El coste disparado de la vuelta al colegio ahoga a muchas familias en Argentina

En General Pico, una ciudad mediana del centro de Argentina, policías en coche, en moto y a pie rodearon días atrás un comercio al que fueron llamados por un intento de robo. Dentro estaba la acusada: una adolescente de 13 años que había querido robar una caja de rotuladores y un par de lápices. Cuando la llevaron a la comisaría y llegó su madre a buscarla, la menor le dijo que había querido ayudarla porque sabía que no tenía dinero suficiente para comprar los materiales escolares para sus tres hijas. Mientras parte de la sociedad argentina la tildaba de ladrona, otra parte señalaba la desesperación de una familia por los elevados costos que supone la vuelta al colegio en un país inmerso en una grave crisis económica, con más de la mitad de la población sumida en la pobreza, según estimaciones de la Universidad Católica Argentina.

La Defensoría del Pueblo de la provincia de Buenos Aires señala en un informe que los precios de los materiales escolares aumentaron un 502% en el último año, casi el doble que la inflación, que es del 254,2% interanual. De acuerdo a esos datos, una familia con dos hijos en edad escolar necesita 233.000 pesos (unos 200 dólares) para comprar mochila, materiales e indumentaria escolar si opta por los artículos más económicos. Es una cifra superior al sueldo mínimo, fijado para febrero en 180.000 pesos (160 dólares).

Huelga docente

Las clases deberían empezar este lunes en Buenos Aires y otras siete provincias, pero no está claro cuántas escuelas funcionarán con normalidad. Uno de los grandes sindicatos docentes de Argentina, CTERA, ha convocado a una huelga. Los demás la dejaron en suspenso hasta conocer el resultado de la negociación salarial para este 2024 con el Gobierno. Si el diálogo fracasa, el profesora parará.

El presidente argentino, Javier Milei, busca impedir nuevas medidas de fuerza con la declaración de la educación como servicio esencial, pero los sindicatos advierten de que, si cercena el derecho a la protesta, endurecerán el pulso contra las autoridades nacionales, como lo han hecho ya los trabajadores de los ferrocarriles y los de la sanidad.

Milei tiene también en contra a los gobernadores provinciales, que reclaman el envío urgente de las transferencias suspendidas, entre ellas el Fondo Nacional de Incentivo Docente (Fonid), destinado a la mejora de los sueldos docentes de escuelas públicas y concertadas. En enero, algunas provincias asumieron la suma adeudada con recursos propios, pero otras advirtieron que no pueden hacerlo y los sueldos sufrieron un recorte del 10% (al que se suma la pérdida de poder adquisitivo de un 20,6% por la inflación registrada en enero).

“A Nación le corresponde apoyar, conducir en algunos sentidos, algunas transformaciones educativas. Hay un fondo para infraestructura que está parado. Para incremento de jornada, parado. El Fonid, parado. Una gran cantidad de programas, están todos pisados, parados”, denuncia el secretario de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires, Alberto Sileoni. El Gobierno replica que “no hay plata” y cada distrito del país debe arreglárselas con los fondos que tiene.

La única medida gubernamental de alivio concedida hasta ahora para las familias con hijos en edad escolar es un bono de 70.000 pesos (64 dólares). Más de siete millones de niños tienen derecho a recibirla, pero requiere presentar un certificado escolar que algunos padres aún no han conseguido. “Me dijeron que para el certificado tienen que empezar las clases y no sé si van a empezar si no pagan a los docentes”, dice Nélida C., madre de tres hijos y dependienta a tiempo parcial de una panadería del Bajo Flores, una barriada pobre del sur de Buenos Aires. “Lo vamos a reciclar todo: útiles escolares, mochila y guardapolvo [bata blanca, obligatoria en las escuelas primarias públicas de Argentina]. La más chica usaba las zapatillas de la hermana y se rompieron así que pedí plata prestada para comprarle otras”, agrega.

En muchas familias de clase media, la compra de materiales es un problema menor al que supone afrontar el pago de escuelas privadas. Según un informe de la consultora Focus Market, los precios se han triplicado en un año y se han multiplicado por siete respecto a 2022. En promedio, las cuotas mensuales de los colegios serán de 145.000 pesos (unos 130 dólares) en marzo y se prevén aumentos mensuales o bimestrales atados a la inflación. En las escuelas bilingües, las cuotas son entre dos y cuatro veces más altas que la media.

En diciembre, Guillermo R. se decidió a cambiar a su hijo menor de la escuela privada donde se recibió su hermano a otra más económica porque sabía que no iba a poder afrontar el gasto este 2024. El año pasado ya compaginó su trabajo como diseñador en una empresa de servicios de salud con algunos trabajos como freelance, pero tampoco les alcanzaba: recortaron de 15 días a sólo una semana sus vacaciones anuales en la playa y comer fuera había quedado reservado sólo para días especiales.

Guillermo aún no sabe cómo se adaptará su hijo a la nueva escuela pero confía en que le ayude que uno de sus mejores amigos se cambió con él. “Ya no teníamos de dónde más recortar, por suerte tomamos la decisión correcta”, afirma al ver que los precios se dispararon en los últimos dos meses. Su caso no es la norma porque para la mayoría de familias el cambio de escuela es la última opción. Antes está el dejar de pagar las cuotas, o pagarlas parcialmente: la morosidad afecta hoy a una de cada cinco escuelas privadas. La crisis se siente más en las nuevas inscripciones, en caída libre. La vuelta al cole más incierta de los últimos años se ha convertido para muchas familias en una pesadilla.

Suscríbase aquí a la newsletter de EL PAÍS América y reciba todas las claves informativas de la actualidad de la región.