Ambientalistas temen la extranjerización de tierras y la venta de recursos naturales en Argentina

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Acuíferos, espejos de agua, humedales, montañas y otros ecosistemas argentinos que cumplen un rol esencial para el desarrollo de la vida podrían ser rematados como si se tratara de una liquidación de fin de temporada. Así lo autorizó un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) del presidente Javier Milei firmado en diciembre pasado que derogó la ley de Tierras sancionada en 2011, que establecía límites al territorio que puede estar en manos extranjeras. Dos meses después, ambientalistas temen un proceso de extranjerización y entrega de soberanía en zonas con presencia de agua dulce, litio y otros minerales.

La ley de Tierras fue aprobada por el Congreso con amplia mayoría en 2011. Impulsada por el Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, contó con respaldo de toda la oposición. La legislación buscaba garantizar la protección del dominio nacional de las tierras rurales para preservar recursos no renovables. Con ese objetivo, determinó que no podría haber más de un 15% de las tierras en manos de extranjeros, ya sea personas físicas o jurídicas. De ese porcentaje, un mismo titular extranjero no podía tener más del 30%. Tampoco podían tener más de 1.000 hectáreas en la zona agrícola de mayor valor productivo. Además, debían inscribirse en un registro oficial.

El núcleo de la ley es la prohibición de venta a ciudadanos o empresas extranjeras de terrenos que se encuentren en zonas de frontera o que contengan y/o sean ribereñas de cuerpos de agua de envergadura y permanentes, como ríos, lagos, arroyos, mar, humedales, lagunas, esteros, glaciares o acuíferos. Este punto no es menor, ya que en la década de 1990, Argentina sufrió un proceso de extranjerización de tierras y recursos con la venta de grandes porciones del territorio y sus recursos naturales.

Los casos paradigmáticos son los de la familia italiana Benetton, que concentra cerca de 900.000 hectáreas en la Patagonia, en las provincias de Río Negro, Chubut, Santa Cruz y Neuquén. El mayor terrateniente de la Argentina es un grupo textil extranjero. Otro es el magnate británico Joe Lewis, que a través de la sociedad Hidden Lake acapara desde mediados de la década de 1990 alrededor de 14.000 hectáreas de Lago Escondido, Río Negro, y bloquea el acceso libre al espejo de agua, a pesar de sucesivas órdenes judiciales que le ordenaron abrir un camino público. Año tras año, organizaciones se movilizan para exigir un acceso al lago.

Extranjerización, preocupación central de ambientalistas

La abogada Florencia Gómez, exsecretaria de Política Ambiental y Recursos Naturales, aseguró a América Futura que la derogación de la ley de Tierras beneficiará “a quienes quieran hacer grandes negocios” y remarcó que el objetivo fundamental era garantizar la soberanía y el cuidado de recursos estratégicos del país. “Hoy los extranjeros podrían comprar tierras sin necesidad de pasar por el registro”, advirtió. “El mundo recorre un camino para analizar los flujos de inversiones y tener mayor transparencia y aquí se desarma uno de los pocos casos de corrimiento del velo societario, que permite indagar sobre los capitales que controlan la tierra y la responsabilidad, incluso ante desastres ambientales”, resaltó.

Para Nicolás Gallardo, abogado y militante de la agrupación Jóvenes por el Clima, la derogación de la ley busca “perder control sobre el territorio en tiempos donde se necesita más presencia del Estado, porque los intereses extranjeros buscan apropiarse de recursos para la producción”. En este sentido, cobra relevancia un debate instalado hace años en el ambientalismo: cómo debe ser la explotación de recursos naturales en un país con una crisis económica de proporciones. “No discutimos si hay que explorar reservas de litio, la pregunta es si la extracción será soberana, con valor agregado y generación de empleo o si se lo llevará Elon Musk”, plantea.

En la Justicia y en el Congreso

Al rechazo de ambientalistas, se suma la presentación de un grupo de veteranos de la guerra de Malvinas pertenecientes al Centro de Excombatientes (Cecim-La Plata) que han acudido a la Justicia para frenar la derogación bajo el argumento de que “pone en crisis principios de integridad territorial y la soberanía nacional”. Aunque en una primera instancia el juez Ernesto Kreplak hizo lugar al amparo, días más tarde otro magistrado, Gustavo Recondo, anuló ese fallo y dejó firme este tramo de reformas. Ahora debe resolver la cuestión una segunda instancia judicial.

