De denunciar la esclavitud moderna en Ecuador a ser reconocido en Europa por su lucha

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“Furukawa siempre ha estado encerrándonos y explotándonos porque no sabemos hacer otra cosa que trabajar en el campo, somos campesinos. Y, como campesinos, siempre ha sido una lucha para salir hacia adelante con toda nuestra comunidad”. Con estas palabras ha recibido Segundo Ordóñez el premio anual de la ONG Front Line Defenders para activistas de derechos humanos en riesgo, este viernes en Dublín (Irlanda). Furukawa Plantaciones C.A., la empresa japonesa a la que señala este campesino ecuatoriano de 57 años, es una de las mayores multinacionales de cultivo de abacá del mundo y la única firma que se ha enfrentado a un juicio por esclavitud moderna en el país. Tanto la firma, con sede en la costa pacífica de Ecuador, como el Estado, mantienen litigios en curso. Este galardón reconoce la trayectoria de activistas en todo el mundo que, en su lucha, arriesgan su integridad.

La empresa japonesa llegó al país latinoamericano hace seis décadas para dedicarse al cultivo de una plantación similar a la del plátano, de la que se fabrica papel moneda y que exporta a Estados Unidos y Europa. Furukawa, con un patrimonio que ronda los 18 millones de dólares, fue demandada en 2019 por 106 trabajadores que denunciaron tratos inhumanos. “Ahí dentro se veía de todo: nos pagaban por debajo del sueldo mínimo, manteníamos hasta 15 horas seguidas y, si alguien se lesionaba, nadie respondía por uno”, explicaba este activista a América Futura en febrero. Hoy, desde Dublín, Irlanda, sonríe con la estatuilla en la mano derecha: “Mi comunidad y yo estamos muy contentos”.

La sonrisa se desdibuja rápidamente cuando piensa en “lo que se viene”: “Me preocupa qué puede suceder a partir de ahora. Solo quiero que estos juicios no queden impunes, porque ya tenemos derechos. Ya conocemos nuestros derechos. Venimos en esta lucha desde hace cinco años”. Patricia Carrión, una abogada de la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos que lo acompaña, cree que esta puede ser una buena oportunidad para dar a conocer “la vulneración de derechos que suceden en el Ecuador, en las empresas, en el campo, en la agroindustria…”. Y añade, minutos después de recibir el premio: “Es un llamado de atención profundo al Estado; tiene la obligación de garantizar reparación y justicia”.

Front Line Defenders lleva otorgando estos galardones desde 2005 para rendir homenaje a la labor de quienes contribuyen de forma “destacada y valiente” a la defensa y protección de los derechos humanos. A menudo, asumiendo un riesgo muy alto. “Esta mañana celebramos a cinco inspiradores defensores de los derechos humanos de todo el mundo”, compartió este viernes en sus redes Olive Moore, directora de la organización. “Estos activistas son nuestra mejor oportunidad para resistir, contrarrestar y abordar los enormes desafíos que tenemos a nivel mundial”. Moore también congratuló a los otros cuatro premiados: Olivier Bahemuke Ndoole (República Democrática del Congo), Jeany ‘Rose’ Hayahay (Filipinas), Digital Security Lab Ukraine y Hala Ahed (Jordania).

“No teníamos de otra”

Ordóñez llegó a las plantaciones para quedarse con apenas 11 años. Su madre había fallecido tres años antes y era el menor de 11 hermanos sin apenas recursos para comer. Mucho menos para ir a la escuela. “Le daba horas y horas todos los días, para ganar 40 sucres [38 dólares la quincena]”, contaba. “Hay gente a la que pagaban menos y, como no sabían ni leer ni escribir, a otros les pagaban con un mercado”. Salir de las plantaciones tampoco era una opción. Según lo que narraron una decena de demandantes, la empresa cerraba la puerta carrozable con candado de lunes a lunes. “Estábamos ahí porque no teníamos de otra”, dijo entonces.

La decisión de demandar a una empresa de la que dependía gran parte de la comunidad afrodescendiente en Esmeraldas y Santo Domingo no fue fácil. La primera piedra la puso la Defensoría del Pueblo cuando detalló en 2019 condiciones “infrahumanas” de vivienda, trabajo infantil y adolescente y ausencia absoluta de derechos laborales de un censo de 1.244 personas, realizado por la antigua Secretaría de Gestión de la Política. A partir del informe, la Fiscalía investiga a la empresa y representantes, a quienes recientemente llamó a juicio penal. En este litigio, hay 106 personas que se sumaron a la acusación contra la empresa, entre las que estaba Ordóñez. El campesino dijo que el “corazoncito palpitaba de alegría” cuando recibió la noticia de que su demanda sería llevada a juicio. Hoy tiene una sensación similar. También se mantiene la incertidumbre: “Ojalá no se olviden de nosotros. Ojalá hagan justicia después de tanto”.