De las máscaras a los derechos conquistados: tres décadas de marchas de orgullo y diversidad

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“¿Qué nos pueden hacer? ¿Llevarnos presas? ¿Otra vez?”, les preguntó Karina Pankievich a sus amigas, reunidas en una casa pensión del barrio Sur de Montevideo, una de las pocas que alquilaba habitaciones a personas travestis en el Uruguay de 1993. Aún se sentían los coletazos de la dictadura uruguaya (1973-1985), que se había ensañado con ellas y todo aquel que mostrara aspecto, voz o ideas disidentes. En democracia, las travas, como se las llamaba despectivamente, seguían siendo perseguidas y reprimidas por la policía. Sus posibilidades laborales se reducían al trabajo sexual y conseguir una garantía de alquiler era una quimera. Estaban curtidas por la violencia, todavía enteras, pero muy cansadas. “Tenemos que hacer algo”, insistió Pankievich, que por entonces tenía 30 años.

Sus amigas la secundaron, juntaron algo de plata, compraron pintura, algunos globos de colores. “El miedo enferma. La solidaridad protege”, escribieron en una pancarta. La adrenalina, confiesa Pankievich a América Futura, le ganó al miedo que la había perseguido desde los 13 años, cuando su familia la echó de casa. Se reunieron en el Obelisco de Montevideo el 28 de junio de 1993, en una noche gélida y húmeda, genuinamente montevideana. Desde allí marcharon trece cuadras por la principal avenida 18 de julio hasta la Universidad de la República. Unas 30 personas caminaron con sus brazos entrelazados y la cara descubierta, otras muchas lo hicieron con máscaras o camuflando sus rostros con gorros y bufandas, por temor a ser identificadas. “Estamos aquí no tanto por nosotras, sino por las nuevas generaciones”, dijo Pankievich ante las pocas cámaras que había en aquella primera “marcha del orgullo homosexual”, que llegó a reunir a unas 100 personas.

Como activista de la primera hora, Pankievich ha participado en casi todas las marchas que desde 1993 celebran la diversidad y reivindican los derechos de la comunidad LGBT+ en Uruguay. Ayer no fue la excepción y estuvo en la edición número 30, esta vez en primavera, más acompañada que en aquella primera ocasión. Bastante más: 150.000 personas, según los organizadores, colmaron y recorrieron la Avenida del Libertador de Montevideo hasta la emblemática plaza 1° de Mayo.

“Basta de impunidad y saqueo de derechos”, fue la consigna que marcó la jornada, en referencia a las víctimas de la comunidad LGBT durante la dictadura, así como a los escollos que encuentra la implementación de las conquistas alcanzadas. Entre discursos y proclamas, miles de personas de todas las edades marcharon y bailaron envueltas en banderas de arcoíris. “Alegría”, “libertad”, “respeto” y “amor” fueron las palabras que más resonaron en las calles montevideanas.

Entre la multitud caminaba Diego Sempol, de 51 años, docente e investigador, estudioso de estas marchas. “El objetivo siempre ha sido ocupar el espacio público para dar visibilidad”, dice Sempol. Echa la vista atrás y recuerda que, en el Uruguay de principios del siglo XX, fue muy exitoso el proyecto político de crear una identidad nacional homogénea, que obturó la posibilidad de la diversidad social. “La marcha disputa ese proyecto de homogenización”, añade. En los años 90 se hablaba de “orgullo”, pero progresivamente esa categoría fue desplazada por la de “diversidad”. “Porque los problemas de discriminación son interseccionales”, señala. La marcha por la diversidad, continúa Sempol, convoca a toda esa heterogeneidad social para enfrentar las distintas formas de discriminación, sea por orientación sexual, género, origen étnico, clase social...

A partir del siglo XXI, el movimiento fue conquistando derechos relacionados con la comunidad LGBT uruguaya: en 2003 y 2004 se aprobaron leyes contra la discriminación; en 2007 se legisló a favor de la unión concubinaria; en 2009, una nueva norma habilitó el cambio de nombre y sexo registral; en 2013, se aprobó la ley de matrimonio igualitario y en 2018 la ley integral trans. “Hay una parte de la sociedad uruguaya que cambió significativamente la forma de relacionarse con este tema. Eso es notorio en la convocatoria de la marcha y en la integración de la disidencia sexual en muchos grupos sociales”, dice Sempol. Eso no quiere decir, apunta, que hayan desaparecido los grupos de odio o anti derechos. Al contrario, sostiene que la sociedad está atravesando una fuerte activación de esa tendencia. “En Uruguay y a nivel global”, agrega.

En esa dirección van los comentarios de Sol Casada, de 24 años, que este viernes estuvo presente para celebrar la diversidad, pero también para pedir que se cumplan efectivamente los derechos adquiridos. En su caso, explica, pudo hacer la transición de género apoyada por su familia, recibió buena atención médica y este año terminará la carrera de Psicología. Sin embargo, asegura que lo suyo es una excepción. En Uruguay, la población trans no cuenta con la atención sanitaria adecuada, tampoco se cumple con el cupo laboral del 1% establecido por ley. Como Sempol, la joven advierte de la “oleada regional de los discursos de odio o antiderechos”, que tienen consecuencias en la práctica. Semanas atrás, remarcan, una mujer trans fue atacada en Piriápolis (este del país) y en marzo de este año otra fue asesinada en Rivera (norte). “En diferentes partes de Uruguay hay ataques de odio [contra la población LGBT]. Hay que combatirlos y combatir esos discursos”, afirma Casada.

Durante esta marcha, muchos recordaron también los diez años de vigencia de la ley del matrimonio igualitario y el impacto que tuvo en Uruguay. “Una vez que se aprobara la ley, nos parecía importante que hubiera un efecto inmediato”, recuerda Sergio Miranda, que estrenó esa norma casándose con su pareja, Rodrigo Borda, en 2013. Miranda sostiene que el marco legislativo uruguayo sigue estando a la vanguardia y que la comunidad internacional LGBT mira al país con buenos ojos. “De hecho, hemos tenido mucha inmigración de población LGBT rusa, brasileña durante el periodo de [Jair] Bolsonaro y de países del Caribe, como Cuba, Venezuela y República Dominicana”, dice Miranda, que está al frente de la secretaría de Diversidad de la Intendencia de Montevideo.

En medio de un clima festivo y multitudinario, la comunidad LGBT+ de Uruguay ha reivindicado el carácter político –no político partidario, aclaran– de la marcha por la diversidad local. Defienden en ese sentido que el movimiento se mantenga al margen del patrocinio de marcas comerciales y evite convertirse en una “gran romería mercantilizada”. 30 años después de plantarse en las calles montevideanas, la presidenta de la Asociación Trans del Uruguay, Karina Pankievich, marchó en primera fila agradecida por los 61 años que le ha dado la vida y el camino recorrido. “Hace 34 años que estoy en el activismo, luchando por políticas sociales, no partidarias. Los partidos políticos pasan y la sociedad civil queda, tenemos que aprender a trabajar juntos”, concluye Pankievich, que en 2019 fue declarada Ciudadana Ilustre de Montevideo por su defensa de los derechos humanos.