Igualdad, el Ministerio que tropieza en sus primeros pasos

El 20 de junio de 2022, un día después del triunfo de la izquierda en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, la vicepresidenta Francia Márquez reiteraba una de sus promesas de campaña: liderar y consolidar una nueva cartera enfocada en las minorías desfavorecidas. “Vamos a crear el Ministerio de la Igualdad. Yo vengo de un pueblo y una región históricamente olvidada. Mi tarea es dar garantía de derechos a esos territorios excluidos y marginados, garantizar derechos a poblaciones afrodescendientes e indígenas”, fue el mensaje que compartió en su cuenta de X. Solo seis meses más tarde, aprovechando las mayorías con las que el Gobierno inició en el Congreso, sus palabras se plasmaron en una ley que dio vida al Ministerio de la Igualdad y Equidad. A sus responsabilidades se sumaría la de comandar la nueva entidad. Pero la puesta en marcha de esa promesa ha sido demorada —de hecho, aún está en proceso— y son más los tropiezos acumulados que los avances.

La tramitología

Márquez asistió el pasado 7 de mayo a un debate de control político en la Cámara de Representantes, donde escuchó los planteamientos de algunos legisladores. Luego hizo una intervención, en la que respondió las críticas a su gestión. Su argumento central es que el Ministerio de la Igualdad sigue en construcción. “Si hoy no estamos ejecutando no es porque no podamos, es porque hemos creado una institución desde cero. En 100 años, aquí no se había creado un Ministerio como el que estamos creando nosotros”, aseguró frente a un micrófono.

La vicepresidenta no había salido ilesa en medio de los crecientes cuestionamientos al Gobierno nacional por la falta de ejecución presupuestal. Un informe de la Contraloría General de la República, revelado en abril, llamaba la atención por la ejecución del 0% de los 400.000 millones (100 millones de dólares) con los que contaba la cartera para inversión. Para el momento en que Márquez fue citada al Congreso, la ejecución de la cartera era de 0,24% de la totalidad de los 1,8 billones de pesos (600 millones de dólares) que le fueron asignados para la vigencia 2024 en Presupuesto General de la Nación. La cifra supera a la que les fue otorgada a otros ministerios de más trayectoria y peso político, como los de Comercio, Relaciones Exteriores, Justicia y Transporte.

Con pausa y convencida, Márquez intentó elaborar una línea del tiempo sobre la evolución de la cartera. Señaló que, a pesar de que fue creada en enero de 2023, sólo hasta finales de junio empezó a operar, porque ese semestre se fue en definir su estructura y coordinar su trabajo con otras instituciones gubernamentales. Los tres decretos que expidió el presidente Gustavo Petro para resolverlo, explicó la vicepresidenta, estuvieron antecedidos por “estudios para mirar todo el Estado” y así “evitar la duplicidad de funciones”. Encontraron que el Ministerio compartía tareas con seis entidades, incluyendo el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social (DPS), por lo que había que solicitarles que modificaran sus manuales. Todo eso tomó tiempo, agregó.

Y todavía no era tiempo de celebrar. Una vez se confirmó que no repetían atribuciones entre entidades, la vicepresidenta, dice, tuvo que enfrentar la burocracia estatal: tramitar un número de identificación y un registro tributario para la nueva cartera, crearle cuentas bancarias, diseñar una página web, contratar una fiducia para manejar los dineros, buscar una sede. El 12 de agosto, el día en el que contrató a la secretaria general del Ministerio —la primera funcionaria oficial de la institución después de Márquez—, se empezó la distribución de competencias para 744 empleos de planta.

“Me parece injusto que se me pida hacer más de lo que en función pública puedo hacer”, reclamó Márquez en el Capitolio. Su gesto era de frustración. Faltaba otro escollo más grande. Si su arrojo había chocado con el legalismo, ahora una acción judicial dotaría a sus detractores con más munición para seguir recriminando su dirección.

El último revés

Apenas habían pasado 24 horas de su intervención en la Cámara, cuando la vicepresidenta y ministra fue notificada de la anulación de la ley que dio origen al Ministerio de la Igualdad. La Corte Constitucional, tras estudiar una demanda firmada por 11 senadores de la oposición, resolvió que la norma se aprobó omitiendo un requisito procedimental, el aval fiscal que debe expedir Hacienda cuando se crean nuevos gastos para el Estado. El texto votado favorablemente por el Congreso, en conclusión, es inválido. Paloma Valencia, legisladora del uribista Centro Democrático y una de las accionantes, publicó un video en redes sociales manifestando su satisfacción con el fallo. “Están [en el Gobierno] haciendo política irresponsable. Simplemente aprobando proyectos sin saber siquiera cuánto valen”, afirmó.

