El fin de la sala de partos del hospital de la Javeriana reúne todos los males enquistados en el sistema de salud

Salas de parto destinadas a otras labores y decenas de pacientes huérfanas de un servicio asistencial básico. Se cumplen tres meses del cierre de la unidad de obstetricia del hospital San Ignacio, en la acreditada Universidad Javeriana de Bogotá. Una noticia que sintetiza los males que tienen al sistema de salud en estado de estrés. Los responsables de prensa del centro universitario informaron en diciembre del año pasado que la decisión obedecía a un proceso de priorización ante la alta demanda de otras especialidades con mayor afluencia. La realidad, sin embargo, es más complicada y las dolencias se extienden por toda la red de sanidad del país.

La situación, de por sí grave, se ha agudizado por la reducción en la atención del servicio de pediatría del mismo hospital universitario, que funciona a media máquina desde enero. Se trata de las dos especialidades clínicas donde los sindicatos del sector sanitario llevan denunciando más casos de unidades cerradas en los últimos tiempos. Entre abril de 2012 y 2018, por ejemplo, el número de camas de obstetricia en el departamento de Antioquia bajó de 1.049 a 913. Y entre 2009 y 2016, las de pediatría se redujeron en 1.000 en todo el país.

La responsable de prensa del San Ignacio asegura “no tenemos más que decir de este tema”. Pero no cabe duda de que la situación financiera es crítica. Solo Nueva EPS, la aseguradora más grande del país e intervenida por el Gobierno, le adeuda al hospital universitario 139.275 millones de pesos (más de 33 millones de dólares). Un asunto que Ana María Soleibe, presidenta de la Federación Médica Colombiana, vincula a la deficiente relación entre las EPS (aseguradoras) y la mayoría de IPS (clínicas y hospitales). Hechos que han acentuado la impresión general de deterioro en la asistencia y que, a su juicio, han fomentado un mercado rapaz donde se privilegia la rentabilidad sobre la atención.

Soleibe añade que hoy proliferan los intermediarios en busca de convenios en “centros comerciales de servicios médicos”. Para cambiar las cosas, su gremio ha participado en la confección de la reforma del Ejecutivo, aún pendiente de pasar a debate en el Senado tras ser aprobada en la Cámara de Representantes. El pilar básico de la propuesta diseñada por varios grupos de la sociedad civil hace énfasis en reformar los métodos de control de gestión del sector y, sobre todo, de la arquitectura financiera. Entre tanto, los mismos líos se extienden como una mancha de aceite hacia otros lugares del país. Soleibe relata que en el norte del Valle del Cauca se han registrado casos donde algunas madres han sido trasladadas en ambulancia a otras ciudades, enfrentando riesgos significativos, para dar a luz en centros médicos que forman parte del convenio con las EPS a las que están afiliadas.

Baja natalidad y altos costos

Para llegar a este punto ha pesado la caída en la tasa de natalidad en Colombia, que el año pasado se desplomó un 13,6%. A ello se suman los cuantiosos recursos necesarios para mantener las máquinas y a los especialistas que deben cubrir la atención en salas disponibles las 24 horas. “Hay días en que uno puede tener hasta 18 o 20 partos. Mantener una oferta abierta, con profesionales haciendo turnos, incrementa los costos fijos”, explica Gerardo Burgos, director de la clínica capitalina Palermo.

“Hace un tiempo, las tarifas de obstetricia generaban márgenes pequeños para los prestadores de servicios. Sin embargo, las últimas exigencias normativas, que están bien orientadas, han afectado esa rentabilidad porque dan mejor atención hospitalaria al parto. Según cada caso, implica que las mamás se queden más tiempo en la clínica”, añade Burgos. Por eso el episodio del San Ignacio transparenta varias paradojas de un sistema de salud mixto, donde los recursos públicos y privados se entreveran.

San Ignacio es una institución con fines de lucro, pero a la vez muy dependiente del flujo de caja estatal. Con un pie inserto en la competencia del libre mercado y el otro en el esquema solidario y de la garantía de los derechos de la sanidad pública. “Además, por ser universitario, tiene, en general, unos costos un poco más altos para cumplir con su doble misión asistencial y de investigación y docencia”, explica Alejandro Gaviria, exministro de Salud. Toda esta cadena de obstáculos ha arrastrado a los hospitales a favorecer los servicios más rentables. O desmantelar otros.

Sin embargo, el Gobierno suele achacar todos los males al andamiaje de las EPS. Especialistas como el neurólogo Hernán Bayona, segundo al mando de la Federación Médica Colombiana, coincide con la línea oficial y sentencia que los fallos de estas aseguradoras en su tarea de garantizar el derecho a la salud de mujeres y niños han sido evidentes. En lo que hay consenso es en el tamaño del déficit de las EPS, que actúan como intermediarias entre el Estado y las clínicas y hospitales, y que llega a los 18,9 billones de pesos (más de 4.500 millones de dólares).

Con todo y que el presupuesto estatal para funcionamiento sube año a año. De esta forma no es de extrañar que los análisis se extravíen a la hora de detectar los entuertos de un sistema laberíntico, lleno de acrónimos para designar sus dependencias, y donde a menudo aparece, además, la sombra de la corrupción o una gestión ineficiente.

Millones de pacientes atestiguan, entre tanto, cómo se cuartean los cimientos del modelo vigente. Con dosis de zozobra e incredulidad a partes iguales ante el abismo de lo incierto. “Con el cierre de estos servicios en el hospital San Ignacio”, concluye el investigador en sistemas de salud Andrés Vecino, “también se le incumple a muchos residentes que pagaron la matrícula para recibir su entrenamiento en esa institución. Se rompe con la expectativa. Después de que se habían esforzado por ser aceptados en la facultad, ahora ven truncada la posibilidad de formarse en sus instalaciones”.