Los refugiados climáticos de Panamá aún no tienen escuela

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Los alumnos de octavo A y octavo C esperan en fila a embarcar en unas pequeñas lanchas a motor con los apuntes de inglés en la mano. En los 20 minutos que tardan desde la isla de Cartí Sugdub hasta la tierra firme aún les da tiempo de repasar algo para el examen. Antes de subir a la barca, Blanca, de 13 años, se lleva una mano a la cabeza y sale corriendo. “Se me olvidó la mochila en la casa”, grita mientras corre entre los callejones de esta isla superpoblada del caribe panameño en riesgo de desaparecer por el cambio climático. “O vienes rápido, o la lancha se va sin ti”, amenaza su profesora.

En el bote, los compañeros la esperan con las mochilas en las rodillas y los nervios en el rostro, no solo por la prueba de inglés. Esta mañana de principios de junio es el simulacro de la nueva escuela en el continente, a donde los mudaron por el riesgo de inundación. Esta es la sede que pensaban empezar a usar pronto, pero ninguno pensó que no volverían a pisarla en los siguientes tres meses. Las instalaciones se mantienen cerradas aún, irónicamente, por falta de agua.

Si bien hace más de 10 años que Panamá se preparaba para convertirse en el primer país latinoamericano en reubicar a toda una comarca como consecuencia del calentamiento global, la educación de unos 600 menores quedó en un segundo plano. Las aulas en la isla están deterioradas y tampoco son inocuas a las inundaciones, la humedad o las brisas. “Es muy común que se nos mojen las sillas y que haya filtraciones de agua”, explica la profesora Bernadeth Navarro, docente de educación especial. “Tenemos muchas ganas de mudarnos a la otra escuela. Es urgente, pero una escuela así de grande no se puede abrir sin agua”.

En este colegio, financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), están contempladas 120 habitaciones para alumnos de otras islas del archipiélago que no puedan estar yendo y viniendo a diario. “Voy y vuelvo para llevar a mi niña. Y cruzar es un reto por la marea. Muchas veces llegamos mojados. También tenemos que madrugar más… No es fácil”, dice la maestra. El miedo de los docentes es que la deserción escolar aumente ante estas dificultades. En 2022, más de 100.000 niños y jóvenes panameños habían dejado la escuela antes de tiempo. Estos menores se concentraban en la capital y las zonas donde predomina la población indígena. Las dificultades para trasladarse tienen mucho que ver con las cifras de las comunidades originarias.

El simulacro de los alumnos de octavo coincidió con un día agridulce para los vecinos de la isla. Ese mismo 3 de junio, los habitantes de Cartí Sugdup fueron reubicados en un barrio creado exclusivamente para ellos en tierra firme y dejaban atrás la vida que conocían. El aumento del nivel del mar a causa del calentamiento global está haciendo inhabitables muchas de las islas del paradisíaco archipiélago de Guna Yala. Así, el Gobierno de Laurentino Cortizo materializó un proyecto que llevaba en conversación desde los anteriores dos mandatos: reubicar al menos a 63 de las 365 islas panameñas. De acuerdo a los estudios liderados por Ligia Castro de Doens, directora de Cambio Climático del Ministerio de Ambiente de Panamá, ninguna de ellas será habitable para 2050. La de Blanca fue la primera en mudarse.

Además de la reubicación de las viviendas, el Gobierno se comprometió a crear una escuela multilingüe y multiétnica a poco más de un kilómetro de Isber Yala, el barrio donde ya se ha mudado gran parte de las 300 familias de Cartí. La mayoría, cuentan algunos vecinos, van y vuelven a la isla, pero duermen en el continente.

El cambio de Gobierno de julio pasado, con la asunción de José Raúl Mulino, dejó expectante a la comunidad educativa. Por eso, una decena de madres le imploraban en una visita a la isla a la antigua ministra de educación, Maruja Villalobos, que “pase el mensaje” a quien siguiera. “No se olviden de nuestros niños”, pedía una madre agarrando del brazo de la exministra. “En este Gobierno hemos querido tomarnos esto en serio”, dice Gregorio Green, director nacional de Educación Intercultural Bilingüe. “Esperamos inaugurar a finales de agosto. Tal vez en septiembre ya puedan ir a clases a la escuela modelo con un curriculum multiétnico”, explica. Algunos isleños como Atilio Martínez, historiador guna y líder comunitario, son menos optimistas y creen que hasta el próximo año no habrá clases allá.

Con menos de un mes en el cargo, Green cuenta por teléfono que están llevando a cabo un plan piloto para llevar material en guna, bri bri o bunglé, entre otros, a las zonas rurales donde están radicadas las ocho comunidades indígenas del país. Aunque en la ciudad no se tendrá en cuenta esta agenda plural. “Cuando llevemos los textos y hagamos las formaciones a los profesores, sé que para muchos no será novedad, porque ya lo hacían. Pero ahora queremos darles seguimiento. Y hacerlo bien”, narra. Este plan cuenta con un presupuesto de 65.000 dólares y está enfocado en que la ley 88 no quede solo en el papel.

Esta normativa, aprobada en 2010, reconoce la diversidad cultural como un valor histórico y patrimonio de la humanidad e insta a que las instituciones educativas diseñen planes que contemplen la lengua materna y espiritualidad de los pueblos indígenas de Panamá. “Para nosotros es mejor no perder nuestras tradiciones”, explica la maestra. “No podemos decirle a los niños que vienen de otros lados, tenemos que amar lo que los ancestros nos dejaron. Además, contamos con algo que en la capital no hay y es la forma en la que amamos la naturaleza. Eso lo tenemos que enseñar también en las escuelas”.