El contradictorio silencio de Gustavo Petro sobre la sanción a María Corina Machado

Virtud o defecto, Gustavo Petro no es un hombre que se guarde sus opiniones. Al presidente de Colombia le cuesta callar. Es difícil encontrar un suceso —nacional o internacional— sobre el que no se pronuncie. Tres ejemplos recientes: condenó las acciones de Israel en Gaza, lo que provocó una crisis diplomática; declaró su apoyo al peronista Sergio Massa ante las elecciones presidenciales de Argentina, marcando una distancia con el ganador Javier Milei; y respaldó a Bernardo Arévalo para que asumiera la jefatura de Estado en Guatemala, ante las decisiones judiciales que parecían entorpecerlo. Petro cimentó buena parte de su popularidad en su capacidad para tomar postura, leer coyunturas y oponerse a las injusticias. Precisamente por eso llama la atención su silencio frente a la inhabilidad que las autoridades venezolanas impusieron sobre María Corina Machado, justo cuando ella busca competirle la presidencia a Nicolás Maduro y después de que el presidente colombiano haya criticado sistemáticamente las inhabilitaciones a funcionarios electos o candidatos a cargos de elección popular.

El hermetismo del primer mandatario es llamativo. Human Rights Watch le envió una carta solicitando su manifestación en contra de la inhabilitación de la líder opositora. La misiva iba firmada por Juanita Goebertus, directora para América de la organización, quien expresa a EL PAÍS su preocupación por el mutismo de la Casa de Nariño. “Es curioso que prefiera callar sobre este tema porque, además, tiene una estricta relación con él [Petro]. Se trata de una sanción a una persona que aspira a un cargo público, algo similar a lo que le sucedió. Yo creo que manda un mensaje de incoherencia en la defensa de los derechos humanos. Fue muy vehemente con la destitución de Pedro Castillo, en Perú, y, por el contrario, ha guardado silencio en este momento, como si primaran las preferencias ideológicas sobre su compromiso con la defensa del derecho al voto y a la participación”, señala por teléfono.

Goebertus se refiere a la inhabilidad y destitución por 14 años que la Procuraduría impuso sobre Petro en 2013, cuando era alcalde de Bogotá. Una medida cautelar de la Comisión Interamericana lo devolvió al Gobierno de la ciudad y una sentencia de la Corte Interamericana, en 2020, ordenó al Estado colombiano a modificar sus leyes para que ninguna autoridad administrativa pueda cesar de su cargo a un funcionario electo por voto popular. Paradójicamente, el precedente en el que se basó la Corte Interamericana fue el caso de otro opositor venezolano, Leopoldo López, a quien la Contraloría de ese país había inhabilitado por tres años en 2004. Antes de que la Corte IDH fallara de fondo su caso, Petro aludía constantemente a lo que vivió López para soportar su argumento de que la Procuraduría había violentado sus derechos políticos. “Mi caso es como el de Leopoldo López”, aseveró en una ocasión.

Acabar con este tipo de sanciones es una cruzada que emprendió el presidente. En su país las ha reprobado abiertamente, incluso cuando los afectados son de orillas ideológicas opuestas a la suya. En noviembre 2021, la Contraloría colombiana sancionó a Sergio Fajardo, en su condición de exgobernador de Antioquia, como uno de los responsables de las fallas en el proyecto hidroeléctrico Hidroituango, que retrasaron la inauguración de la megaobra y, según la entidad, habían generado daños por 4,3 billones de pesos (más de 1.000 millones de dólares). La sanción amenazaba con dejar a Fajardo fuera de las elecciones presidenciales de 2022. Petro reiteró su argumento para defender los derechos de su competidor. “Lo que hay contra Sergio Fajardo es una sanción administrativa y una sanción de este tipo, como lo ordena la Corte Interamericana de Derechos Humanos, no produce inhabilidad política”, afirmó.

