La justicia no resuelve las decenas de desapariciones de Cartago: “Vine a Bogotá a ver si el fiscal espabila”

Entre más duro sonaban los pitos, más duro gritaba Juan Pablo Rendón. Cuando sentía que no podía contener las lágrimas, le pasaba el parlante a Lina Gómez. Cuando ella se desmoronaba, se lo pasaba a Jackeline. Y así seguían, hasta que todos clamaban por justicia ante los ojos curiosos — o rabiosos — de taxistas, motociclistas y transeúntes que pasaban por la avenida de La Esperanza, frente al búnker de la Fiscalía General de la Nación. En plena hora pico, en la mitad de una vía que conecta el oriente con el occidente de Bogotá, se atravesaban padres y madres de jóvenes recientemente desaparecidos en Cartago, Valle del Cauca. Cada uno sostenía un cartel con la foto de su hijo y leyendas como “desaparecido”, “no más impunidad”, “queremos la verdad”. Solo había un cartel diferente, que en lugar de una fotografía tenía un 26: el número de desapariciones que, denuncian, han ocurrido solo en último año en un municipio con poco más de 140.000 habitantes. Salen por ellos, y por muchos más.

Juan Pablo se sabe la historia de cada uno de esos 26 jóvenes, las víctimas más recientes. Señala una foto y cuenta en detalle cuándo y cómo desapareció, si su cuerpo fue hallado o no. Cada historia es más espantosa que la anterior. “A ella la empalaron, a él lo tiraron a un río, él lleva ocho meses desaparecido, a ellos se los llevaron juntos”, explica sobre cada rostro. A muchos los conocía porque Cartago es un municipio pequeño, pero además, desde que su hija Daniela Santiago Díaz fue asesinada junto a su novio Nicolás Aristizábal, en junio de 2023, él y Lina, la madre de Nicolás, se han convertido en una suerte de detectives. Sus misiones: obtener justicia para sus hijos y que la juventud cartagüeña esté a salvo. Esas misiones les han costado, a ellos y a la mayoría de padres y madres que se han unido con los mismos fines. Al menos una decena ha tenido que huir, desplazados, de Cartago.

Entre ellas está Jackeline Gazo. Su hijo Daniel Esteban Gazo está desaparecido desde el 25 de septiembre de 2021, cuando tenía 20 años. Es uno de los tantos que llevan la cifra a más de 26 víctimas. Jackeline recuerda que el miedo la consumió hasta que conoció la Asociación de Madres de Cartago, en 2023, y sacó fuerzas para empezar a indagar por el paradero de su hijo. Fue entonces que empezó a recibir amenazas, en las que le advertían que “estaba hablando mucho”. Tiene otra hija y, para protegerla, huyó. “Vine a Bogotá para ver si así logro despabilar al fiscal de Pereira [la capital más cercana a Cartago] que no le responde ni a la abogada”.

En el exilio se encontró con Lina, quien encabeza la asociación y se ha vuelto un referente de las buscadoras en Cartago. El caso de Nicolás y Daniela tuvo una importante visibilidad mediática en su momento, pero Lina sostiene que eso no se ha traducido en justicia. Ella y Juan Pablo cuentan que ellos han empujado el proceso penal de los jóvenes, que contrataron maquinaría de excavación y se echaron al hombro la búsqueda de los cuerpos en una laguna. Allí los encontraron, amarrados de manos y pies, ella con signos de violencia sexual y una piedra de 30 kilos encima.

Contra el olvido y la estigmatización

Sobre los jóvenes asesinados y desaparecidos ha recaído algo que para sus padres puede ser más doloroso que la misma impunidad: el prejuicio. Sin enseñarle pruebas de ello, distintos funcionarios les han sugerido a varios padres que sus hijos tenían nexos con bandas criminales y que por eso los habían asesinado. Por ejemplo, Jackeline cuenta que el fiscal del caso le aseguró que Daniel Esteban fabricaba la droga conocida como tusi. Los padres se duelen en que la hipótesis para explicar los crímenes es que un joven asesinado o desaparecido seguramente estaba en actividades ilegales.

