Los fiscales que han rescatado a decenas de miles de personas del trabajo esclavo en Brasil

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Su cuerpo colapsó bajo el tronco y el estruendo presagió la desdicha. Francisco Araújo Maciel pensó que se estaba muriendo. No lo vio venir ni recuerda exactamente cómo sucedió, pero en la mañana del 24 de abril, un pedazo de un árbol que estaba serrando le desgarró la clavícula al caerle encima, dando inicio a un calvario de más de siete horas que se extendió desde el corazón del bosque hasta el hospital más cercano, en el remoto sur del estado brasileño de Amazonas.

Algunos hombres que trabajaban junto a él encontraron su cuerpo desplomado en el piso, inconsciente. Retiraron el tronco de su pecho y pusieron a Araújo sobre un colchón en la parte trasera de un pequeño tractor improvisado. Sus huesos quebrados crujían mientras el grupo atravesaba la densa selva para llevarlo a un río cercano, donde lo colocarían en una lancha con destino hacia la ciudad de Manicoré. Poco antes de llegar, inspectores federales del trabajo los encontraron. “Al verlo, pensamos que tenía un pulmón perforado. Creí que no iba a resistir”, dice Magno Riga, auditor fiscal del trabajo. “No imagino cuánto sufrió. Tuvo muchísima suerte de sobrevivir”.

Los inspectores habían viajado desde Brasilia con el propósito de rescatar a 50 personas del trabajo esclavo en la selva. Araújo, de 45 años, y los otros hombres habían sido atraídos por reclutadores para laborar en lo que luego se convirtió en una de las mayores operaciones de deforestación ilegal de este año en la región, por la que se destruyeron cerca de 1.300 hectáreas de bosque amazónico entre enero y abril. Sin embargo, nada sucedió como les prometieron, y todos terminaron sometidos a condiciones análogas a la esclavitud moderna.

“Estas personas fueron puestas bajo las peores condiciones laborales por grupos criminales que se dedican a explotar las riquezas de la región, y que consecuentemente explotan a muchas personas de comunidades vulnerables”, dice Riga, que coordinó el rescate tras una denuncia de las autoridades locales. Los trabajadores, que venían de diversas ciudades de los estados norteños de Amazonas y Rondônia, estuvieron en el lugar durante casi tres meses. Dormían bajo carpas de lona, trabajaban jornadas interminables sin protección y, sin acceso a agua potable, tenían que cocinar, bañarse y beber agua enrojecida de un pequeño arroyo contaminado por el propio proceso de deforestación.

Además, se endeudaban al adquirir las motosierras para cortar los árboles, por las que les cobraban 3.000 reales (cerca de 490 euros), que les descontaban de sus salarios —sin consentimiento previo—, lo mismo que sucedía con la comida.

“Sólo sufrimos humillación. Nos trataban mal”, dice Francisco Araújo Maciel, que fue operado en un hospital de Porto Velho y ha regresado a su casa en Humaitá, donde vive con su hermana y cerca de sus hijos de 5 y 8 años. Mientras se recuperaba en el hospital, Riga lo visitó en un par de ocasiones, y hasta ahora lo apoya para que pueda recuperar su dignidad y sus derechos, una parte fundamental del trabajo que hace su equipo.

Aunque Araújo obtuvo un seguro de desempleo especial durante tres meses por haber sufrido la condición de trabajo esclavo, ahora no puede trabajar en lo único que sabe debido a la discapacidad que le provocó el accidente, y está tratando de conseguir una incapacidad por invalidez. Pero, al no haber tenido contrato laboral firmado, encuentra dificultades para recibir los beneficios estatales. “Ya no puedo trabajar. Y no sé cómo voy a rehacer mi vida, porque no tengo estudios. Yo no sé leer, yo no sé escribir, sólo sé hacer trabajos manuales”, se lamenta.

El trabajo análogo a la esclavitud es una realidad presente en muchas regiones de Brasil. Aunque los números exactos de la esclavitud moderna son difíciles de medir, las autoridades se basan en las denuncias de malos tratos laborales: en 2023, fueron 3.422; un 61% más que en 2022 y el mayor número desde la creación de una línea telefónica específica para ello, en 2011. Según datos del Ministerio de Trabajo y Empleo del país sudamericano, en 2023 fueron rescatados 3.190 trabajadores en esta situación, el mayor número desde 2009, cuando 3.765 personas fueron rescatadas.

