Los indígenas brasileños empiezan a perder la paciencia con Lula por la lentitud en la demarcación de tierras

El día que tomó posesión como presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva subió la rampa del Palacio del Planalto acompañado de varios representantes de la sociedad civil. Entre ellos estaba el venerable cacique Raoni Metuktire, como símbolo del compromiso renovado con los pueblos originarios tras los años de desidia de Jair Bolsonaro. Había muchas expectativas, pero desde aquella ceremonia del 1 de enero de 2023, los indígenas brasileños han ido acumulando bastantes decepciones.

Históricamente, su principal reivindicación es la demarcación de las tierras que ocupaban antes de la invasión de los portugueses en 1500. Es un laborioso proceso burocrático y judicial, repleto de tensiones con propietarios rurales, para que el Estado reconozca a una determinada etnia como detentora de su territorio histórico. En la actualidad, esas reservas ocupan alrededor del 14% del territorio de Brasil, y suelen ser grandes bastiones de biodiversidad, donde la naturaleza está más protegida. La Constitución brasileña de 1988 dio un plazo de cinco años para que todos los pueblos indígenas de Brasil tuvieran sus tierras debidamente reconocidas, pero aún hoy, 36 años después, hay decenas de procesos parados en los despachos de Brasilia.

El año pasado, durante el llamado Campamento Tierra Libre, que cada mes de abril reúne a miles de indígenas en Brasilia, Lula fue el invitado de honor y se esperaba que anunciara la demarcación de 14 tierras a las que sólo les faltaba la firma presidencial. Al final, sólo anunció seis. Fue un jarro de agua fría. En abril de este año, en el mismo evento, los indígenas ya no invitaron al presidente, que optó por un acto paralelo en el que también anunció menos demarcaciones de las esperadas, dos de cuatro. Muchos líderes ni siquiera acudieron.

La tensión y el sentimiento de abandono ha ido a más esta semana. En el Congreso brasileño hay mayoría conservadora (está más escorado a la derecha incluso que en los años de Bolsonaro), y en el Senado empezó a tramitarse una propuesta para aprobar el llamado ‘marco temporal’, la peor pesadilla para los indígenas: si sale adelante impediría que reivindiquen como propias tierras que no estuvieran ocupando en 1988, cuando se promulgó la Constitución.

El lobby ruralista defiende que es la manera para llevar paz al campo y seguridad jurídica. Las poblaciones nativas alegan que es injusto porque en muchos casos fueron desplazadas de sus territorios originales, sobre todo durante la dictadura militar (1964-1985). El Tribunal Supremo ya determinó que la idea del ‘marco temporal’ es inconstitucional, pero los parlamentarios contraatacaron proponiendo modificar la Constitución para que encaje.

El movimiento indígena cree que, pese a que Lula no tiene mayoría en el Congreso, podría implicarse más para que su base aliada lograse archivar la propuesta, según cuenta por teléfono Dinamam Tuxá, el coordinador ejecutivo de la Articulación de los Pueblos Indígenas de Brasil (APIB), la entidad que reúne a todas las organizaciones regionales. “Echamos en falta una mayor participación de la bancada oficialista para intentar archivar esta discusión (…) No basta que el Gobierno se posicione en contra, tiene que movilizarse, demostrar una actitud”, lamenta. En la sesión del miércoles, los senadores del Partido de los Trabajadores (PT) optaron por una estrategia menos combativa y lograron aplazar la discusión a octubre.

El movimiento indígena cree que la estrategia del Gobierno prefiere no confrontar a la oposición en temas considerados “secundarios”, como la agenda indígena, para no desgastarse y perder votaciones más prioritarias en el área económica, por ejemplo. Como telón de fondo también están los malabarismos de Lula para no incomodar más de la cuenta al poderoso sector agrícola y ganadero, un pilar fundamental de la economía mayoritariamente conservador y con un potente lobby en el Parlamento.

En una reciente visita al estado de Mato Grosso do Sul, uno de los graneros del país, sobre todo por la producción de soja, el presidente propuso una solución para el largo conflicto de los indígenas guaraní-kaiowá, que malviven en las cunetas de las carreteras por falta de tierras propias. Propuso al gobernador del Estado ayudarle a comprar unos terrenos y reasentarlos allí. Las entidades indígenas locales pusieron el grito en el cielo: “Jamás aceptaremos la compra de tierras y ninguna alternativa a la demarcación de nuestras tierras tradicionales. Esas propuestas nos ofenden y nos hacen daño”, publicó en un duro comunicado la organización Aty Guasu. Para Tuxá, la idea de Lula fue un traspiés, aunque simboliza algo que teme que se vuelva realidad: que las demarcaciones de tierras salgan de la esfera de lo puramente técnico-administrativo y pasen a dirimirse en función del cálculo político.

El lunes, la APIB realizó una asamblea para decidir si sigue apoyando formalmente a Lula. Aunque su coordinador admite que hay división interna y “mucha frustración”, de momento extenderán un poco más el voto de confianza. Los índices de deforestación en la Amazonía están cayendo considerablemente y no hay color en la comparación con la gestión Bolsonaro. Una de las primeras medidas de Lula al llegar al Gobierno fue poner en marcha una amplia movilización para expulsar a miles de garimpeiros de la tierra indígena Yanomami, en la frontera con Venezuela, donde se vivía una auténtica crisis humanitaria. Aplauden que el presidente tuviera el gesto de crear el primer Ministerio de Pueblos Indígenas en la historia de Brasil, y que pusiera a la activista Sônia Guajajara al frente, pero al mismo tiempo lamentan su aislamiento y escaso presupuesto. “Lo que falta es apoyo, tenemos un ministerio aislado y sin fuerza política”, lamenta Tuxá, que avisa que habrá más movilizaciones en los próximos meses.

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