Las nuevas funciones ambientales de las autoridades indígenas encienden un debate en Colombia

Faltaba una semana para el inicio de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Biodiversidad COP16 en Cali, cuando el presidente Gustavo Petro firmó, junto a su ministra de Ambiente, Susana Muhamad, y al encargado de Interior, Gustavo García, el decreto que permitirá a las organizaciones indígenas ejercer como autoridades ambientales en sus territorios. Con la firma presidencial, la misión de establecer restricciones y medidas para proteger los recursos naturales y de sancionar a quienes las incumplan dejará de ser exclusiva de las 33 Corporaciones Autónomas Regionales y de Desarrollo Sostenible (CAR), y de las secretarías de ambiente de las grandes ciudades.

Las nuevas autoridades acompañarán a esas entidades y a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) como responsables de otorgar licencias ambientales para proyectos que puedan deteriorar el ambiente o modificar el paisaje. Esas instituciones también son las que otorgan concesiones para el uso y aprovechamiento de agua o permisos para talar árboles, para cazar ciertas especies o para ocupar cauces, playas o lechos. Y son las que pueden investigar a quienes incumplen los reglamentos ambientales y sancionar con multas u órdenes para compensar o reparar posibles daños.

Para el presidente Petro ampliar ese poder a las comunidades indígenas, además de defender la visión del equilibrio entre el ser humano y la naturaleza, reivindica la lucha por la libertad de los pueblos ancestrales. Desde la firma del decreto, el jefe de Estado anticipó que la nueva norma levantaría discusión. “Hasta intentarán tumbarlo los que se creen monárquicos, porque dirán: “Uy, ¿cómo? ¿Los indígenas tendrán autoridad ambiental?’ Y nuestras instituciones aristocráticas que viven robándose la plata, ¿qué?”, sostuvo ante la Mesa permanente de concertación de los pueblos y organizaciones indígenas de Colombia, una instancia de discusión y seguimiento de acuerdos entre los indígenas y el Gobierno.

La Asociación de Corporaciones Autónomas Regionales (Asocars) ha anunciado que demandará el decreto. Alega que es ilegal, pues solo se podía hacer a través de una ley que apruebe el Congreso de la República. El presidente lo había previsto. “Si lo tumban una vez, volverá a hacerse, y volverán quizás, y hasta que los derrotemos. Porque nadie puede enseñarle a cualquier colombiano y a cualquier institución colombiana o latinoamericana cómo se construye el equilibrio vital entre ser humano y naturaleza [mejor] que los pueblos indígenas de Colombia y de América”, expresó ante la Mesa.

El decreto permite a las autoridades indígenas formular y desarrollar instrumentos de regulación y gestión ambiental en sus territorios. Eso significa que en el futuro Colombia podrá tener planes de ordenamiento ambiental indígena que protejan o recuperen diferentes ecosistemas, con la particularidad de que responderán a su cultura.

También podrán sancionar autónomamente a miembros de sus comunidades, siguiendo sistemas de justicia propia. La dificultad inicia con otros responsables. “En caso de infracciones cometidas por personas que no estén bajo la jurisdicción indígena, la autoridad ambiental competente coordinará con la autoridad indígena respectiva la imposición de las sanciones y medidas compensatorias a que haya lugar, así como las obras o acciones para la restauración del medio ambiente, los recursos naturales o el paisaje”, señala la norma.

Para Asocars, las directrices para la coordinación entre las autoridades indígenas y las demás entidades que trae el decreto no bastan para evitar choques. El director de la asociación, Yesid González, advierte que se atomizará más el ejercicio de la autoridad ambiental, generará inseguridad jurídica y causará confusión. “Tiene que haber mucha claridad en los alcances. En regiones donde hay problemas por el territorio, por la tierra, por los recursos naturales, puede generar más conflictos socioambientales”, afirma en conversación con EL PAÍS.

El líder gremial precisa que ya existen múltiples ejemplos de articulación y coordinación de diferentes CAR con organizaciones indígenas para la protección del medio ambiente. “No es que no se venga trabajando [con las comunidades indígenas] ni que no se pueda trabajar, sino que creemos que el decreto no se ajusta a la normatividad existente”, asegura.

El debate jurídico está cruzado por los cuestionamientos por clientelismo y corrupción que han salpicado a las CAR durante años, y que ha recordado el presidente al presentar el decreto. “No han demostrado ser instrumentos de cuidado de la naturaleza, sino lo contrario, vía corrupción se han arrodillado a la codicia, y esa codicia ha entregado nuestra hermosa naturaleza a la destrucción”, ha dicho sobre ellas. La asociación se defiende: “ese tipo de afirmaciones en vez de unir hace que tengamos más desconfianza institucional y muchas veces se haga más complejo el ejercicio de autoridad ambiental y de toda la articulación con el Gobierno y las comunidades”, añade González Duque.

Entre tanto, la ministra de Ambiente, Susana Muhamad, ha explicado que el Sistema Nacional Ambiental, que articula a las instituciones estatales, no perderá competencias, sino que ganará a los indígenas como principales aliados de la conservación. “Van a definir planes ambientales para su territorio de acuerdo a su conocimiento, van a hacer regulaciones para sus poblaciones de cómo se utiliza y administra el territorio en la lógica de la conservación, todas las potestades que adquieren es para la conservación y protección del medio ambiente en sus territorios, pero con autoridades que ahora se sientan a hablar de tú a tú”, indicó.

Gerardo Jumi, consejero general de la Organización Nacional Indígena de Colombia, la mayor organización de estos pueblos en el país, considera que definir esas competencias es un hecho histórico que reconoce sus capacidades. “Somos el 4,4% de la población, unas 2,3 millones de personas, y estamos protegiendo el 80% de la biodiversidad del país. Bosques, ríos o páramos están en los territorios indígenas y por eso es importante que se les dé la capacidad para autogobernarse y preservar el medio ambiente. Si son los propietarios, cuidanderos, también deberían tener hace muchos años las herramientas jurídicas que apenas se les está reconociendo”, expresa.

Juan Carlos Preciado, asesor legal de la fundación Gaia Amazonas, una ONG colombiana que trabaja por la protección de la Amazonía, aclara que el decreto es un aporte, pero no da vía libre a las entidades territoriales indígenas, una figura consignada en la Constitución desde 1991 y que les otorgaría autonomía política, jurídica y administrativa a través de gobiernos propios, como los que ejercen las alcaldías en más de 1.100 municipios y distritos o las gobernaciones en 32 departamentos del país. “Avanza hacia la configuración de las entidades territoriales, entendiendo que estos desarrollos sectoriales son necesarios para configurar ese marco completo que permita la coordinación efectiva entre los autores indígenas, sus ámbitos de gobierno y las demás instituciones del Estado”, subraya.

El decreto establece que el Ministerio de Ambiente coordinará con las entidades del Gobierno nacional y con la Mesa permanente de concertación de los pueblos y organizaciones indígenas, en los próximos seis meses, los mecanismos para garantizar los recursos que abran camino a las competencias ambientales de las autoridades indígenas.