La inédita resolución de la ONU sobre drogas y derechos humanos que Petro acusa a Trump de incumplir

En poco más de un mes, el Gobierno de Donald Trump ha matado a 32 personas en siete bombardeos dirigidos contra lanchas en aguas del Caribe que acusa sin pruebas de transportar droga. Al menos una de las víctimas sería colombiana, según ha denunciado el presidente Gustavo Petro a partir de un reportaje del sistema medios públicos RTVC, y quien además ha acusado al republicano de estar violando una resolución que acaba de aprobar el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, con sede en Ginebra. El documento ha pasado casi desapercibido, pero marca un quiebre global en las políticas de drogas, pues esa instancia de la ONU determina, básicamente, que estas deben estar supeditadas en todo momento a los derechos humanos, lejos de las políticas represivas que se han ejecutado en Colombia y el grueso del mundo por décadas.

“En el Caribe estamos observando lo contrario”, escribió en su cuenta de X el presidente Petro el pasado 17 de octubre, al señalar a Trump de incumplir ese mandato. “Invito al Gobierno de los Estados Unidos a respetar la resolución sobre política de drogas de la comisión [Consejo] de Derechos Humanos de las Naciones Unidas”, añadió.

La resolución fue aprobada por consenso el pasado 8 de octubre, presentada por Colombia e impulsada por 35 países, algunos de América Latina como Brasil, Costa Rica o Guatemala; otros europeos como Alemania, España o Grecia. En el documento, el consejo “exhorta a todos los Estados miembros de las Naciones Unidas a que consideren alternativas al encarcelamiento, la condena y la imposición de penas” para quienes cometan delitos relacionados con drogas. Además, alienta a los Estados a garantizar que las medidas que adopten para erradicar los cultivos de uso ilícito “respeten los derechos humanos, tengan debidamente en cuenta los usos lícitos tradicionales (…) y la protección del medio ambiente”. Además, le solicita a la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos que prepare un informe sobre el impacto que tienen las políticas de drogas en los derechos humanos, en particular sobre las mujeres y las niñas.

La investigadora Estefanía Ciro, excoordinadora del equipo de narcotráfico y política de drogas en la Comisión de la Verdad, argumenta que el documento es clave porque representa la primera ruptura dentro de las Naciones Unidas en cómo abordar el asunto de las drogas. Históricamente, ha sido la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), con sede en Viena, la que ha liderado la política, con un enfoque más conservador y prohibicionista. Allí mismo sesiona la Comisión de Estupefacientes de la ONU, cuyos lineamientos luego se trasladan a los Estados. Ahora, el Consejo de Derechos Humanos, con una mirada transgresora, reafirma su competencia en la construcción de esas políticas. Ese cambio es tan significativo que en ese Consejo países más represivos con las drogas como China, Rusia, Singapur, Argelia o Cuba se opusieron a la declaración, con el argumento de que podría debilitar el régimen actual de fiscalización del narcotráfico.

Ciro lamenta que el Gobierno Petro haya impulsado este enfoque en Ginebra ya casi en el ocaso de su mandato, y que haya dedicado sus primeros tres años a discusiones menos disruptivas, como la reducción de daños o el reconocimiento de la hoja de coca. El Informe Final de la Comisión de la Verdad creada por el Acuerdo de Paz con las FARC, sostiene la investigadora, ya recomendaba en 2022 desmilitarizar las políticas relativas a los cultivos de uso ilícito y regular todas las drogas, una mirada que venía acogiendo también el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, el austriaco Volker Türk.

En las instancias en las que se define la política global de drogas, Colombia ha sido asesorado por organizaciones de la sociedad civil como Dejusticia o Elementa DDHH. Paula Aguirre, directora de esta última en Colombia y quien participó en varias sesiones de negociaciones en Ginebra, destaca que además de fortalecer el rol de los derechos humanos, la resolución consolida un giro por el que Estados Unidos “se queda solo y se aparta de los consensos globales” en la materia. El país norteamericano se retiró del Consejo de Derechos Humanos de la ONU en febrero de este año.

Para estos expertos, los bombardeos del Ejército estadounidense a lanchas en el Caribe son solo la cara más brutal de las violaciones de derechos humanos por las políticas de drogas represivas. Colombia tiene su propia historia. La erradicación forzada de cultivos de coca, la herramienta predilecta de los Gobiernos de Iván Duque (2018-2022), Juan Manuel Santos (2010-2018) y Álvaro Uribe (2002-2010) para combatir esas plantaciones, cobró decenas vidas. La que fue conocida como “la primera masacre después del Acuerdo de Paz”, el 5 de octubre de 2017 en El Tandil (Tumaco, Nariño), ocurrió en medio de un operativo de erradicación forzada. Cuando los manifestantes se opusieron, miembros de la Fuerza Pública dispararon. El saldo, siete campesinos e indígenas muertos, en un caso cuya investigación sigue en la justicia.

Durante el cuatrienio Duque, en el que estos operativos alcanzaron su máximo histórico, se sumaron más casos de campesinos o indígenas muertos a manos de la Fuerza Pública en medio de las refriegas: Alejandro Carvajal, en el Catatumbo; Emérito Digno Buendía, en la zona rural de Cúcuta; Segundo Girón y Ángel Artemio Nastacuás, en Tumaco (Nariño); o Educardo Alemeza Papamija, en Puerto Asís (Putumayo). El presidente Petro ordenó la suspensión de estos operativos, aunque mantiene políticas de erradicación voluntaria.