Cansados de las dilaciones y el estigma, Jackeline, Lina, Juan Pablo y otras madres se rebuscaron los recursos para viajar a Bogotá y hacerse escuchar en la capital. Aterrizaron el miércoles pasado y su primera parada fue la Plaza de Bolívar, se pararon a exigir justicia en frente del Congreso. Duvalier Sánchez, congresista verde de su departamento, los hizo ingresar, conversó con ellos y les prometió abrir un espacio para discutir la crisis humanitaria de Cartago. Lina es escéptica de esas promesas, ha perdido la fe. “Tenemos hasta una medida cautelar de la CIDH”, apunta con desespero, en referencia a una decisión de diciembre pasado para el caso de Nicolás y Daniela. Nada ha sido suficiente. El proceso judicial sigue estancado, ella sigue desplazada. “Yo no he hecho nada malo. ¿Por qué tengo que seguir escondiéndome?, se pregunta.

Las madres ya lo habían intentado, hace un año, en otra manifestación. Este periódico se comunicó con el Ministerio de Interior, una de las instituciones que se reunió entonces con ellas. La entidad explicó que desde hace meses le pidió a la Procuraduría que investigue a Víctor Álvarez, alcalde de Cartago cuando Nicolás y Daniela desaparecieron, por presuntas omisiones y revictimización a las familias, que han cuestionado duramente el actuar de Álvarez porque, sin autorización de la Fiscalía, ordenó tapar el cuerpo de agua donde fueron encontrados los cadáveres. Explican que en ese lugar puede haber restos de otros desaparecidos. La Procuraduría abrió una indagación en contra del exalcalde, que sigue en curso.

Una guerra reciclada

Juan Pablo le llama a Cartago “el pueblo del silencio”. En este municipio hace años reina el miedo, primero impuesto por el extinto Cartel del Norte de Valle y luego por las bandas que lo reemplazaron, como Los Flacos. Ese grupo trabaja con La Cordillera, una estructura ilegal más grande, fundada por antiguos integrantes de las Autodefensas Unidas de Colombia, que opera en el vecino Eje Cafetero y fue acusada por el ahora presidente Gustavo Petro de tener un plan para asesinarlo durante su campaña. A la ecuación se suma otro grupo, Nueva Generación, que nació como una escisión de Los Flacos, y que ha ido ganando poder en Cartago. Los dos se disputan las rentas de la economía ilegal en una ciudad en la que tiene sede el Batallón Vencedores del ejército.

Las decenas de desapariciones y homicidios producidas pro esa guerra han traído reminiscencias terroríficas entre los cartagüeños. Además, los padres y madres explican que cada vez son más las historias de niñas menores de edad asesinadas, y sus cuerpos muestran señales de violencia sexual, como en las peores épocas del paramilitarismo de los dosmil. “Esos delincuentes tienen costumbres de violadores. Se enamoran de las niñas, las raptan; cuando tienen novio, se los llevan a ambos y los matan”, describe Juan Pablo.

La Defensoría del Pueblo ha alertado al Ministerio del Interior sobre la crisis humanitaria desde agosto de 2022. En ese entonces, le remitió una alerta temprana por el riesgo de vulneración de los derechos humanos en Cartago y los vecinos Ansermanuevo y El Águila, y la situación no cesa. Pocos días antes del cierre de esta nota, dos menores de edad desaparecieron. Para Lina, esas noticias son derrotas, porque se juró que haría lo imposible porque ninguna otra mamá sintiera su angustia, esa que no la deja dormir.

Eso mismo le reclamaba con rabia a los funcionarios de la Fiscalía de Bogotá que, tras el bloqueo, a la vía salieron a atenderlas. Sin saberlo, le daban la razón a Juan Pablo cuando interpelaba a un conductor que le pedía que se quitara y lo dejara pasar. “Hermano, es que esta es la única forma para que nos escuchen. Pudo ser su hijo”, le expresaba, mientras una señora que esperaba un bus asentía a sus palabras.

Con recelo, esa tarde bogotana, todas las madres les repitieron a los funcionarios los hechos que se saben de memoria. Luego, como otras veces, hubo compromisos. Al día siguiente, viernes, las mujeres se iban de Bogotá. La mayoría, de vuelta a casas que no sienten que sean sus hogares, sino sus destierros. Unas pocas a Cartago, donde viven escondidas. Antes de irse, se unieron a una marcha en conmemoración por el Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada. “Si me tienen que matar, que me maten”, asevera Lina. Jackeline apunta a que no solo las une el dolor, sino también la fuerza inconmensurable de unas madres que no están dispuestas a callar.

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