Mujeres buscadoras: una lucha que quiere ser ley en Colombia

Desde hace semanas, Yanette Bautista tiene listo el bolso para salir corriendo al Congreso de la República. Anda pendiente del teléfono por si llega el momento en el que los congresistas colombianos deciden, por fin, poner en primera línea el proyecto de ley que ella lidera y ha sido su vida entera: el que promueve los derechos de las mujeres que buscan desaparecidos. Cada día, algo se interpone, este miércoles, cuando era el primer asunto a discutir, fueron los paros de taxistas. El proyecto baja en el orden del día o se aplaza, como si la desaparición forzada fuera algo que no importara, fuera algo mínimo, cuando las cifras más conservadoras hablan de 120.000 desaparecidos, y la Comisión de la Verdad la cifra en 200.000 víctimas. “Tenemos el récord de América Latina”, enfatiza Yanette en la sede de su fundación en Bogotá.

En 1987, ella era secretaria ejecutiva en una multinacional y la lucha por los derechos humanos no estaba en su proyecto de vida. Eso cambió el 30 de agosto de ese año, cuando su hermana Nydia Erika fue desaparecida por miembros del Ejército el día de la primera comunión de su hijo de 12 años. Nydia era militante del M19 y fue llevada por hombres armados de la Brigada XX hasta una finca donde la tuvieron en cautiverio, la torturaron y agredieron sexualmente. Su cuerpo apareció días después en una carretera cercana a Bogotá. Fue sepultado como no identificado y, la familia solo pudo tener certeza de su identidad más de una década después. La lucha por la justicia aún no termina. Los victimarios siguen libres.

“La desaparición forzada de mi hermana me puso contra una realidad que nunca imaginé que existiera y en otro camino para seguir, porque habiendo conocido esa realidad no podía trabajar como si no pasara nada en este país. No volví a ser la misma”, cuenta Yanette, hoy de 66 años, en la sede de la Fundación Nydia Erika Bautista que creó para luchar contra la impunidad y que agrupa a mujeres buscadoras. A su oficina se llega después de entrar a Revoltosas, una tienda de ropa y productos de joyería con los que sobreviven estas mujeres, y es un salón luminoso en el que destacan imágenes de las protestas de más de tres décadas. Una de ellas recuerda que hay más desaparecidos en Colombia que bajo la dictadura de Augusto Pinochet en Chile y remata con una frase que interpela a la sociedad: “¿Y a quién importa?”.

La indiferencia, dice Bautista, es la tercera pata de la impunidad en la desaparición forzada. Las otras dos, afirma, son la negligencia de la justicia, que cumplió un rol en las violaciones de derechos humanos; y los medios de comunicación, que no visibilizaron la dimensión de este crimen de lesa humanidad. Por eso, cree que es hora de que en Colombia haya una ley que proteja de manera integral a las mujeres que siguen buscando, para que sean consideradas sujetos de especial protección constitucional y constructoras de paz. Dice mujeres, porque el 95% de quienes buscan son madres, esposas, hermanas e hijas; el otro 5%, son padres.

¿En qué consiste la ley?

En la práctica, el proyecto pretende que el Estado atienda con prioridad lo que les pasa a las mujeres que buscan desaparecidos durante sus investigaciones. No es poco. Sufren amenazas, secuestros, extorsiones, represalias, reclutamiento de sus hijos menores o violencia sexual a las niñas que se quedan desprotegidas mientras sus madres buscan a otros hijos e hijas, luchan por recuperar los cuerpos, darles sepultura y evitar la impunidad. La misma Yanette sufrió amenazas de muerte y tuvo que exiliarse.

De esa manera, apuntan a que la Unidad Nacional de Protección priorice las amenazas que reciben; y que, al ser consideradas constructoras de paz, tengan voz en las negociaciones que avanzan en la paz total, el proyecto del actual Gobierno para lograr negociaciones simultáneas con distintos grupos armados.

El proyecto de ley, que pasó en primer debate en mayo y este martes llegó por fin a la plenaria de la Cámara de Representantes, es el trabajo de ocho organizaciones de mujeres. Se sustenta en informes que ellas entregaron a la Comisión de la Verdad, creada tras los acuerdos de paz entre el Estado y las extintas FARC, incluyendo uno que indica que en cada familia hay dos personas buscadoras, por lo que suman unas 400.000 personas. “Una desaparición forzada afecta en promedio la vida de entre cinco y diez familiares por víctima, y si sumercé mira la cosmovisión indígena y la negra y su concepto de familia extendida, el universo de afectados puede ser más grande y llegar a 2 millones de personas”, dice Yanette mientras toma notas para responder a cada pregunta con detalle.

La vida económica de las mujeres buscadoras es, a menudo, invisibilizada. Muchas pierden sus empleos por priorizar la búsqueda de sus seres queridos, abandonan sus estudios, son desplazadas y malviven. A mejorar esa situación le apuestan también con la ley que, sin embargo, no tendría un impacto fiscal para el Estado, porque las incluye en las instituciones y políticas públicas existentes. “No pedimos que las mujeres buscadoras tengan mejor trato que los demás, pero sí uno prioritario. Que estas mujeres puedan soñar con entrar a la universidad, tener una vivienda digna, salud, pensión” agrega. Ella misma ha dedicado su vida a la búsqueda y, aunque es una lideresa reconocida en el mundo- ha Ganado el Premio Shalom de la Universidad Católica de Eichstätt (Alemania) y el de Derechos Humanos de Amnistía Internacional, entre otros- no tendrá pensión.

Después de años de protestar y remar, decidieron escribir y plasmar propuestas concretas. Lo han hecho con asesoría técnica de la Oficina de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), la Comisión Interamericana de DDHH, Pastoral Social y la Embajada de los Países Bajos. Uno de los artículos plantea que tengan beneficios en las matrículas para acceder a educación superior y créditos para sus familiares, lo mismo que acceso a proyectos de vivienda y medidas específicas para atender los múltiples problemas de salud que se han agravado por las violencias que han sufrido en la búsqueda.

Otra de las claves del proyecto son la creación de un Registro Único de Mujeres Buscadoras de Víctimas de Desaparición Forzada, para que la Unidad de Reparación Integral a las Víctimas tenga información precisa sobre ellas; y las medidas de sensibilización social acerca de la desaparición forzada. “Si la sociedad reaccionara o sintiera vergüenza por este delito y se sumara a nuestra lucha, al menos no estaríamos tan solas. Así hemos estado por mucho tiempo”, concluye Yannette Bautista, que estaba a la espera de que este miércoles su proyecto de ley y de vida fuera el primero en importancia en el Congreso y en el país. A última hora, los congresistas les cancelaron la cita a las Mujeres Buscadoras.

Suscríbase aquí a la newsletter de EL PAÍS sobre Colombia y reciba todas las claves informativas de la actualidad del país.