La gran transformación energética de Petro avanza a paso lento

Al llegar al poder, Gustavo Petro prometió hasta el cansancio que al final de su mandato Colombia sería menos dependiente de los combustibles fósiles gracias a una transición energética “justa”. La transformación del modelo contemplaba propuestas que causaron gran polémica entonces, como el freno de la exploración de petróleo y de hidrocarburos. El compromiso de cambio, dos años y medio después, se ha cumplido parcialmente, aseguran los expertos. Aunque sí ha habido un avance en la implementación de energías limpias, no se ha registrado el “estallido” del que se hablaba en campaña. En el centro de la apuesta del Gobierno están las fuentes solar y eólica, que se enfrentan a varios obstáculos en el nuevo año que comienza.

La necesidad de diversificar las energías renovables es apremiante. Colombia vivió en 2024 uno de sus periodos más secos, poniendo en jaque el sistema hidroeléctrico nacional, que representa el 68,32% de la generación eléctrica. Petro es consciente de ese panorama, y ha insistido en la suficiencia que tiene el país en otras áreas para enfrentarse “incluso a los escenarios de hidrología más críticos”. Por ello, ha impulsado el desarrollo de otras energías limpias, especialmente la solar.

Colombia Solar es el nombre que recibe un nuevo proyecto que iniciará este año que busca que las localidades más vulnerables puedan autogenerar energía a través de la fuente fotovoltaica. “El programa aportará sustancialmente a la transición energética y permitirá reducir tarifas y mejorar el ingreso real de los colombianos”, explicó Petro en las redes sociales a finales de diciembre. La meta es que las 250 comunidades que ya aplican este plan se multipliquen en “decenas de miles”. El Gobierno inauguró en el último año varios parques solares, como La Unión, un complejo de 220.960 paneles con capacidad de generar hasta 100 megavatios, en el departamento de Córdoba, al norte del país.

Para Giovanni Pabón, director de Energía del think tank Transforma, la propuesta “tiene todo el sentido por el corte [progresista] del Gobierno”. “Se quiere entregar a la mayor cantidad de gente la posibilidad de que produzca su propia energía, pues es un sistema que sigue siendo muy costoso y no todo mundo saca 30 millones de pesos (unos 6.800 dólares) para poner paneles en sus casas”, señala. Sin embargo, considera que es una estrategia muy costosa: “Hay que tener un sentido de la realidad, pues el financiamiento es muy alto y no se trata solo de instalar, sino de que el proyecto tenga vida por hasta 25 años y siga siendo rentable”.

Los problemas de caja acosan al Gobierno en 2025, tras el rechazo del Congreso a la ley de financiamiento que buscaba 12 billones de pesos adicionales para los proyectos sociales. Además, los grandes gremios del sector, como Andesco, Acolgen o Andeg, calculan una deuda de subsidios energéticos en 2,7 billones. El impago de un subsidio de energía eléctrica a las compañías generadoras provocó la semana pasada un apagón temporal en la ciudad de Puerto Carreño, cerca de la frontera con Venezuela, afectando a más de 45.000 personas. La Procuraduría anunció el pasado viernes que indagaría a funcionarios del Ministerio de Minas por la omisión del pago.

Crisis de confianza

Otro gran problema para las renovables es la regulación de este mercado, aún atrasada para los estándares globales, según los expertos. Hace un mes, la empresa portuguesa EDP Renewables, la cuarta mayor generadora de energía eólica en el mundo, se retiró de dos proyectos en La Guajira, al alegar falta de garantías. La compañía iba a desarrollar Alpha y Beta, los parques eólicos más grandes de Colombia, con capacidad de generar hasta 500 megavatios de energía, pero no obtuvo los permisos ambientales.

“La mala gestión de las consultas previas y la paquidermia de la ANLA [la agencia que otorga las licencias] provocan una crisis de confianza por parte de las empresas. Hay una falta de diligencia de las autoridades que se manifiesta en inseguridad jurídica, al cambiar las reglas de juego en la mitad del partido”, señala Amylkar Acosta, exministro de Minas con Juan Manuel Santos. Enel también desistió en 2023 de construir el parque Windpeshi justificándose en “la imposibilidad de garantizar los ritmos constructivos del proyecto”.

El abandono de estas construcciones energéticas impactan negativamente a La Guajira, lamenta Acosta. “Se siente en el empleo y los ingresos. Se cierra una ventana de oportunidad de convertirse en el hub energético más importante del país y por esta vía depender menos de la actividad extractiva” (como el carbón, extraído especialmente en la mina de El Cerrejón). El experto apunta que hay un espectro más amplio de energías limpias que el Gobierno debe reforzar, como la geotermia o la biomasa, claves en la transición energética. “El Ejecutivo ha caído en una trampa y no gestiona el impulso de las demás fuentes”.

La percepción internacional de la gestión de las renovables mejora pero no despega. En 2022, Colombia se encontraba en el puesto 29 de los 120 países dentro del Índice de Transición Energética del Foro Económico Mundial, de referencia en el sector y que lideran los países nórdicos. En 2023, cayó 10 posiciones y el año pasado se recuperó hasta alcanzar el sitio 35.

El reto de cumplir con los compromisos de Petro recae sobre Andrés Camacho, ministro de Minas desde agosto de 2023, tras la salida de Irene Vélez, muy criticada por los opositores del Gobierno por defender la “descarbonización de la economía” y el decrecimiento de los países desarrollados. Camacho aseguró en una entrevista con EL PAÍS recién llegado en el cargo, que la transición “implica ir dando pasos progresivos de manera planificada” y que acoja la industria de los hidrocarburos, una postura más matizada que la que defendía su antecesora.

El experto Pabón rescata que, contrario a las proclamas de Petro, la transición energética es un logro de varias administraciones, pasando por la de Juan Manuel Santos hasta la de Iván Duque. “El Gobierno Duque hizo realidad las subastas de energía renovable y se sacaron importantes leyes de cambio climático. El Ejecutivo de Petro ha seguido ejecutando los proyectos, pero con el toque personal de darle más participación a la gente del común en este gran mercado”, expone. “En Colombia hay una coherencia en cuanto a la diplomacia ambientalista y eso hay que recalcarlo”. El desafío de Petro será que en los meses que le quedan de mandato pueda sellar su nombre como el presidente que dio un vuelco verde al sector energético.