Crece la tensión entre Petro, las energéticas y un millonario del sector por la costosa factura de la luz

Al tiempo que los colombianos presencian, en cámara lenta, cómo la factura de la luz se dispara como un cohete, una de las grandes comercializadoras de energía en Colombia se ha lanzado contra los gigantes del sector. Se trata de Air-e, la poderosa energética con el 15% de participación total en el mercado, en los norteños departamentos del Atlántico, Magdalena y La Guajira. Su reciente denuncia ante las autoridades antimonopolio, por una presunta “cartelización” de algunas empresas productoras de energía, es solo un capítulo más dentro de una montaña de señalamientos previos. El lío se explica con una palabra: desconfianza. Y el otro golpe lo ha asestado el presidente, Gustavo Petro, quien cuestionó en su discurso del 20 de julio la fórmula para establecer la tarifa: “Nos están ordeñando literalmente”.

Fue el propietario de Air-e, el magnate Alberto Ríos Velilla, hombre de negocios, mediático y allegado a facciones del derechista Cambio Radical, quien primero se posicionó en el centro del debate. Una de sus últimas movidas ha sido interponer, a través de sus abogados, una solicitud de investigación ante la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) debido a sus sospechas de que la red de generadoras, encargadas de producir la energía en las centrales, ha actuado de forma anticompetitiva.

A su juicio, ha habido un pacto tácito, o “paralelización” entre ellas, para vender más en la Bolsa de Energía de Colombia, donde se tranza a diario un promedio de entre el 15% y el 20% de la electricidad que se consume en el país: “Lo fácil es ir a la Bolsa porque la puja les garantiza un precio mucho más elevado, que se termina trasladando a los consumidores”, detalla por teléfono el penalista Jaime Lombana, uno de los abogados de Air-e. En efecto, la energía que no se vende en la bolsa sino con contratos de compra a largo plazo, es sustancialmente más económica para las comercializadoras y los usuarios.

A su vez, el presidente Gustavo Petro ha puesto en pie de guerra a los observadores del sector. En su discurso del 20 de julio también aseguró que “el más ineficiente pone el precio de la energía eléctrica, y los más eficientes, al poner el precio ineficiente, tienen sobreganancias que alcanzan cifras de cuatro o cinco billones de pesos al año, que no son ganancias productivas sino las transferencias que van de la industria de la agricultura, y de la familia colombiana, en forma de renta a los propietarios de estas grandes generadoras eléctricas”.

Petro responsabiliza en concreto a la estatal Comisión de Regulación de Energía y Gas, CREG, independiente del Ejecutivo y eje básico del sector porque establece la fórmula de cobro de la luz. Según el mandatario, la mayoría de los 6 comisionados que la han integrado vienen y van desde el sector privado para defender los intereses empresariales en una institución que es pública. “La ha responsabilizado de la situación. Pero también la ha tornado inoperante”, explica el exministro de Minas y Energía Amylkar Acosta, en referencia a los tropiezos en la designación de los comisionados que corresponden al Ejecutivo.

El amenaza del apagón

El conflicto y las declaraciones cargadas de veneno han soterrado los argumentos técnicos. Más de un experto se atreve a vaticinar que el país podría estar caminando como un sonámbulo hacia un terreno más crítico. Algunos resucitan el fantasma de la palabra “apagón”. Otros, la descartan de tajo y retiñen que el país tiene capacidad suficiente para evitarla. Pero mientras las costuras del modelo energético resisten, el presidente de la Empresa de Energía de Bogotá, Juan Ricardo Ortega, propone una mirada atrás en la cronología para comprender mejor los “dolores acumulados”.

La pandemia supuso el primer gran dique de contención para el sector. El presidente Duque decretó por entonces un salvavidas tarifario, que congelaba y difería el pago de los recibos, para aliviar momentáneamente el bolsillo de millones de colombianos. El déficit de las comercializadoras, algunas de las cuales son públicas y cuya tarea consiste en comprar en el mercado mayorista y vender a los usuarios, se agigantó y atenazó sus finanzas. Cuando el país recobró la normalidad, el grito de auxilio se convirtió en urgencia. Con la llegada del nuevo Gobierno de izquierdas la situación se ha tornado algo más brumosa.

Petro trató de proteger a los consumidores, en teoría, de la subida abrupta que se habría causado al cobrarles lo que dejaron de pagar por meses. “Lo que sucedió en realidad es que les crearon una deuda a los consumidores sin explicarles bien que les habían creado una deuda con intereses del 6%”, precisa Ortega. Una situación que sigue su curso. Empresas distribuidoras como Air-e, cuyo negocio recién echó a andar en octubre de 2020 en reemplazo de la polémica Electricaribe, tuvieron que asumir de su bolsillo las billonarias deudas de los colombianos a precio de mercado.

