Ecuador nunca tendrá el consentimiento indígena para que saqueen la Amazonia

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Sé que para mucha gente mi casa podría parecer una casa pobre. No es su culpa. Pocos son los foráneos que llegan por primera vez a la selva amazónica y saben mirar. Tal vez por eso, tantos Gobiernos y tantos empresarios siempre quieren tumbar mi casa. Insisten y vuelven a insistir y hasta nos dicen que es por nuestro bien. Y no es solamente mi casa la que quieren derrumbar: es la casa de todos los pueblos indígenas de la Amazonia. Es la selva misma la que quieren tirar.

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, quiere subastar la Amazonía a empresas petroleras. En 2024, anunció su plan para llevar a cabo una nueva ronda petrolera, ofreciendo territorios indígenas en la Amazonia, algunos de los bosques más biodiversos del mundo, como bloques en renta para la explotación del petróleo. Su Gobierno dijo, además, que ya había consultado a los pueblos originarios de esas zonas y obtenido nuestro consentimiento. Pero no fue así.

En abril del 2019, cuando fui presidenta de los Waorani, demandamos al Gobierno. El Tribunal de Garantías Penales en Puyo emitió una sentencia histórica en nuestro caso: determinó que Ecuador violó los derechos del pueblo Waorani de Pastaza al realizar una supuesta consulta viciada sobre la exploración y explotación del petróleo en nuestros territorios. La sentencia invalidó esa supuesta consulta y paró la campaña de licitación petrolera en el llamado Bloque 22. También descarriló todo el esfuerzo del Gobierno en ese momento de subastar el futuro de la Amazonia. “Hoy ganó la vida,” dijimos ese día.

Pero ese día la vida solo había ganado una batalla.

Ahora estamos en medio de una crisis climática cada vez más severa. La Amazonia está acercándose a un punto de deforestación y contaminación sin retorno. El acuerdo de los representantes gubernamentales en los encuentros de la Conferencia de las Partes de las Naciones Unidas en Dubai en 2023 reconoce la necesidad de empezar la transición desde la energía de los combustibles fósiles hacia la energía renovable. La Ministra del Ambiente de Ecuador habló a favor de esa transición. Después, Ecuador, como casi todos los Gobiernos, ha seguido explotando y quemando petróleo, ha seguido deforestando, violando los derechos de la naturaleza, de los niños y las niñas, de las futuras generaciones y de los pueblos indígenas.

En Ecuador, los economistas del petróleo nos prometieron salud, educación y ese engaño que siempre llaman desarrollo. Pero a la Amazonia, ya después de más de sesenta años, el petróleo solo nos ha traído deforestación, contaminación, enfermedades, muerte y miseria. Las provincias con más actividad petrolera son las provincias más pobres del país. ¿Qué significa este hecho? Significa que en las provincias donde la industria petrolera despoja los bosques y los pueblos, el dinero que se queda en el país se canaliza hacia los pagos de la deuda externa y de la corrupción, mientras la tasa de mortalidad infantil es la más alta del país. Por eso luchamos en el 2019 para frenar la venta de nuestros territorios a las petroleras.

Y en este contexto, el Gobierno de Ecuador vuelve a insistir en los mismos planes de sacrificar a los bosques más biodiversos e íntegros del planeta, de sacrificar los territorios ancestrales de los pueblos indígenas para sacar unos cuantos años de petróleo, la sangre de nuestros ancestros, debajo de nuestras casas.

Daniel Noboa ya anunció su intención de reiniciar las licitaciones petroleras en la Amazonia—las mismas que se basan en la supuesta y viciada “consulta” del 2012 ya invalidada. Proponen ofrecer al mercado internacional catorce bloques petroleros con más de 2.300.000 hectáreas.

El Gobierno dice que todo está listo, que ya consultaron a las comunidades que viven ahí. Pero es una mentira, y el propio sistema judicial sabe que es una mentira. Y es importante que las empresas petroleras internacionales lo sepan también: no nos consultaron, no queremos empresas extractivas en nuestros territorios, lucharemos para defender nuestros derechos.

