Puñaladas, homicidios y amenazas: los médicos rurales denuncian las condiciones indignas en que ejercen su labor

Marta* advierte que se le va a quebrar la voz, como si tuviese que justificar su desilusión. “Es muy frustrante pensar que la vocación puede costarnos la vida”, reflexiona. Es médica y desde hace alrededor de un año se ha concentrado en hacer visibles las agresiones que sufren sus colegas al realizar el servicio social obligatorio (SSO) en zonas rurales del país en el último año de su pregrado. Con una colega formó el colectivo “SOS Médicos-SSO”, que ha recibido cientos de testimonios de violencias y maltratos infligidos tanto por pacientes como por médicos y docentes. Muchos de ellos tienen semejanzas con lo que vivió Catalina Zuluaga como residente de cirugía de la Universidad Javeriana antes de su suicidio, ocurrido hace un mes y que desató una oleada de denuncias sobre las condiciones laborales y educativas de los profesionales de la salud.

“No es la primera, pero sí debe ser la última”, expresa Marta refiriéndose a Catalina. Aclara que no quiere sonar insensible, pero en su gremio no sorprendió lo ocurrido, pues el suicidio, dice, es cada vez más recurrente entre el personal sanitario. Cuenta que se convirtió en una activista a favor de los médicos que sufren la situación más compleja e invisibilizada de todos los doctores. El servicio social obligatorio, más conocido como “rural” por la tendencia histórica a llevar a jóvenes urbanos a zonas menos pobladas, es un requisito para recibir la tarjeta profesional. Los médicos que se gradúan deben presentarse a una suerte de lotería que realiza el Ministerio de Salud en la que se define quiénes deben realizar el servicio y dónde.

A Cristian Camilo Julio le tocó la plaza de El Bagre, Antioquia, en 2018. Pocas semanas antes de culminar los 12 meses del rural, un sicario lo asesinó. Ese mismo año, mientras hacía su rural en Argelia, Cauca, Sebastián Reina desapareció; tiempo después fue encontrado sin vida. Años antes, en 2013, Édgar Torres Prestán también desapareció durante su práctica rural en el municipio de Palestina, en el Chocó. Aunque las desapariciones y los homicidios son la cara más crítica, no han sido las únicas violencias denunciadas por los médicos rurales. En enero de 2024 se hizo viral el caso de varios médicos que trabajan en Zapatoca, Santander, quienes fueron amenazados de muerte en correos electrónicos. Una de ellas resultó apuñalada en el parqueadero del hospital por dos individuos con cascos que la hirieron con un bisturí.

Marta tampoco fue ajena a ese panorama. En donde prestó su servicio social, que se mantiene en reserva por su protección, ya había sido asesinado un médico años antes de su llegada. Cuando ella decidió denunciar algunas de las negligencias de la Institución Prestadora de Salud en la que trabajaba, como el desabastecimiento por varios días de medicamentos indispensables, entre otras, recibió amenazas y terminó despedida. “Es muy frustrante porque te gradúas llena de sueños para, después, darte cuenta de que no hay ningún mecanismo que vele por ti. Estás sola y obligada a terminar el rural, así tu vida esté en riesgo”, sostiene. “Nosotros lo único que exigimos constantemente son condiciones básicas para ejercer: servicios básicos, agua potable, una camilla”, agrega.

Marta señala que las malas condiciones y los malos tratos se extienden más allá de los actores armados o las deficiencias en las infraestructuras, pues sufren de la violencia que ejercen profesores y compañeros. Apunta a que la presunta situación de acoso y presión que vivió la residente de cirugía de la Javeriana es la regla, y no la excepción. Justamente, la sección del Valle del Cauca de la Asociación Nacional de Internos y Residentes (ANIR) hizo una encuesta sobre las situaciones de violencia contra médicos en formación y de los 130 testimonios que recibieron, el 42% denuncia haber sufrido acoso sexual por parte de docentes. Es una suma de violencias de un lado y del otro.

Sin respuestas

“La muerte por suicidio y la opresión a una residente solo muestra el impacto neoliberal de un sistema que ya no reconoce el derecho del ser humano”, escribió el presidente Gustavo Petro en su perfil de X, tras la conmoción que causó el suicidio de la doctora Gutiérrez. Aun así, su declaración no concuerda con lo hecho por su Gobierno, que ha recibido numerosas quejas por amenazas y agresiones a los médicos rurales, pero las respuestas de sus funcionarios han sido pocas y polémicas, según los gremios del sector.

Por ejemplo, hace un año Edilma Suárez, para entonces directora de Desarrollo del Talento Humano del Ministerio de Salud, generó una amplia molestia. En un vídeo institucional, aseguró que las enfermedades de salud mental no son un exonerantes para hacer el rural, aunque sí para ejercer la profesión. Para la Asociación Colombiana de Psiquiatría fueron palabras estigmatizantes. “No estamos de acuerdo con que la amenaza a los médicos en retirarlos de su loable labor, por alteraciones en su salud mental, contribuya a mejorar la situación”, se lee en un comunicado público.

La comunidad médica también había buscado que, a través de Suárez, el Ministerio tomara medidas para proteger de amenazas y malos tratos al personal sanitario. Pero la funcionaria salió del cargo, según el periódico El Colombiano, por diferencias con el ministro Guillermo Alfonso Jaramillo en temas relacionados con el rural. A su lugar llegó José Alexis Mahecha, antiguo jefe de inteligencia del extinto Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), del cual fue despedido tras un escándalo por interceptaciones ilegales al medio santandereano La Vanguardia. Mahecha no tiene experiencia en el sector salud.

Para Marta todo esto demuestra el desinterés por cuidar al gremio médico, lo que tiene un impacto directo en los pacientes. “Nuestras exigencias no solo tienen que ver con los profesionales médicos, sino con nuestros pacientes. Lo que reclamamos es lo que merecen las personas a quienes tratamos”, asegura, mientras recuerda cómo algunos colegas suyos han tenido que trabajar en hospitales donde apenas hay un par de guantes para todo el equipo o una camilla para todo el centro médico.

Teme que los futuros médicos se desanimen a continuar en la carrera, o que los que ya se graduaron opten por no ejercerla, o no en Colombia, algo preocupante en un país con necesidades estructurales en salud. En su caso, las experiencias han sido tan traumáticas que ella misma optó por trabajar en escenarios más administrativos. “Hay gente que tiene que transformar sus sueños para estar sano mentalmente o para continuar vivo. Y, aunque no es lo ideal, me he dado cuenta de que eso es válido”, cuenta.

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