Honduras alista una ley para devolver el arraigo de los desplazados internos

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El 25 de junio, Pedro Ramírez recibió la foto de su mujer y su hija, de entonces 3 años, entrando al pediatra. La enviaba un número desconocido que llevaba meses siguiéndoles la pista de cerca. “Ya los tenemos ubicados, no intenten esconderse”, decía el mensaje. Era la tercera vez que se ponía en contacto con la familia hondureña que vivía en la costa Caribe, hasta el 29 de julio de 2022, que se vieron obligados a emigrar a Estados Unidos. Un mes después fueron deportados de nuevo al país centroamericano. “Ahora vivimos en otra ciudad, pero andamos siempre pendientes”, explica Mónica Ramírez, esposa de Pedro, ambos nombres ficticios por miedo a represalias. “Ni socializamos ni confiamos en nadie. El miedo no se nos ha ido. Merecemos tener un futuro mejor”, cuenta.

Como ellos, 247.000 hondureños se han visto obligados a dejar sus casas y salir con lo puesto, las despedidas justas y el miedo en la garganta. Los desplazados internos son uno de cada 50, en uno de los países más violentos de la región. Es por ello y por la urgencia que supone que la aprobación de la Ley de prevención, atención y protección de las personas desplazadas internamente ha sido tan aplaudida. Aunque la presidenta Xiomara Castro no se ha pronunciado públicamente al respecto, las organizaciones que dieron forma al anteproyecto se muestran muy optimistas con la futura promulgación.

La legislación, que aún requiere de la sanción presidencial, crearía un marco institucional y establecería mecanismos de prevención y protección a la población desplazada de amenazas como el reclutamiento forzado por parte de grupos criminales y la explotación infantil. Para Andrés Celis, representante del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) en Honduras, este primer paso es un “hito para un país como este”. En esta nación de 10,2 millones de habitantes, se producen 35 asesinatos por cada 100.000 vecinos. Para los hondureños, la violencia es una constante.

“Este mecanismo es muy novedoso si se compara con los que ya están activos en lugares como El Salvador, Colombia o Guerrero (México)”, explica por teléfono. La clave para el experto está en el acento que recibe la prevención. “Existe un plan para impulsar la titularidad de las viviendas, evitar el reclutamiento forzado a edades tempranas… En su creación se manejó una lógica de guerra”. Entre otros puntos claves de la norma, se contempla un fuerte sistema de atención humanitaria centrada en la reubicación habitacional y el acceso prioritario a los servicios de salud y educación. Según estimaciones de Acnur, el 85% de los desplazados dicen necesitar atención psicológica y el 46% de los menores migrantes detienen sus estudios.

El anteproyecto de ley tuvo el respaldo de una treintena de organizaciones locales e instituciones públicas. Entre los puntos claves, destacan cuatro: la creación de unidades nacionales y municipales que conecten con afectados, un fondo de 6 millones de dólares (un 80% de recursos para asistencia humanitaria y un 20% para generación de medios de vida), un robusto plan para desactivar amenazas y mitigar los escenarios que motivan el desplazamiento y el acceso facilitado a la justicia y las medidas de reparación.

La familia Ramírez ni siquiera supo de que el Congreso Nacional aprobó esta medida el 21 de diciembre. Pero Mónica, de 24 años, suelta un largo suspiro al enterarse. “A nosotros nos serviría mucho”, narra por teléfono. La extorsión a su familia empezó el 19 de abril y, desde entonces, es imposible sentirse seguros. “No creemos ni en la Policía. Nadie dio seguimiento a nuestro caso, podríamos estar ya muertos”.

Primero fue una llamada y una obligación: pagarle a un grupo armado. Lo segundo fue un mensaje: “Pónganse vivos con las extorsiones. Si no pagás, atenete al barrio”. Y una advertencia de lo que pasaría si denunciaban: “Te vamos a agarrar a tiros. Nosotros no estamos jugando”. Aún así, se atrevieron a hacerlo. Un día después de relatarle lo sucedido a la Policía, otro: “A los sapos (chivatos) se les corta la lengua”. La última amenaza fue en forma de un pedido a la empresa que tenían.

Desde entonces, nada es igual. Ni salir al supermercado ni llevar a la pequeña al colegio. Las acciones cotidianas son tareas que implican logística y ojos despiertos. “En Honduras, las historias de miedo son demasiadas”, cuenta Celis. Para el representante de Acnur, la horquilla de beneficiados trasciende a los 247.000 desplazados. “Una sociedad no puede ser sostenible si vive con el riesgo de ser desplazado de donde vive. Esta es una respuesta para toda la nación y pensada para sanar estas profundas heridas”. Según el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh), cada 12 horas una persona está expuesta al riesgo de tener que reubicarse forzosamente.

De acuerdo al Reporte de Tendencias Globales de Acnur, Honduras se encontraba entre los 10 países con mayor número de solicitantes de refugio en el mundo durante 2021. Para Víctor López (nombre ficticio para proteger su identidad), emigrar fuera del país no fue nunca una opción. No tenía dinero para hacerlo ni una red de apoyo que lo acompañara o le apoyara. De hecho, todo lo contrario. López, de 30 años, conoce la violencia desde los seis años cuando fue víctima del maltrato de sus padres y el abuso sexual de su primo. “Lo que más me dolió fue que mi madre me pegara cuando se lo conté. Para ella, mis actitudes afeminadas lo habían provocado”, narra.

La discriminación continuó en el barrio al que se mudó y en la Iglesia a la que acudió a pedir ayuda. “Todos querían corregir mi inclinación sexual. No me sentía cómodo en ningún lugar”, recuerda. “Ahí va el culero”. “Componete”. “No sos hombre”. Estos eran los insultos que recibía a diario el joven, que hoy es graduado ahora en Pedagogía y Ciencias de la Educación. También fue víctima de varios ataques por redes sociales y perfiles falsos que promocionaban sus servicios como trabajador sexual. “Mi barrio era uno de los más violentos y pobres del país. Tuve que emigrar a Namasigüe por la persecución que sufrí”, comenta. Sin red de apoyo ni apenas ingresos, empezar una vida a 140 kilómetros de donde creció se tradujo en “ir con mucho cuidado” y ocultar su identidad para evitar el acoso. La organización a la que pertenece López, el Movimiento de Juventudes Hondureñas (MONJUH), es una de la treintena de entidades locales que dieron forma al anteproyecto de ley y tiene todas las esperanzas puestas: “Ojalá nadie pase de nuevo por lo que pasé yo”, afirma.