El Gobierno de Lula sufre una derrota dolorosa en el Congreso

El Gobierno de Brasil sufrió, este martes por la noche, una serie de dolorosas derrotas en el Congreso frente a la oposición bolsonarista que en esta ocasión contó con la inestimable colaboración de parlamentarios de partidos de la coalición gobernante. La batería de votaciones, que abarcó un amplio abanico de temas, concluyó con varias decisiones contrarias a los planes de Luiz Inácio Lula da Silva y su equipo: la diseminación de noticias falsas no será delito, se abre la puerta a que el presidente pueda ser procesado judicialmente si se usa dinero público para educar sobre la orientación sexual y no se van a restablecer los permisos carcelarios en ocasiones como la Navidad.

La derrota se produce en un momento en el que la popularidad del Gobierno se resiente aunque la economía marcha mejor de lo pronosticado al inicio del mandato de Lula, hace casi año y medio. “Hace tiempo que un Gobierno (cualquier gobierno) no sufre tantas goleadas en el Congreso”, tuiteó después de la sesión el analista Thomas Traumann, que apuntaba a una de las claves de lo ocurrido. “La posición del Gobierno contó con el apoyo de menos de 140 diputados frente a los más de 300 de la oposición”. Y eso significa que diputados de partidos que ostentan ministerios en el Ejecutivo de coalición votaron junto a la oposición bolsonarista. No es la primera vez. Es una estrategia que han usado en otras ocasiones para subir el precio del apoyo parlamentario a las iniciativas gubernamentales.

El líder de la bancada del Partido de los Trabajadores (PT), José Guimarães, admitió que quizá el presidente deba emprender algunos cambios en su Gabinete y alertó sobre el riesgo de acomodarse. “Si estuviera todo bien, el presidente tendría una aceptación del 80%”, dijo, según Folha de S.Paulo ya antes de la sesión. Y explicó que muchos de los programas sociales que Lula ha retomado, después de que su antecesor, Jair Bolsonaro, los debilitara o anulara, ya son percibidos “como políticas de Estado y no como nuevas conquistas”.

Aunque Lula ha intentado suavizar las reticencias con mayores inyecciones de dinero a proyectos que cada parlamentario puede designar (algo previsto en la ley) y más inversiones públicas, sobre todo en programas sociales. El presidente aparcó hace unos meses su promesa de cerrar el año con un déficit cero para poder ampliar los programas destinados a los más necesitados y los incentivos económicos.

El Gobierno está ahora mismo completamente volcado en paliar los efectos de la catástrofe climática causada por el temporal de lluvias y las inundaciones ocurridas hace un mes en Río Grande do Sul. El Gobierno anunció días atrás un paquete de más de 60.000 millones de reales (casi 12.000 millones de euros) entre ayudas y préstamos. Y este miércoles ha anunciado casi 3.000 millones de dólares más en créditos para empresas afectadas. Todavía 44 personas siguen desaparecidas, los fallecidos suman ya 169 y casi 50.000 personas permanecen aún en albergues temporales. Casi todos los municipios e industrias resultaron afectados. Y un tercio del alumnado no ha podido retomar las clases. Lula visitó la región afectada tres veces en tres semanas y Bolsonaro, que está inhabilitado para concurrir a las elecciones hasta 2030, ha emprendido una gira para recoger donaciones para los afectados por la tragedia.

Las últimas elecciones fueron las más reñidas de la historia de Brasil. Lula venció a la ultraderecha de Bolsonaro por menos de dos puntos y gracias a una amplia coalición que logró forjar con la misión de rescatar la democracia. Este tercer mandato presidencial se presentaba y está siendo bastante más cuesta arriba que los dos anteriores, a principios de siglo. Y ahora los partidos vuelven a estar en modo campaña ante las elecciones municipales previstas para el próximo octubre.

“Los resultados [de las últimas votaciones parlamentarias] no significan que Lula se haya convertido en minoría en el Congreso de la noche a la mañana. Sin embargo, revelan que la coalición bolsonarismo-centrão tiene una capacidad de movilización capaz de avergonzar al gobierno en temas que considera sensibles”, escribe este miércoles en Folha el analista Bruno Boghossian. El centrão (el gran centro, en portugués) es una constelación de formaciones que tradicionalmente ofrecen su apoyo parlamentario al mejor postor.

Anoche el Gobierno de Lula no logró aliados suficientes en el Congreso para levantar el veto impuesto por el entonces presidente Bolsonaro para que la difusión de noticias falsas en campaña electoral sea castigada con entre uno y cinco años de cárcel.

Sus señorías también decidieron mantener, contra los deseos del actual mandatario y de su Gobierno, el veto a los tradicionales permisos de los que gozan los reclusos en régimen semiabierto para salir de prisión en fechas señaladas como las Navidades y el Día de la Madre. Esto supone, además de un varapalo para el Ejecutivo, un riesgo para la seguridad pública, según han alertado algunos especialistas, que temen que genere descontento en las prisiones e incluso motines. El Gobierno recalcó, al defender su postura, que las salidas temporales para reunirse con la familia son parte esencial del proceso de reinserción social. Pero a las puertas de unos comicios locales y con la seguridad pública como la primera preocupación de los brasileños, los parlamentarios bisagra apostaron por la mano dura.

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