Igual actitud tomó en septiembre del año pasado, después de que el Consejo Nacional Electoral revocara la candidatura de Rodolfo Hernández a la Gobernación de Santander. Sobre Hernández —rival de Petro en la segunda vuelta de los comicios presidenciales de 2022— pesaban tres sanciones disciplinarias impuestas por la Procuraduría y el tribunal electoral determinó retirarlo de las elecciones. “Con el caso de Rodolfo Hernández, mi rival en la presidencial, se ha revivido la tesis de quitar derechos políticos por sanciones administrativas en abierto desacato a la sentencia de la CIDH que es de obligatorio cumplimiento”, declaró.

La situación es igual a la que vive Machado, quien ganó cómodamente, con el 92,5% de la votación, las primarias de la oposición venezolana que se celebraron en octubre. Se trató de una victoria agridulce. La líder opositora sabía que estaba condicionada. Cuatro meses antes, en junio, la Contraloría General de Venezuela le había notificado que no podía participar en comicios ni ocupar cargos públicos por 15 años. El castigo se fundamenta en una sanción previa, de 2015, cuando la misma institución la inhabilitó 12 meses por no incluir unos bonos de alimentación en su declaración patrimonial.

Existía una pequeña esperanza a la que se aferraban Machado y sus seguidores: que el chavismo respetara los acuerdos a los que llegó con la oposición en la isla caribeña de Barbados y garantizara “el derecho de cada actor político de seleccionar a su candidato para las elecciones presidenciales de manera libre”. Pero era una fantasía. El Tribunal Supremo de Justicia, el pasado 26 de enero, ratificó la decisión de la Contraloría y cerró las posibilidades para que la ingeniera industrial de 56 años aparezca en el tarjetón. Estados Unidos advirtió rápidamente que retomará las sanciones económicas que levantó hace unos meses si el régimen no echa para atrás la inhabilitación. El aviso, con tono de amenaza, tiene reducidas chances de estremecer alguna fibra en un Gobierno que cumplió este jueves un cuarto de siglo en el poder.

Buena parte de la comunidad internacional se ha volcado a rechazar el abuso de autoridad chavista. No obstante, Petro ha optado por permanecer callado. La única vez que se refirió al tema fue en junio del año pasado, a través de su cuenta de X. En esa oportunidad, sin mencionar directamente a Machado, dijo que ninguna autoridad administrativa “debe quitar derechos políticos a ningún ciudadano”. Eso fue todo. Para entonces aún no se celebraban las primarias y los diálogos entre el oficialismo y la oposición venezolana estaban en marcha.

Sacar del camino a detractores es un arma recurrente del chavismo. Desde 2002, la organización Acceso a la Justicia ha contabilizado 1.400 ciudadanos inhabilitados para ejercer cargos públicos mediante decisiones de autoridades judiciales y administrativas. Entre ellos están Leopoldo López, el excandidato presidencial de la oposición Henrique Capriles y Machado.

La cifra es contundente. Sin embargo, en este caso Petro tiene cosas que perder si se la juega por equiparar su caso con el de Machado. Así lo explica Sergio Guzmán, director de la consultora Colombia Risk Analysis, quien considera que varias prioridades del mandatario dependen de su relación con el Gobierno de Maduro. “Preservar la integridad de las negociaciones con el ELN y la Nueva Marquetalia, que ambas operan en Venezuela, es clave para sus planes de conseguir la Paz Total. También ha planteado no explorar petróleo, lo que ha llevado a que Ecopetrol considere hacer negocios en Venezuela y por eso no sería estratégico contradecir las decisiones del régimen de ese país”. Agrega que es evidente la benevolencia de Petro al momento de “criticar a otros líderes de izquierda”. “En vez de ser un defensor de la democracia, parece más un cómplice de Maduro”, apunta.

El presidente colombiano no titubeó en sus reproches a Israel. Su convicción por defender sus principios, así esto trajera consecuencias indeseadas, fue aplaudida por sus seguidores, incluyendo en el extranjero. Esa coherencia está siendo puesta en duda con su silencio frente a la inhabilitación de María Corina Machado.

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