La JEP sanciona con hasta ocho años a 12 exmilitares por el caso de falsos positivos en la Costa Caribe

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), la justicia transicional en Colombia, ha emitido este jueves su segunda sentencia de fondo, tras la condena por secuestro a siete antiguos integrantes de la cúpula de las extintas FARC. Esta vez los sancionados son 12 antiguos militares, que pertenecieron al batallón de Infantería La Popa, de Valledupar (Cesar), y que reconocieron haber cometido falsos positivos, el nombre que reciben en el país los asesinatos de civiles a los que hicieron pasar como guerrilleros o paramilitares muertos en combate. El Tribunal ha determinado que, por la gravedad de los crímenes, deberán pagar la más alta de las sanciones a quienes han colaborado con el sistema de justicia transicional: deberán participar durante ocho años en proyectos de memoria, dignificación y reparación de las víctimas del conflicto armado. Según este tribunal, por lo menos 6.402 personas fueron víctimas directas de este patrón criminal.

Los sancionados no eran altos mandos militares, sino mandos medios, pues los oficiales de mayor rango no han aceptado su responsabilidad y enfrentan un juicio con penas más altas, de hasta 20 años de cárcel. Los sancionados este jueves son Hernán Gómez Naranjo, Guillermo Gutiérrez Riveros, Efraín Andrade Perea, Manuel Valentín Padilla Espitia, Elkin Leonardo Burgos, Eduart Álvarez Mejía, José de Jesús Rueda Quintero, Carlos Andrés Lora Cabrales, Yeris Andrés Gómez Coronel, Juan Carlos Soto Sepúlveda, Alex José Mercado Sierra y Elkin Rojas. Algunos de ellos han pasado tiempo en prisión por procesos judiciales en la Fiscalía. Por ello, la JEP aplicó sanciones diferenciadas que descuentan el tiempo ya cumplido en prisión: mientras algunos deberán completar cinco o seis años de sanción, otros tendrán que cumplir siete u ocho.

En este caso, todos aceptaron su responsabilidad en el asesinato y desaparición de 135 personas entre 2002 y 2005 en los departamentos caribes de Cesar y La Guajira. Son crímenes que, según la JEP, respondieron a patrones de macrocriminalidad y alianzas con grupos paramilitares en esa región del país, una de las cinco en las que el tribunal ha dividido su proceso de los falsos positivos. Como sanción que deberán participar en seis proyectos restaurativos.

El primero es un plan integral de memoria para la Costa Caribe; el segundo, es su trabajo en un centro de armonización para el buen vivir del pueblo kankuamo, en el que deberán participar de obras de infraestructura cultural, adecuar vías de acceso y restaurar bosque seco tropical. El tercer lugar donde deben trabajar es en un centro integral cultural de memoria del pueblo Wiwa; el cuarto escenario es un espacio de fortalecimiento al propósito urbano y rural del Consejo Comunitario Kusuto Ma Gende.

El quinto, la construcción de una casa multipropósito para la memoria de otras víctimas individuales. También deben participar de la construcción y adecuación de infraestructura de un Parque Memorial al interior del Batallón La Popa, y en otras ciudades definidas por las víctimas. El último escenario en el que se desarrollarán las actividades y trabajos en la casa cultural del consejo comunitario afro José Prudencio Padilla.

De acuerdo con la magistrada Ana Manuela Ochoa, abogada del pueblo kankuamo, trabajarán en labores de construcción e infraestructura y en la construcción de un mausoleo de la memoria con 700 osarios y lápidas con los nombres de las víctimas asesinadas en el municipio de Valledupar, en el departamento del Cesar. Allí deben trasladar su lugar de domicilio durante los años de sanción.

Entre 2002 y 2005, cuando se registraron los hechos atribuidos al Batallón La Popa, la presión por mostrar resultados en la lucha contrainsurgente llevó a que decenas de militares asesinaran a civiles —especialmente a campesinos, indígenas, afrodescendientes y personas en condición de vulnerabilidad— para presentarlos como muertos en combate, logros que se conocían como “positivos”. Pero eran falsos, de ahí el nombre de ese patrón de asesinatos. La JEP concluyó que estos crímenes no fueron actos aislados, sino parte de un patrón sistemático en el que algunos militares actuaron en connivencia con grupos paramilitares para inflar las cifras oficiales y obtener beneficios institucionales.

La magistrada Ochoa, ha explicado que algunas de las personas asesinadas y desaparecidas vivían en el área de jurisdicción del batallón La Popa, lo que facilitó que las detuvieran arbitrariamente”. Otras, sin embargo, fueron traídas desde otras zonas del país, como Soacha, en Cundinamarca, mediante falsas promesas de trabajo o de negocios. “Fueron crímenes sistemáticos orientados a generar reportes operacionales en un contexto de presión institucional por resultados”, señala.

En este caso, a diferencia de los procesos en contra de los antiguos miembros de las FARC, no todos los militares han reconocido su responsabilidad. Por fuera de esta sentencia están excomandantes del Batallón La Popa como Publio Hernán Mejía Gutiérrez, quien estuvo al mando de la unidad entre 2002 y 2003, Juan Carlos Figueroa Suárez, jefe en 2004, y José Pastor Ruiz Mahecha. Los tres fueron remitidos a la Sección de Ausencia de Reconocimiento, donde enfrentan un juicio tradicional, con acusación y defensa y con sentencias en prisión de hasta 20 años.

El fallo se conoce apenas dos días después de que la JEP sancionara a la antigua cúpula de las FARC en otro proceso de alto impacto: el caso de secuestros cometidos en el que exjefes de esa guerrilla fueron sancionados a ocho años de trabajos reparadores para las víctimas por la retención de miles de personas durante más de cinco décadas, pero también por la desaparición forzada de algunas de ellas, homicidios, torturas y violencia sexual.