Miriam Liz Andela: la magistrada indígena que se sobrepuso a todos los obstáculos

La vida de Miriam Liz Andela (Páez, Cauca, 42 años) ha estado guiada por el valor de la palabra. Su padre, indígena nasa, le inculcó desde niña la importancia de cumplir con sus compromisos. Nunca lo olvidó y hasta hoy ha sido cabal con ese principio, sin importar el esfuerzo que le implique. Desde hace seis años es magistrada auxiliar de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), luego de un largo camino atravesado por la precariedad y el conflicto armado. Ahora, desde el tribunal creado en el Acuerdo de Paz de 2016, ha podido materializar sus deseos de trabajar por la justicia de los más desvalidos.

En el resguardo nasa de Togoima, donde creció, vivían alrededor de 8.000 personas, esencialmente agricultoras, en poco menos de 7.000 hectáreas. Es decir, en menos de una hectárea por persona. La pobreza imperaba, pero los padres de Andela –quienes apenas lograron terminar la primaria– les insistían a ella y a sus nueve hermanos en que debían estudiar duro y ser los mejores. Juntos, los diez hermanos andaban por caminos de barro, con leña al hombro, sus cuadernos y su almuerzo.

Nada podía detener el amor de ella por aprender, pero a los 11 años, se vio obligada a viajar a Bogotá para trabajar en labores domésticas, como tuvieron que hacerlo tantas otras niñas y jóvenes indígenas de la época por el asedio de la escasez. Dos meses fueron suficientes para regresar y tomar la decisión de seguir estudiando, a pesar de todas las dificultades.

Con el tiempo, Andela se convirtió en lideresa juvenil. Descubrió el Derecho en la Normal Superior de Tierradentro, donde estudió el bachillerato, lo que le permitió ser profesora en varios resguardos del suroccidente colombiano y sensibilizarse con sus realidades. Trabajando en las organizaciones indígenas –apoyaba labores relacionadas con la Jurisdicción Especial Indígena–, con créditos educativos y sus ahorros de años viajó a Bogotá para hacer su pregrado. La precariedad durante su formación fue una constante contra la que batalló, incluso, tenía que compartir una cama con cuatro personas.

“A mí me han salvado la disciplina y el amor con que hago todo”, reflexiona Andela, que se había trazado una meta: terminar la universidad para tener una mejor remuneración y poder ayudar a su familia en Páez.

Los frutos fueron llegando. Su excelencia académica la llevó a ganar una beca de desarrollo profesional en la Relatoría sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en Washington D.C., donde vivió un año y se formó de la mano de los mejores juristas de la región, lo que permitió regresar a Colombia y poner su conocimiento a los servicios de los pueblos indígenas.

Fue personera en el municipio de Jambaló, Cauca. Allí apoyó la implementación de la naciente Ley de Víctimas y sus decretos étnicos, con la toma de declaraciones individuales y colectivas, apoyó las labores de coordinación interjurisdiccional relacionadas con el reclutamiento forzado de niños, niñas y adolescentes indígenas, y gestionó con cooperación internacional proyectos de fortalecimiento de la participación y el liderazgo de las mujeres indígenas víctimas del conflicto armado. Luego fue una de las abogadas encargadas de defender el derecho de los pueblos étnicos a tener un sistema de salud propio. Uno de los logros que más la enorgullece de esa etapa ocurrió en 2011, cuando tramitó una de las medidas cautelares más emblemáticas –por el carácter colectivo y por la magnitud de personas y territorios que abarcó–, otorgada por la CIDH a favor de los resguardos indígenas de Jambaló, Tacueyó, San Francisco y Toribío, en el norte del Cauca, para protegerlos de la confrontación armada.

Gracias a su conocimiento del territorio, de los pueblos originarios y de las problemáticas que aquejan a la población indígena y rural del país, su trabajo ha permitido que las víctimas del conflicto armado se sientan no solo escuchadas y entendidas, sino también representadas por ella, una mujer ejemplo de disciplina y fortaleza. “Lo entrego todo siempre en lo que hago, a medias no puedo”, señala.

A la JEP llegó, en 2018, tras ganar un concurso. Desde su posición ha logrado implementar la justicia restaurativa, acogiendo los principios y saberes de los sistemas de justicia de los pueblos indígenas e incorporar los análisis interseccionales (en los que se miran las particularidades culturales) de víctimas indígenas, mujeres y niñas. Hoy es magistrada auxiliar en el caso que busca esclarecer los asesinatos y las desapariciones forzadas presentadas como bajas en combate por agentes del Estado, también llamados ‘falsos positivos’.

De esa larga entrega ha sido testigo su comunidad, que siente un inmenso orgullo por la magistrada Andela. Las autoridades del resguardo Indígena de Togoima en pleno la nominaron para ser una de los 100 Nuevos Líderes de Colombia. “Como autoridades del territorio ancestral de U’sxa Gullumuz nos permitimos presentar a la comunera Miriam Liz Andela”, rezaba el encabezado de su carta, remitida a esta casa editorial.

*Apoyan Ecopetrol, Movistar, Fundación Corona, Indra, Bavaria y Colsubsidio.