Un informe de la gestora y consultora XM, empresa que justamente maneja la Bolsa de Energía, ya alertaba en octubre del año pasado que una treintena de comercializadoras desfilaba por el abismo ante la falta de liquidez. Para rematar, la guerra de Ucrania, en febrero de 2022, y el bloqueo del Canal del Suez por un barco encallado, dispararon los precios al productor.

A todo lo anterior se ha sumado el incremento de la inflación de energía y las subidas al precio del galón de gasolina: “Los servicios públicos, al igual que en el resto del mundo, no han escapado al brote inflacionario de los dos últimos años, y en Colombia las tarifas han subido por encima de la inflación global”, zanja Amylkar Acosta. Basta con revisar el bloque estadístico denominado de “Energía” para certificar que el único renglón cuyos costos no han parado de subir en las últimas mediciones mensuales del DANE es el de “electricidad”.

Una sumatoria de hechos que se mezclan en la misma ensaladera con los argumentos esgrimidos por un puñado de empresas que piden más y mejor competencia, gremios que defienden el accionar de su propia parcela y un Gobierno que desconfía de la esfera privada. “Durante 3 años el precio de la generación de energía creció brutalmente. Fue un índice con un comportamiento totalmente anómalo”, recalca Ortega, quien evidencia que, en realidad, se trata de la concatenación de todos los males sobre la red eléctrica colombiana.

El único bálsamo a la mano

El Gobierno de Gustavo Petro flexibilizó recientemente las normas tarifarias de la Administración Duque y permitió que las comercializadoras añadieran a la factura el cargo que tenían pendiente los consumidores. Air-e inyectó, por ejemplo, incrementos legales de hasta el 23% en los recibos para recuperar los estragos económicos de la pandemia. La peor parte se la han llevado los ciudadanos de la costa Caribe colombiana y su extendido uso de múltiples servicios de refrigeración: “El panorama no puede ser más desolador para los consumidores [en la costa], incluyendo a los industriales, en materia de costo y calidad del servicio”, se lamenta a través de mensajes de texto el consultor en temas energéticos Carlos Arturo Diago.

Por eso pocos dudan de que la decisión de Alberto Ríos, un viejo conocido del sector que vendió su participación en Enertolima por 512 millones de dólares en 2019, ha supuesto un empujón inflacionario difícil de rebatir. Y con su poderío económico ha vuelto a agitar las aguas reflotando el debate pendiente sobre la falta de competencia en el mercado. Lo subraya Diago, que formó parte de la Junta Directiva de Electricaribe. Sus reclamos apuntan hacia lo que etiqueta como “oligopolio” en casi todas las líneas del sector eléctrico colombiano. Una cuestión que ha impactado “negativamente en la calidad del servicio y tarifas onerosas”.

“Ahora se anuncia, nuevamente, una baja de las tarifas en la región Caribe del 4%, cuando el aumento de enero de 2023 a enero de 2024 fue del 31%. Para ello, el Gobierno nacional asumirá la deuda contraída por parte de los usuarios con las empresas distribuidoras (…)”, escribe Acosta en un artículo del 8 de julio. Pero para que esto se materialice aún falta que el anunciado proyecto de ley de servicios públicos del oficialismo sea aprobado en el Congreso.

Y es que las quejas sobre el rezago en inversión e infraestructura son casi unánimes. Algunos lo describen como un círculo vicioso porque las estrecheces financieras se traducen en desconfianza general. Algunos generadores, por ejemplo, se muestran renuentes a firmar contratos de energía bilaterales a largo plazo, debido a los escollos para soportarlos bien y con garantías de pago sólidas. Por su parte, el camino alterno de la Bolsa de Energía, donde la volatilidad de los precios este año ha sido grande debido a las sequías, resulta sin duda complejo y ha sido blanco de suspicacias.

A pocos se les escapa en este clima, para rematar, que el sistema energético se halla en un estado de “estrés” debido a la estrechez entre oferta y demanda. Los datos señalan que el consumo viene creciendo por encima del 7% mientras que la oferta solo lo hace un 2%. El único bálsamo a la mano, concluyen las fuentes, es mayor inversión para mejorar la salud financiera de los operadores públicos y privados. También para que el mercado se haga más atractivo y entren más generadoras a un terreno comandado, básicamente, por tres actores: Empresas Públicas de Medellín (EPM), ENEL e Isagen.

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