Los sindicatos argentinos plantan cara al ajuste de Milei con huelgas de transporte, salud y educación

Los sindicatos de Argentina han endurecido el pulso contra el Gobierno de Javier Milei. El país sudamericano amaneció el miércoles sin servicio de trenes y el jueves con turnos médicos y cirugías programadas suspendidas. El lunes, a menos que se alcance un acuerdo antes, serán los docentes quienes se ausentarán de las escuelas en el primer día de clases en más de una decena de provincias. La movilización sindical responde al duro ajuste fiscal de Milei, el más rápido de las últimas cuatro décadas de democracia argentina, y todo apunta a que crecerá porque el Gobierno no está dispuesto a ceder. “Se están evaluando las medidas pertinentes [contra los responsables del paro de ferrocarriles] para que no quede sin consecuencias”, advirtió el portavoz presidencial, Manuel Adorni.

En enero, el primer mes íntegro del nuevo Ejecutivo, el sector público argentino registró superávit financiero. Fue el primer resultado mensual sin déficit desde agosto de 2012, pero se obtuvo a costa de una reducción drástica del gasto público. La inversión en obra pública cayó más de un 80%, los subsidios al transporte, gas, luz y electricidad sufrieron un recorte del 64% y las prestaciones sociales —como jubilaciones y ayudas a la población más vulnerable—, disminuyeron un 30%.

La inflación hizo el trabajo sucio para el Gobierno: entre diciembre y enero los precios aumentaron un 46%, muy por encima de las transferencias estatales. La situación se repitió en el sector privado: los salarios de los trabajadores formales perdieron un 23% de poder de compra en los últimos dos meses.

El líder del sindicato de trenes La Fraternidad, Omar Maturano, hizo hincapié en la pérdida de poder adquisitivo para justificar la huelga de los trabajadores ferroviarios: “No reclamamos ningún aumento salarial, solo una recomposición de lo que perdimos por el aumento inflacionario, se trata de una actualización”, declaró Maturano a los medios locales. Argentina es hoy el país con la mayor inflación mundial, del 254,2% interanual.

El Gobierno salió al choque. “Siendo uno de los sectores con peor imagen en la sociedad, el sindicalismo debería bregar por los intereses reales de los trabajadores; de fraternos no tienen nada”, señaló el portavoz presidencial, Manuel Adorni, en su rueda de prensa diaria. Adorni acusó a los sindicalistas de abandonar la mesa de diálogo y de perjudicar a más de un millón de personas que viajan a diario en tren.

Las encuestas de opinión pública le dan la razón al Ejecutivo ultraliberal: los sindicatos están entre las instituciones peor valoradas de Argentina, con una imagen negativa cercana al 70%. Sin embargo, su fuerza se ha mantenido casi intacta durante los sucesivos gobiernos gracias a una gran habilidad negociadora: ofrecen paz social a cambio de más salario para sus afiliados y más dinero para sus sindicatos. La cercanía de muchos de sus líderes con el peronismo no ha sido obstáculo hasta ahora para sentarse a la mesa con presidentes de otros partidos políticos, pero la estrategia confrontativa elegida por Milei supone un cambio de rumbo. En el horizonte asoman semanas de gran conflictividad social.

Huelga en centros médicos

Este jueves, la huelga de trabajadores de la sanidad privada afectó a clínicas, laboratorios y geriátricos, aunque de forma dispar. En algunos centros médicos la atención era casi normal, mientras que en otros se cancelaron las consultas del día y solo se atendían urgencias.

“Llevaremos adelante todas las acciones gremiales necesarias para la recomposición salarial de nuestros compañeros″, había señalado en la víspera de la medida de fuerza Héctor Daer, el secretario general de la Federación de Asociaciones de Trabajadores de la Sanidad Argentina (FATSA).

El sector sanitario enfrenta otra disyuntiva: en marzo entrará en vigor la desregulación de la sanidad privada y del sistema de atención médica que depende de los sindicatos y que supone una de sus grandes fuentes de financiación. Milei busca debilitar a los sindicatos argentinos, de los más combativos de América Latina, pero estos advierten que mostrarán su fuerza en las calles.

Daer es además uno de los dirigentes de la mayor central obrera de Argentina, la Confederación General del Trabajo, y uno de los responsables de la huelga general convocada contra Milei a solo 45 días de su asunción. “El Gobierno Nacional se jacta de tener superávit en enero por no mandar comida a los comedores y bajar sueldos a docentes”, denunció Daer a través de las redes sociales.

Días atrás, el veterano sindicalista calificó de parodia la fallida negociación para aumentar el salario mínimo. El Gobierno lo fijó de forma unilateral en 180.000 pesos (unos 200 dólares a la cotización oficial) mensuales, una cifra muy por debajo de los 280.000 pesos (325 dólares) que necesita una familia para poder comprar alimentos, es decir, para no ser indigente. Según los últimos datos oficiales, que datan de mitad de 2023, el 9,3% de la población argentina era indigente, pero la proyección del Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina eleva la cifra actual hasta el 15%, lo que sería el peor registro desde la crisis del corralito de 2002.

El Gobierno presiona ahora a los gremios docentes para evitar la imagen de las escuelas públicas vacías el próximo lunes. El portavoz presidencial ha advertido que evalúan declarar la educación como un servicio esencial, lo que impediría que los profesores hiciesen huelga. Los gremios del sector rechazan una medida que consideran inconstitucional y advierten que el Ejecutivo intenta “cercenar la posibilidad de protesta” en vez de resolver el conflicto a través del diálogo.

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