La Procuraduría sanciona al excandidato presidencial Rodolfo Hernández con 14 años de inhabilidad

Rodolfo Hernández, quien como candidato presidencial hace un año compitió en segunda vuelta contra Gustavo Petro, hoy ha sido sancionado por un escándalo de corrupción que ya era objeto de debate durante las elecciones presidenciales del 2022. La Procuraduría ha anunciado que Hernández ha sido inhabilitado por 14 años para ejercer cargos públicos, pues lo encontró disciplinariamente responsable de interés indebido en la asignación de un contrato, una decisión del ente de control que empantana el camino de Hernández como candidato a la Gobernación del departamento de Santander. El político puede apelar la decisión y argumentar su inocencia en los casi cinco meses que quedan de campaña.

La investigación que ha golpeado de nuevo a Hernández es conocida como el caso ‘Vitalogic’, y trata sobre un millonario contrato para el manejo de las basuras cuando Hernández era alcalde de Bucaramanga, la capital santandereana. A su casa, en 2016, llegó el gerente de la Empresa de Aseo de Bucaramanga, José Manuel Barrera. Allí Rodolfo Hernández —de acuerdo con un testigo clave para las autoridades— le pidió al gerente que entregara un contrato de consultoría (por 344 millones de pesos, poco menos de 100.000 dólares de la época) al ingeniero químico Jorge Hernán Alarcón, quien trabajaba con la empresa Vitalogic. La consultoría era para definir los pliegos de una licitación para contratar a una empresa que convirtiera los residuos de basura en energía. Pero resultó que a quien más podía beneficiar tener a Alarcón como consultor era a uno de los hijos de Hernández: Luis Carlos Hernández Oliveros. Este último había pactado una comisión millonaria con Vitalogic si lograba que la licitación terminara en manos de la empresa. Luego, dijo un testigo a la Procuraduría hace varios años, Hernández además presionó para que la Empresa de Aseo le aceptara a Vitalogic una fianza como garantía para cerrar el negocio, en lugar de una póliza como lo obligaba la ley. Hernández ha dicho que su hijo fue ingenuo, que le tendieron una trampa, y negó cometer alguna irregularidad. La Procuraduría le formuló pliego de cargos en 2019 por el caso.

En la decisión de este miércoles contra Hernández, la Delegada Disciplinaria de Juzgamiento 2 de la Procuraduría dice que encontró “probado su interés indebido en el proceso de selección destinado a la asignación del contrato para el aprovechamiento y disposición final de residuos sólidos a la unión temporal Vitalogic”. También explica que Hernández tuvo contacto con los representantes de Vitalogic y les entregó información privilegiada sobre el negocio, lo que “les daba ventaja sobre sus eventuales competidores en el proceso de selección”. La Procuraduría dice que Hernández se reunió con la compañía “no como un acto de cortesía para oír propuestas, sino para conocer como se había estructurado el proyecto que previamente había solicitado, y en ella se acordó designar la persona que elaboraría los términos que permitieran que la citada firma contratista fuera la seleccionada”. Además, reconoce que el “exalcalde adelantó acciones destinadas a coaccionar al director jurídico de la Empresa de Aseo”, quien insistía en que no se podía aceptar una fianza.

“En la decisión se calificaron las dos conductas reprochadas al disciplinado como faltas cometidas a título de dolo, la primera de naturaleza gravísima por interés indebido en la celebración de contratos, y la relacionada con la coacción al funcionario de la EMAB”, concluye un comunicado de la Procuraduría.

Hernández fue identificado en la campaña del 2022 como un ‘candidato anticorrupción’, a pesar de que el caso Vitalogic ya era conocido a nivel nacional y que la Fiscalía tiene abierta una investigación penal por ello contra él desde el 2020. Cuando aún era candidato presidencial se especulaba si ese caso avanzaría si ganaba, y quedaría entonces de presidente su fórmula vicepresidencial, la hoy congresista Marelen Castillo, una profesional en educación desconocida para la opinión pública y con nula experiencia política.

Cuando Hernández perdió las elecciones, en junio del año pasado, ser el segundo más votado le permitía tener una curul en el Senado. Esto también quería decir que su investigación pasaría de la Fiscalía a la Corte Suprema. Hernández se posesionó en julio pero renunció a su curul en septiembre —dijo que quedarse en el legislativo era como tener “a Lionel Messi de portero”— y el caso regresó a la Fiscalía.

Mientras se resolvían los casos, Hernández ha enfrentado otros desafíos para las elecciones locales a finales de octubre: es actualmente presidente del partido Liga de Gobernantes Anticorrupción, un partido nuevo cuya personería jurídica se mantiene vigilada por el Consejo Nacional Electoral, que ha pedido contrapesos al poder de Hernández y su familia en la colectividad. Ahora enfrenta un nuevo desafío: llegar a las elecciones de octubre en Santander defendiendo, como lo ha hecho desde el 2019, lo que hizo con las basuras de Bucaramanga.

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