Quedó, sin embargo, una esperanza para el Ministerio. La Corte determinó que puede continuar existiendo por dos años más, hasta 2026, lo que brinda un margen de maniobra para que el Gobierno presente nuevamente la iniciativa al Congreso, ahora sí cumpliendo con todos las exigencias de ley. El razonamiento detrás del plazo, idéntico al que dio la misma Corte cuando tomó una decisión similar sobre el Ministerio del Deporte en 2021, es impedir que las políticas públicas que la cartera ha venido desarrollando se vean afectadas intempestivamente y, así, “garantizar los derechos de sujetos de especial protección constitucional, tales como las madres cabeza de familia y las personas en situación de discapacidad”.

Es un respiro en medio del mal paso, una posibilidad para corregir errores, pero no garantiza un desenlace exitoso. El Gobierno ya no tiene la aplanadora legislativa con la que contaba en sus primeros meses, y puede fracasar en su intento de volver a darle vida a la entidad.

Los números

El Portal de Transparencia Económica (PTE) del Ministerio de Hacienda, que permite consultar los datos de ejecución del Presupuesto General de la Nación, evidencia el rezago en la ejecución del Ministerio de Igualdad, que recibe más recursos que otra decena de carteras.

De los 1,8 billones de pesos (450 millones de dólares) asignados para la cartera en 2024, su funcionamiento abarcará 1,4 billones. Este monto se irá en gastos de personal, adquisición de bienes y servicios y, sobre todo, transferencias a otras entidades del Gobierno, para lo que está previsto 1,3 billones de pesos. Hasta el 30 de abril, fecha del dato más reciente, no se había girado ni uno solo de ellos.

Esos son recursos que enviará al Fondo para la Superación de Brechas de Desigualdad Poblacional e Inequidad Territorial, creado en la misma ley que el Ministerio, pero que solo tuvo un decreto que lo llevara a la práctica en noviembre. Se trata de una vía para administrar con más facilidad los fondos del sector, como ocurre con los subsidios para la vivienda o los de las TIC, que quedan en las cajas de Fonvivienda y en FonTIC, respectivamente.

El giro a cada fondo es apenas el primer paso para que estos distribuyan el dinero según los procedimientos y requisitos de cada caso, por lo que el Fondo para la Superación de Brechas —que el Ministerio entregó a un consorcio entre tres fiducriarias estatales, Fiduagraria, Fiduprevisdora y Fiducoldex— tiene cada vez menos tiempo para realizar la ejecución final de los recursos. En su misión está apoyar iniciativas locales para la erradicación del racismo y la discriminación, adjudicar tierras a mujeres rurales, fomentar el empleo de personas con discapacidad y promover la atención integral víctimas de actos de discriminación en la población LGTBIQ, entre otros.

Para girar los recursos al Fondo, y en general para que el Ministerio opere, necesita funcionarios. Pero de los 87.455 millones (21,8 millones de dólares) destinados para los gastos del personal, en el primer tercio del año solo se desembolsaron 4.964 millones (5,6%). Carlos Fernando Motoa, senador del opositor Cambio Radical, presentó en marzo un derecho de petición a la cartera solicitándole información sobre sus avances, entre ellos la contratación de funcionarios. La respuesta fue franca. “A 31 de marzo de 2024 el Ministerio ha nombrado 129 servidores correspondiente al 17% de la planta autorizada [744 servidores]”, se lee en el documento allegado al congresista.

En contraste, de los 13.000 millones (4,2 millones de dólares) para comprar de bienes y servicios, se habían comprometido 7.380 millones (el 56,7%). La entidad, en su respuesta a Motoa, destacó que buena parte de esos dineros fueron empleados para comprar tecnología —computadores, video proyectores, equipos de proyección e impresoras— y arrendar una sede, así como contratar compañías para que prestaran el servicio de aseo y cafetería.

Así como las transferencias, los datos sobre el presupuesto de inversión siguen sin moverse, como lo advirtió la Contraloría. Ni un solo peso se ha comprometido de los 400.000 millones (100 millones de dólares) con los que se cuentan. Así las cosas, aunque hay compromisos sobre el 72,9% de todo el presupuesto de 1,8 billones, los pagos no superan el 0,3%. El retraso salta a la vista al comparar ese porcentaje con el de otros ministerios: Ministerio de Agricultura, 14,4%; Ministerio de Comercio, 17,9%; Ministerio de Relaciones Exteriores, 22,3%; Ministerio de Hacienda, 25,2%; y Ministerio de Educación, 32,9%.

Son dos años los que tiene la vicepresidenta Francia Márquez para revertir la situación. Los números, hasta ahora, no la respaldan. Y no es lo peor. A menos de un año de la inauguración del Ministerio de la Igualdad —si se tiene en cuenta que en agosto inició su operación en forma—, la cuesta está empinada porque no solo tendrá que materializar lo que prometió en campaña, llevando proyectos a comunidades históricamente olvidadas, sino que antes debe salvar la cartera de su extinción, logrando que el Congreso apruebe una nueva ley.

Suscríbase aquí a la newsletter de EL PAÍS sobre Colombia y aquí al canal en WhatsApp, y reciba todas las claves informativas de la actualidad del país.