El pueblo Kichwa, Sarayaku y el Estado ecuatoriano

Los mapas ilustran nuestras apreciaciones del mundo, las comunidades que habitamos y los territorios sobre los que nos desplazamos. Asimismo, a través de distorsiones y omisiones, los mapas también tienen la capacidad de influenciar las percepciones de nuestro entorno, formando ideas que llegan a justificar actuaciones ilícitas, discriminatorias y violatorias de los derechos humanos.

Pero lo mapas también poseen una tremenda capacidad de comunicar y reivindicar la historia de una ciudad, de una comunidad o de un pueblo. En particular, los mapas digitales que se están desarrollando hoy en día, usando contenidos audiovisuales, pueden llegar a generar un mayor entendimiento en públicos que no siempre están familiarizados con otras realidades, sobre las valoraciones que los pueblos indígenas de la región tienen sobre sus tierras ancestrales.

Con esto en mente, el pasado viernes 2 de diciembre, se realizó una audiencia pública de supervisión de cumplimiento ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos ¾el más alto Tribunal de derechos humanos de las Américas¾, para examinar tres puntos de la sentencia que fue dictada en contra del Estado del Ecuador en el 2012, por violar los derechos del Pueblo Originario Kichwa de Sarayaku.

Dichas violaciones se remontan a 1996, cuando el Gobierno ecuatoriano concesionó tierras del pueblo Sarayaku para la explotación petrolera a la Compañía General de Combustibles (CGC), sin realizar una consulta previa, libre e informada, de los 1.200 habitantes de Sarayaku. Luego, entre el 2002 y el 2004, cerca de 1,4 toneladas de explosivos ¾conocidos como pentolita—, fueron enterrados en la selva como parte de los trabajos de exploración. Con ellos, la empresa abrió caminos, deforestó terrenos y destruyó árboles y plantas, de valor sagrado y cultural para la comunidad. Al agotar la justicia interna, el caso se presentó ante el Tribunal Interamericano en el 2011. El fallo fue emitido al año siguiente.

En el 2016, los líderes de Sarayaku y sus representantes, se presentaron ante la Corte Interamericana para proveer mayor información sobre los avances en materia de la sentencia. La misma, en primer lugar, obligó al Ecuador a que retirara los explosivos. En segundo lugar, dictó que el Estado tendría que consultar al pueblo Sarayaku ante cualquier actividad de extracción de recursos naturales que pudiera tener algún impacto sobre su territorio. En tercer lugar, ordenó que el Ecuador adoptara o modificara medidas legislativas, y de cualquier otra índole, con el fin de asegurar la consulta previa de los pueblos indígenas.

Pero hasta la fecha, el Estado aún no ha retirado ni neutralizado los explosivos abandonados hace 14 años en el territorio, ubicado en la amazonía ecuatoriana. Estos explosivos representan un peligro para el pueblo Sarayaku e impiden el uso de una parte significativa de su territorio. Asimismo, el Estado no ha ajustado su legislación interna al derecho internacional. Esto resultó en que el Ecuador convocara una nueva ronda de licitaciones petroleras, la undécima, que terminó con la asignación y concesión de tres bloques que afectarán al 91,18% del territorio Sarayaku. Dichas licitaciones se realizaron sin una consulta previa.

Gracias a la utilización de mapas disponibles aquí—, la Corte IDH pudo ver con claridad el impacto provocado por la actitud pasiva del Estado a la hora de retirar la pentolita, como la sentencia así indica, y las nuevas concesiones que afectarán a Sarayaku.

Este proyecto presenta, de forma interactiva, una información más amplia de cómo el pueblo valora el territorio y las vulneraciones que enfrenta Sarayaku. Su creación parte desde el convencimiento de que no se puede entender al pueblo Sarayaku sin hablar sobre la íntima vinculación que tienen con el Kawsak Sacha o Selva Viviente.

De la misma manera, vinculaciones similares permean los entendimientos de otros pueblos indígenas con sus territorios, que deberían ser atendidos y narrados públicamente, ya que muchos de estos lazos se ven amenazados.

Desde Standing Rock, North Dakota a Las Bambas, Perú, estamos atravesando un contexto regional en el cual las industrias mineras, madereras y petroleras, a través del continente, están profundizando su impacto, dentro de territorios pertenecientes a pueblos indígenas, de forma acelerada, inconsulta y, a veces, violenta. En el mismo Ecuador, recientemente se inició un proceso de perforación en la zona Yasuní-ITT, a pesar de la existencia de dos comunidades que viven en aislamiento voluntario y de las promesas reiteradas por parte del Estado de que no realizaría ninguna actividad extractiva en la zona.

En este sentido, las herramientas de mapeo tienen la capacidad de fortalecer la auto-determinación y las luchas de los pueblos indígenas. Funcionan como reivindicación pública de la persistencia, presencia y derecho de los pueblos indígenas a sus territorios ante instancias nacionales e internacionales, y el público general. Enfatizan, sobre todo, los reclamos al derecho de ser consultados, de cara a proyectos que puedan repercutir negativamente sobre el desarrollo social, cultural y económico de una comunidad.

Como dijo el autor Tony Horwitz: “Si está sobre el mapa, es, y yo soy”.

El Pueblo de Sarayaku es, y exige respeto.

Alex McAnarney es Oficial de Comunicación de CEJIL