Bolivia lucha contra más de 3.000 focos de incendio y suspende las quemas controladas de tierras

Bolivia ha sido declarada en “situación de desastre” porque presenta 3.036 focos de incendio, más que ningún otro país, y la contaminación del aire en algunas zonas llega a niveles incompatibles con la vida humana. En respuesta a esta grave crisis, el Gobierno de Luis Arce suspendió por tiempo indefinido las llamadas “normas incendiarias” que permiten “quemas controladas” en las propiedades agrícolas y forestales. Declaró así “pausa ecológica”, una medida que le permite poner en suspenso temporal la legislación ordinaria que regula el manejo de la tierra y los bosques.

Los fuegos son provocados por los productores para desbrozar los campos y también para deforestar, a fin de convertir los bosques en tierra de cultivos. Son parte de una ola de incendios que golpea a la Amazonia, región compartida por varios países sudamericanos, que ha llenado de humo los cielos de Cono Sur. La situación de Bolivia es peor que la de Brasil, pese a la diferencia de tamaño entre ambas naciones. Las autoridades calculan que las llamas han quemado cuatro millones de hectáreas, el 60% de pastos y el 40% de árboles. Esta proporción es disputada por los líderes de la región de Santa Cruz, la más afectada por los incendios, que creen que existe un mayor efecto sobre los bosques.

Los esfuerzos de decenas de grupos de bomberos bolivianos voluntarios y de las Fuerzas Armadas, que han recibido la orden de detener el fuego y reforestar, está siendo respaldado por personal especializado enviado por Venezuela, Brasil, Uruguay, Perú y Francia. China prometió apoyo financiero.

La contaminación del aire en Cobija, ciudad amazónica ubicada en el noreste del país, junto a la frontera con Brasil, llegó a 589 en el Índice de Calidad del Aire, un nivel extremadamente malo para la salud. En este momento, Bolivia es uno de los diez países más contaminados del mundo, lo que no tiene relación con su nivel de industrialización. Los aeropuertos han tenido que cancelar y postergar vuelos a causa de la humareda; las clases y el trabajo son intermitentes en los lugares más afectados; los médicos alertaron sobre la proliferación de enfermedades, sobre todo entre mayores y niños.

Además de suspender las autorizaciones de quema en vigencia, el Gobierno prohibió a la Autoridad de Bosques conceder otras, que son habituales en esta época para que los productores limpien hasta 20 hectáreas de sus propiedades, en las zonas no protegidas. Estas autorizaciones están legitimadas por un conjunto de leyes y decretos aprobados por Evo Morales, en los 13 años que gobernó, con el propósito de extender la frontera agrícola. Dichas normas benefician a los poderosos sectores sojeros, cañeros y ganaderos que operan el llamado “agronegocio” y también a los “campesinos interculturales”. Esto son migrantes internos que provienen de la parte montañosa del país y que han ido ocupado algunas tierras fiscales ubicadas en Santa Cruz, que son las más fértiles del país y que tienen mayor valor por su cercanía con los mercados. Su sindicato forma parte del oficialista Movimiento al Socialismo (MAS) desde su fundación y varios de sus miembros han sido parte de los gobiernos de este partido desde 2006.

Los incendios son un medio para evitar los costos del desbroce mecanizado o manual y también para obtener más tierras agrícolas, que se ganan a los bosques. Por eso, una de las cláusulas del decreto del Gobierno suspende por cinco años la concesión de las tierras de propiedad pública que hayan quedado calcinadas por el fuego. De este modo se espera eliminar el móvil de muchas de las quemas provocadas.

Empresas agrícolas y ganaderas, así como campesinos inmigrantes “coexisten caóticamente en un espacio territorial plagado de ilegalidades”, posteó el experto de la Fundación Tierra Gonzalo Colque. “Es como el ‘lejano oeste’ americano, donde la expansión descontrolada atrae a buscadores del lucro fácil y rápido, aventureros, forajidos, migrantes de toda estirpe o incluso fugitivos de la ley que saldan cuentas en duelos a muerte”, escribió.

Cada año, los cruceños acusan de las quemas a los campesinos llegados desde el occidente del país, llamados collas, mientras que la izquierda insiste en que el mayor peso de la responsabilidad sigue recayendo sobre el agronegocio camba, es decir oriundo de Santa Cruz.

Según Colque, las imágenes satelitales muestran que algunos años ha habido más incendios en las zonas industriales y, otros, en las tierras forestales fiscales, que se puede presumir han sido responsabilidad de campesinos que buscaban más tierra. Por tanto, señala, la culpa no es alternativamente de “collas” ni de “cambas”, sino del “marco normativo agroambiental”, que “ha sido desde su origen demasiado permisivo, ambiguo y, sobre todo, maleable al calor de los intereses económicos y políticos”, y que permite que los diferentes actores económicos influyan en las autoridades y traten de aprovecharse de los recursos naturales sin reparar en la destrucción del medio ambiente.

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