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JEP
Opinión
Texto en el que el autor aboga por ideas y saca conclusiones basadas en su interpretación de hechos y datos

Mala justicia

La JEP optó por repartir impunidad a los crímenes más atroces. Encontró culpables, pero asignaó penas que equivalen a una palmada en la mano a los perpetradores

Es imposible no comentar los fallos de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) proferidos esta semana. No soy jurista, por lo cual mi criterio es el de un ciudadano asombrado. Una de las víctimas de las FARC, el Coronel César Augusto Lasso, secuestrado en la toma de Mitú, le respondió a La Silla Vacía: “¿Qué espera una persona que fue secuestrada por más de 13 años, que no pudo ver crecer a sus hijos, que la mayoría del tiempo estuvo portando una cadena adherida al cuello de otro compañero… muchas veces, muchas veces comiendo una sola vez al día? Justicia. No hay ni cárcel, ni indemnización, ni ningún tipo de reparación”.

Dos días después se dio lectura al fallo por uno de los casos de falsos positivos contra 12 exmilitares responsables de 135 muertes presentadas como bajas en combate, en alianza con grupos paramilitares. Los crímenes imputados como de lesa humanidad son desaparición forzada, asesinato, tortura y persecución, homicidio en persona protegida y tortura.

Con sus dos fallos, el de las FARC y el de los falsos positivos, la JEP deja la impresión de que los colombianos deben entenderlos conjuntamente. ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra?

Salvo que la JEP considere que con los dos fallos si la derecha la acusa de ser condescendiente con los líderes farianos, debe aceptar que también lo fue con los militares. El mismo rasero les sirve para los críticos de izquierda.

Puedo estar equivocado, pero el hecho de que haya proferido los dos fallos en la misma semana, cuando las investigaciones eran separadas, y debieron terminarse en momentos muy distintos, indica que se tomaron esfuerzo y cuidados en darlos casi simultáneamente. Da la impresión de que esa simultaneidad es una cobertura contra riesgos y críticas.

Pero eso es la forma, vamos al fondo, de nuevo, visto por un lego. La JEP optó por repartir impunidad a los crímenes más atroces de la historia de Colombia. Por un lado, encontrar culpables, pero de facto asignar penas que, en mi opinión, equivalen a un perdón y a una palmada en la mano a los perpetradores intelectuales y materiales de las abyecciones de las FARC.

De otro lado, por no sé qué absurda ley de la compensación, que sólo puede caber en la mente extraña de los magistrados, compensar con dar el mismo tratamiento a los monstruos que durante años planificaron y ejecutaron en las Fuerzas Armadas los falsos positivos.

Es una aberración filosófica, jurídica y humana. Insulta a las víctimas de ambos grupos de criminales y a todos los colombianos, que hemos padecido de una u otra forma estos 40 años de crímenes.

¿Qué obtenemos a cambio los colombianos? La certeza de que se pervirtió no solo la política, sino también la justicia. La rabia de tener que tragarnos este esperpento. La sensación de inutilidad de ocho años de actuación de ese sistema alternativo de “justicia transicional”, como la denominan. Es un inmenso sacrificio para Colombia, para que hoy estén disparados el crimen, el narcotráfico y el poder regional de las mafias que justamente se buscaba debilitar o terminar.

¿Para qué sirvió todo esto? Escribí un trino indignado, en que dije que la JEP mostró las rodilleras con las que fue creada y con las que ha actuado por ya casi una década. Derramaba tantas babas en su cínica sentencia condenatoria que dejaron un mojón de imbecilidad para los próximos siglos.

En un chat donde hay personas cercanas a las FARC, objetaron mi trino con los siguientes argumentos (opto por omitir a los autores):

1) “Nadie con una estructura de poder militar económico y social entrega las armas para ser linchado por las masas. ¿Te imaginas lo que sería de Colombia hoy de no firmar la paz?”

2) “No conozco otro caso en el mundo de una guerrilla que, sin ser derrotada en la guerra, acepte, además de dejar las armas, someterse a un proceso de justicia restaurativa en lugar de una amnistía general y sin condiciones”.

3) “Uribe alcanzó a considerar generosamente con las FARC exigencias como la del despeje de Pradera y Florida en el Valle, que ni en La Habana se consideró. En cuanto a las penas en el proceso que sí prosperó, el de las AUC, tengo que recordar que fue un proyecto presentado por el gobierno (redactado por Bernal Cuéllar e Iguarán) en el que originalmente no se contemplaban penas privativas de la libertad, sino sanciones redimibles en colonias agrícolas, con dosis hasta de cuatro años. Fue el Congreso y no el Gobierno, el que rectificó e impuso para las autodefensas penas de prisión efectiva entre 4 y 8 años de prisión, además de otros límites frente al original. No se aceptó su participación en política y menos curules en el Congreso por cuanto nunca se les reconoció estatus político, luego de una larga discusión. Acompañamos con el mismo entusiasmo el proceso de paz de Santos con las FARC.”

4) “¡La alternativa era seguir la guerra con los hijos ajenos! ¡Sabroso! ¡Nadie se desmoviliza y deja las armas para irse a la cárcel!”.

5) “En la guerrilla de izquierda: ¿cuántos años de cárcel pagaron los dirigentes del M19, el EPL y el PRT?”

6) “Tal vez el mejor ejemplo de esta política de reconciliación es el acuerdo entre los protestantes y los católicos en Irlanda del Norte. Allí el jefe militar del IRA, McGuinness, ocupó el cargo de viceprimer ministro de Irlanda del Norte. Esto lo llevó al famoso apretón de manos con la Reina Isabel II a cuyo primo, lord Mountbatten, el IRA de McGuinness hizo volar por los aires mientras pescaba en 1979.”

6) “Lamentablemente, a quienes lo advertimos en el referendo del 2016, nos replicaron, con aires de superioridad moral, que éramos enemigos de la paz... y no entendíamos los efectos positivos del acuerdo y del famoso fast track.”

Agradezco esos comentarios y respeto el debate. No obstante, quiero cerrar con una reflexión sobre la no repetición.

No se trataba, creo, de que las FARC no repitieran sus atropellos. O eso era el 20%. El 80% era que cuando alguien pensara en imitarlas, lo pensara dos veces y se abstuviera de hacerlo. El acuerdo de paz logró lo contrario. No solo que muchos comandantes y combatientes de las FARC renegaran de él y se fueran de nuevo a malear sino que los demás quedaron convencidos de que el crimen paga. Porque no hay más castigo que una palmada en la mano y a los cabecillas los presionan con sueldo de congresista. Malear paga y muy bien.

¿Qué aprendimos como sociedad de este proceso de paz y de las costosas, tardías y para mi gusto blandengues decisiones de la JEP? Que el crimen paga. Que el Estado no entiende lo que hace. Que le importa firmar papeles, cambiar la semántica, el despliegue mediático y los premios, mientras deja desatendidos los campos, las veredas y los pueblos para que se los tomen los malos.

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