Nina Gualinga levanta la voz contra violencia de género que sufren las mujeres indígenas

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Nina Gualinga nació hace 30 años en el corazón de la selva amazónica y creció en la comunidad kichwa de Sarayaku, hogar de los jaguares y el sol de mediodía, y ubicada a orillas del río Bobonaza, en la provincia ecuatoriana de Pastaza. Creció inmersa en la naturaleza, explorando los ríos y compartiendo guayusa junto a sus abuelos. Su nombre significa “fuego” en kichwa.

La cosmovisión de su comunidad, basada en el Kawsak Sacha, considera la selva como un ser vivo con derechos propios. Por eso promueven su protección y respeto como un organismo integral, un principio clave en la histórica victoria de Sarayaku en la Corte Interamericana de Derechos Humanos en 2012, que dio la razón a la comunidad frente al Gobierno ecuatoriano por la explotación petrolera, lo que marcó un hito en la lucha indígena contra el extractivismo en Ecuador.

La herencia de resistencia marcó profundamente a Nina Gualinga, quien, como primogénita de una madre indígena y un padre sueco-finlandés, encontró en esta dualidad cultural la fuerza para habitar diferentes mundos y perpetuar la lucha de sus ancestros. Ampliamente reconocida como activista, ella rechaza ese título porque considera su compromiso una convicción innata. “Sarayaku es mi hogar, mi santuario. La Amazonia custodia las historias de nuestros ancestros y asegura el futuro de nuestros hijos”, señala.

Más allá de su reconocimiento global como defensora de la selva, Nina enfrenta una lucha más íntima que durante mucho tiempo guardó en silencio: la que libró contra los malos tratos infligidos por su expareja y el padre de su hijo. Hasta que, hace cuatro años, con valentía, decidió romper este silencio y reveló un problema profundo que demanda justicia y transformación: la violencia de género hacia las mujeres indígenas.

Su batalla personal

Desde su adolescencia, Nina conoció a su expareja, un hombre mestizo con influencia económica y política a nivel local. “Yo tenía 13 años y él, 19. Hoy me doy cuenta que allí había una relación de poder”, relata. Durante más de una década que duró el cortejo y la relación, Nina vivió violencia física y psicológica, que afectó no solo su salud física y mental, sino también a sus relaciones familiares. “Lo único que no pudo quitarme fue el amor por la selva”, agrega. Los malos tratos de su expareja llegaron a causarle una fractura en la espalda baja.

El proceso para separarse fue difícil. “Me tomó mucho tiempo salir de esa relación. He sido una persona que no tiene miedo a hablar contra los abusos, pero mi propia historia fue la más difícil”, confiesa Nina. En 2015, se separó e inició un difícil periplo judicial. Su primera denuncia formal fue en la Unidad Judicial de Violencia contra la Mujer y la Familia de la Judicatura de Pastaza. A pesar de recibir una boleta de auxilio —un recurso legal que busca impedir que el agresor se acerque a la denunciante—, el caso fue archivado sin mayores avances. Y acabó volviendo con su expareja entre promesas de cambio por su parte.

Nina presentó una nueva denuncia en 2020, acompañada de grabaciones y mensajes de texto como evidencia, y de nuevo se encontró con un proceso estancado. Pese a que se había vuelto a separar de él, seguía siendo víctima de acoso, amenazas y control constante. Pero no se daba por vencida. Optó también por una denuncia pública, compartiendo imágenes de sus lesiones en redes sociales, algo con lo que esperaba generar presión para obtener resultados. Sin embargo, sus esfuerzos parecían en vano y sus denuncias no avanzaron hasta 2022.

El pasado 23 de febrero, después de casi una década desde su primera denuncia, y cuatro años después de llevar su caso al dominio público, un juez de Pastaza resolvió llamar a juicio al acusado. Con esto, el proceso pasó al tribunal de garantías penales que debe poner una fecha de audiencia de juicio.