El presidente del Cecim-La Plata, Hugo Roberts, ha afirmado a América Futura que “es una locura que cualquier corporación extranjera pueda comprar la porción de tierra que se le ocurra sin importar el lugar, todo en pos del libre mercado. La ley fue aprobada por una mayoría abrumadora, cualquier modificación debe pasar por el Congreso”, dijo.

En este contexto, el Congreso argentino dio la semana pasada un paso clave para comenzar a discutir el mega DNU de Milei. El decreto publicado en diciembre se debate en bloque, no se pueden incluir modificaciones ni eliminar artículos, y, para que sea anulado, lo deben rechazar ambas cámaras del Parlamento: la ley indica que en caso de que una de las dos lo convalide, tendrá fuerza de ley. El peronismo y otros bloques opositores confían en que el Senado se oponga por mayoría, aunque en la cámara de Diputados la discusión tiene final abierto.

Los recursos bajo la mira de los grandes capitales

Para los expertos, el proceso de extranjerización que podría atravesar la Argentina en caso de quedar firme el DNU podría ser aún más grave que el que se vivió en la década de 1990. Además, la derogación de la ley de Tierras se complementa con otras medidas impulsadas por el Gobierno que atentan contra las conquistas de derechos ambientales, como la modificación de la ley de Glaciares o los cambios en la ley de Bosques.

Los grandes capitales ya ni siquiera camuflan el interés en la región por sus recursos: América Latina concentra más del 30% de las reservas de agua dulce, pero también posee bosques y suelo cultivable. En Argentina además se encuentra la segunda mayor reserva mundial de litio, mineral clave para la transición energética. El propio Milei hizo público en diciembre un diálogo que mantuvo con Elon Musk donde el propietario de Tesla se mostró “sumamente interesado en el litio”. “Necesitan un marco jurídico que respete los derechos de propiedad”, dijo entonces el presidente.

Para Julián Monkes, licenciado en Ciencias Ambientales y docente de la Universidad de Buenos Aires, es clave entender que quienes buscan inversiones pretenden la máxima rentabilidad y “los costos ambientales nunca entran en la ecuación”. “El proceso de extranjerización de recursos implicó que habitamos una tierra rica que nunca se pudo utilizar para nuestros intereses. En los ecosistemas se produce un daño tremendo. Lo observamos con la minería, el petróleo y el agronegocio: cuando el ambiente se destruye, el capital se muda y en las comunidades crece el desempleo y los territorios quedan destruidos”, enfatiza.

La extranjerización en números

Según el Registro Nacional de Tierras Rurales, hay 14,7 millones de hectáreas de suelo argentino en manos extranjeras, lo que representa el 5,23% de las tierras del país. Aunque, según datos oficiales de 2022, en más de 30 distritos del país se superaba el límite de 15% fijado por ley. En Bariloche, en el sur del país, supera el 21%.

Se trata de terrenos que despiertan un fuerte interés por su capacidad productiva para desarrollos mineros, forestales o ganaderos, y también para actividades turísticas e inmobiliarias. A los casos de Lewis y Benetton se suman ejemplos en otras provincias argentinas, como Catamarca, donde un empresario estadounidense, Peter Lee MacBride, compró hace 20 años más de 100.000 hectáreas y hoy a través de una firma local ya posee alrededor de 360.000.

El podio de extranjerización lo encabeza Estados Unidos: hasta 2022 había cerca de 2,8 millones de hectáreas en manos de capitales estadounidenses. Detrás están Italia (más de 2 millones); España (1,8 millones); Suiza (851.000) y Chile (769.000).

Florencia Gómez insiste en que se debe dar la batalla judicial, aunque sugiere que las propias provincias impulsen leyes locales para defender sus territorios. Gallardo, por su parte, suma que el proceso de extranjerización estará acompañado por un contexto económico desalentador, aunque plantea que pueda haber resistencia de la ciudadanía por el impacto de la crisis. Monkes lo grafica con elocuencia: “La extranjerización implica la sensación de tener la riqueza entre las manos y ver cómo se nos esfuma”.