Poco tiempo después de nuestra victoria en 2019, la Corte Constitucional del Ecuador declaró su interés de resolver el caso Waorani a fondo. La Corte dijo que evaluaría si el proceso de consulta, tal como funciona hoy, se ajusta a los derechos de los pueblos y las obligaciones del Estado. Si la Corte decide que no es así, podría establecer nuevos estándares para la consulta, que podrían otorgar a las comunidades indígenas una mayor autonomía sobre el futuro de nuestras vidas, nuestros bosques y nuestros propios territorios.

Ya no estamos en los tiempos de la colonia cuando los invasores leían El requerimiento en voz alta antes de despojarnos. Pero aun así, la Corte todavía tiene que debatir si está bien o no volar a nuestros territorios y ofrecernos botellas de Coca Cola y pan a cambio de firmas en un documento escrito en un idioma que no es el nuestro. El tribunal en Puyo ya dijo que no está bien. Nosotros llevamos más de 500 años diciéndolo. Aquí le repetimos: eso no es una consulta, es un robo.

Los estándares podrían incluir requisitos como: realizar la consulta en el idioma de las comunidades indígenas, hacerlo dentro de sus territorios y con su conocimiento previo y su participación en la organización de los encuentros según sus tradiciones, y consultar a la totalidad de la población afectada y no solo un porcentaje menor, como hizo el Estado en el 2012 cuando “consultaron” al 7% de la población en eventos promocionales sin traductores.

Si la Corte resolviera el caso Waorani a fondo este año, la nueva ronda petrolera en nuestros territorios sería invalidada por haber violado los derechos a la consulta previa, libre e informada. Al inicio de este año, la Corte llevaba más de cinco años sin pronunciar una palabra al respecto. Habíamos ido a sus oficinas repetidas veces a exigirles a los jueces que actúen. Y no habían actuado.

Parecía que la Corte Constitucional del Ecuador tenía miedo del poder de su propia voz. Como indígenas que somos, sabemos bien que les dificulta a los jueces escucharnos a nosotros. Estamos acostumbrados ya a que no nos quieran recibir en su edificio en Quito, o que nos quieran limitar en el tiempo, en la forma, o hasta en la identidad de quienes le dirigimos la palabra. Eso no nos perturba. Sabemos exigir nuestros derechos y hacernos escuchar. Pero sí nos sorprendió que la Corte Constitucional hubiera querido ignorar la sentencia histórica del tribunal de Pastaza.

Nos hemos dado cuenta que al escuchar de verdad de esa sentencia del 2019, la Corte frena en seco el esfuerzo del Gobierno de vender nuestros territorios a las empresas petroleras sin nuestro consentimiento. Y los jueces lo saben, porque no es ningún secreto, porque les hemos dicho de frente y lo volveremos a repetir las veces que sea necesario: no les vamos a dar nuestro consentimiento nunca. Nuestros bosques, nuestros territorios, son la vida misma. Y la vida no se vende, no se regatea, no se alquila, no se destruye. La misma crisis climática es la madre tierra llorando, pidiendo respeto.

¿Qué es, entonces, lo que les da tanto miedo? ¿Por qué no resuelven a fondo nuestro caso? ¿Qué temen los jueces en Quito? Son preguntas retóricas. Siempre el miedo es el mismo: es el espanto ante el imaginario citadino del indio bravo de la selva con su lanza y su mirada, es el temor al tener que verle a los ojos al indio que lo mira firmemente, los ojos donde se refleja la injusticia con que ha sido discriminado, ignorado y despojado, y es el temor al tener que enfrentarse con la mirada del indígena sin miedo que lucha hasta el final por la vida.

Con esas preguntas retóricas en la boca despedimos 2024. Nos alegra recibir 2025 con la noticia que la Corte Constitucional por fin avocó el caso, comprometiéndose a emitir una sentencia que crearía jurisprudencia sobre las consultas previas en territorios indígenas.

La Corte ha mostrado su seriedad al comprometerse, después de cinco años de silencio, a emitir una sentencia en el caso de la Resistencia Waorani. Ahora lo esencial es presionar a la Corte a que escuche en audiencia a la gente y no se vaya a pronunciar sólo sobre lo escrito. También es urgente que esa escucha se haga de manera respetuosa y con los tiempos suficientes para que se pueda generar un diálogo intercultural y no solo un trámite ordinario.

La Corte Constitucional todavía puede hacer lo justo. Nosotros no pedimos nada. Exigimos que se respete la Amazonía, la madre tierra y nuestros territorios. Y seguimos luchando y ejerciendo nuestros derechos.