Esta victoria parcial no ha estado exenta de desafíos. Junto con su abogada Tamara Vaca, Nina ha denunciado un sinnúmero de irregularidades en el proceso judicial, la negligencia del sistema de justicia ecuatoriano y la falta de fiscales capacitados en casos de género. “Estos procedimientos constituyen una violación de varios principios para el debido proceso; y esta violencia institucional es otra forma de revictimización”, añade la abogada.

“No puedo imaginar lo que otras mujeres indígenas pasan”

La experiencia de Nina refleja una realidad más amplia. Las mujeres indígenas enfrentan distintas formas de violencia, agravadas por el acceso limitado a recursos legales y protección. “Si yo, que soy una figura pública, recibo este trato, no puedo imaginar lo que otras mujeres indígenas pasan”, expresa Nina.

Mishelle Calle, abogada especializada en derechos indígenas, destaca que las mujeres en comunidades indígenas y defensoras del medio ambiente enfrentan dos formas de violencia: la que llega con el extractivismo de las compañías, que incluye violaciones, desapariciones y asesinatos, y la violencia comunitaria perpetrada por miembros de su propia comunidad. Esta situación deja a las mujeres en una situación de vulnerabilidad al carecer de recursos para denunciar.

El problema subyacente radica en las persistentes brechas de género en Ecuador. Según un informe de ONU Mujeres, la tasa de pobreza multidimensional entre mujeres indígenas alcanza el 78,1%, más del doble del promedio nacional. Además, el Banco Mundial informa que 6 de cada 10 mujeres en Ecuador han sufrido algún tipo de violencia, con 321 feminicidios registrados en 2023. Las mujeres indígenas y afroecuatorianas son las más afectadas, con aproximadamente 7 de cada 10 mujeres que han experimentado violencia.

Calle destaca la invisibilidad de los casos de violencia en comunidades indígenas debido al limitado acceso al sistema de justicia. Nemo Guiquita, líder amazónica, subraya que en la región persiste el machismo y aún existen casos impunes. Además, menciona desapariciones y violaciones en las comunidades indígenas, y los feminicidios a las mujeres indígenas rara vez se documentan. Entre el 1 de enero de 2014 y el 31 de octubre de 2023, se reportaron 114 feminicidios en la región amazónica, según la Alianza para el Mapeo de los Femicidios en Ecuador, una realidad alarmante que permanece en la sombra.

Sanar a las mujeres para sanar la tierra

Para denunciar la violencia y negligencia del sistema judicial, Nina recibió el apoyo del círculo de sororidad de las Mujeres Amazónicas, Defensoras de la Selva, un colectivo que se describe como “un tejido de mujeres unidas en defensa del territorio, la cultura y una vida libre de violencia”. Comprometidas en la lucha contra la violencia derivada del extractivismo, la desigualdad social y la violencia de género, se organizaron en 2013 para protestar contra los planes del Gobierno de expandir las concesiones petroleras en tierras protegidas.

Desde entonces, han establecido un mandato femenino para proteger a las defensoras y, en 2022, inauguraron la Casa de Mujeres Amazónicas, un refugio lleno de luz y arte, que brinda apoyo a mujeres y niñas indígenas en situación de violencia. Este espacio no solo ofrece alojamiento y asistencia legal, sino también terapia grupal, talleres de empoderamiento y apoyo. Para ellas, la violencia está conectada al colonialismo, la desigualdad de género y la violencia extractiva. Aquí, las mujeres pueden recuperarse y reimaginar la resistencia.

“Estamos cansadas de ver a nuestras hermanas desprotegidas y revictimizadas por el sistema judicial y la sociedad civil”, afirma Yanua Vargas, miembro del colectivo. “Aquí nos acompañamos, nos sostenemos. Sanando a las mujeres, sanamos la Tierra”, agrega.

Aunque el proceso legal de Nina sigue en curso, para ella y sus compañeras, se trata de un hito significativo en su lucha por un futuro en el que las mujeres indígenas gocen de protección y reconocimiento plenos, especialmente para las que están en la primera línea de defensa de la Amazonia. Como destaca Nina: “Detrás de cada mujer fuerte, existe una historia marcada por la adversidad”.