tenido acceso a educación sexual integral, desconocen sus derechos y cargan con prejuicios impuestos. Para ellas, esta ley es una oportunidad de estudiar, de crecer, de decidir cuándo y con quién formar una familia, si así lo desean.

Hoy puedo decir con orgullo que Bolivia ha dado un paso firme. No el último, pero sí uno decisivo. Porque cuando un país protege a sus adolescentes está construyendo un futuro más justo y más humano.

Para mí, como senadora, como mujer de pollera y como hija de un pueblo que ha visto demasiado dolor, este es un logro que tiene un valor especial. Lo siento como un deber cumplido, pero también como un compromiso renovado, el de seguir trabajando para que ninguna adolescente boliviana tenga que casarse antes de tiempo, para que todas puedan soñar sin miedo y para que todas puedan decidir con libertad.

Hoy quiero decir con fuerza: las niñas bolivianas ya no le pertenecen al matrimonio. Le pertenecen a sus sueños. Y nuestro deber como Estado es asegurarnos de que esos sueños puedan cumplirse.

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