Brasil lucha activamente contra este problema desde los años noventa. En 1994, la Organización de Estados Americanos (OEA) presentó una petición contra Brasil por violación de derechos humanos en el caso de José Pereira, un trabajador que fue herido con disparos tras intentar huir de una hacienda en el Estado de Pará, donde a él y un compañero —que fue asesinado— les tenían como esclavos. Como respuesta, un año después, el país sudamericano creó el Grupo Especial de Fiscalización Móvil de Trabajo (GEFM), del Ministerio del Trabajo y Empleo, y en 2003 creó la Comisión Nacional de Erradicación del Trabajo Esclavo, la llamada “Lista Sucia” de empresas e individuos que son condenados por prácticas de trabajo esclavo, y alteró el código penal para endurecer las condenas por este tipo de crimen.

Magno Riga, que trabaja con derechos laborales hace 12 años, es uno de los funcionarios que coordina el GEFM. Este equipo trabaja en todo el país en operaciones de campo, interviniendo lugares donde hay sospechas de violaciones al código penal por trabajo esclavo. El grupo ha tenido que enfrentar amenazas de muerte, agresiones directas y hasta restricciones de movimiento, pero eso no les detiene. La organización ha rescatado a más de 60.000 personas en las últimas tres décadas. Sus casos van del trabajo esclavo doméstico en el sur de Brasil y malos tratos en plantaciones de soya en Goiás, hasta la explotación de personas en minas de oro en la Amazonia y la trata de migrantes vulnerables de países como Bolivia en fábricas de ropa irregulares de São Paulo.

Uno de los enfoques recientes del GEFM es expandir su presencia en la Amazonia occidental, donde las denuncias de trabajo esclavo son escasas. Este problema se profundiza en los lugares donde el estado brasileño tiene más dificultades para llegar. Allí es difícil inspeccionar y castigar judicialmente a los dueños de sitios de minería y deforestación ilegales, que además de lucrar con el tráfico de madera y minerales tienden a vender de forma ilegal las tierras deforestadas para la ganadería.

“Muchos de estos criminales actúan de forma indirecta a través de diversos intermediarios. Eso dificulta la penalización de los principales infractores, aún más en regiones de difícil acceso”, comenta el comisario Adriano Sombra, jefe de un equipo especial de la Policía Federal brasileña que combate crímenes contra el medio ambiente en el Estado de Amazonas. “La única alternativa para proteger a estas comunidades es frenar por completo las actividades ilícitas. Pero el territorio es muy grande, y este sigue siendo un desafío”.

La vida de muchos de los trabajadores como Araújo está profundamente marcada por la historia de la explotación de la selva amazónica. En la primera mitad del siglo pasado, el gobierno brasileño fomentó la migración de la población a la Amazonia profunda con la intención de desarrollar la región — que ya estaba habitada por comunidades indígenas — mediante la explotación de sus riquezas.

Grandes autopistas como la Transamazónica se crearon destruyendo parte de la selva para conectar la región con el resto de Brasil. La minería, la ganadería y la explotación forestal fueron las raíces económicas de muchas de las nuevas ciudades. Construidas sin mucha planificación, algunas de estas ciudades condenaron a sus habitantes a la pobreza. La deforestación ahuyentó a los animales y redujo la producción de frutas como el açaí, mientras que la minería ilegal contaminaba las aguas y mataba a los peces. Por eso, la mayoría de trabajos disponibles en estas tierras son los mismos que las destruyen. “Yo tenía que trabajar para mantenerme, comprar alimentos, cosas para la casa. Por eso trabajé en lo ilegal”, dice Araújo que advierte que la naturaleza pasa factura. “Si la destruyes, tarde o temprano ella te cobra por lo que sufrió”.

En muchos sitios de deforestación, como en el que intervino el equipo coordinado por Riga a finales de abril, se están utilizando incluso antenas satelitales de compañías como Starlink del billonario Elon Musk para solicitar refuerzos de forma rápida y avisar sobre operaciones de fiscalización, retrasando los esfuerzos de las autoridades. En operaciones en el sur del estado de Amazonas, es cada vez más común que los cabecillas de las operaciones desaparezcan antes de la llegada de los inspectores.

Pero Riga cree que el valor de su trabajo está en las vidas que cambia. El verdadero reto es provocar un cambio significativo que saque a esas personas de la vulnerabilidad que las lleva a la esclavitud. “Brasil tal vez sea el país más desigual. Esta es una construcción de siglos basada sobretodo en la esclavitud que formó al país, a su población”, dice él. “Mientras seamos un país de esclavizados y esclavizadores, será necesario que busquemos cambiar esta realidad”.