Juanita Goebertus: “No creo que la decisión de reconocer un conflicto armado en Ecuador sea la solución”

La colombiana Juanita Goebertus (Bogotá, 40 años) no se anda con rodeos: 2023 fue un mal año para la democracia en América Latina. Las distintas dinámicas para restringir el derecho al voto y la participación política comenzaron muy temprano, desde los primeros días de enero, con al asalto bolsonarista al Congreso en Brasil, y después se propagaron a otros países como Guatemala, donde Bernardo Arévalo se posesiona este domingo a pesar de innumerables obstáculos, o Ecuador, donde fue asesinado un candidato presidencial y el crimen organizado tiene en jaque al naciente Gobierno de Daniel Noboa. “Ha sido un año en donde hemos visto surgir y fortalecerse distintos tipos de autoritarismo”, advierte por videollamada la directora de la división para América de Human Rights Watch, que este jueves presenta su Informe Mundial anual.

Pregunta. ¿Les sorprendió la crisis de seguridad que acaba de estallar en Ecuador?

Respuesta. Tristemente, la crisis en Ecuador no nos sorprende. Hemos visto la expansión del crimen organizado en el país, que ha triplicado la tasa de homicidios en los últimos años. La situación que están sufriendo los ecuatorianos a manos de estas bandas criminales es dramática y exige respuestas efectivas para proteger a la población. Lamentablemente, no creo que la decisión de reconocer un conflicto armado en el país sea la solución. Reconocer un conflicto armado siempre debe ser una decisión técnica basada en un análisis riguroso de los hechos y del derecho internacional. En cambio, el decreto que ha aprobado el presidente [Daniel Noboa] carece de solidez jurídica y al autorizar el uso de la fuerza letal como primera opción abre la puerta a graves abusos cometidos con impunidad. Lo que necesita Ecuador para enfrentar el crimen organizado son más y mejores fiscales y jueces que puedan investigar de manera efectiva a estas bandas y atacar el lavado de activos y la corrupción que les permite operar en el país.

P. En un sentido más panorámico, ¿percibe un deterioro de la democracia en la región?

R. Sin duda, 2023 no fue un buen año ni para los derechos humanos ni para el Estado de derecho en América Latina. Vimos distintas dinámicas de restricción del derecho al voto y la participación política desde comienzos del año en Brasil, con la toma del Capitolio por parte de los bolsonaristas, pasando por Guatemala con tres candidatos presidenciales inhabilitados y luego los ataques sucesivos desde el Ministerio Público de Consuelo Porras para evitar que Bernardo Arévalo tomara posesión. También Ecuador, con un candidato presidencial asesinado, y Perú, con ataques desde el Congreso al Jurado Nacional Electoral. Ha sido un año en donde hemos visto surgir y fortalecerse distintos tipos de autoritarismo, tanto en los ejecutivos como en extrañas alianzas desde congresos y ministerios públicos o fiscalías.

P. ¿Les preocupa algún país en particular en este 2024?

R. Tenemos varias elecciones, vamos a monitorear de cerca al menos tres. Nos preocupa El Salvador, donde el presidente [Nayib] Bukele ha usado su popularidad como resultado de la lucha contra las pandillas para erosionar el Estado de derecho, reducir la separación de poderes y prácticamente eliminar cualquier control a su ejercicio de poder. Tendremos elecciones en México, donde la situación de seguridad es muy preocupante. Y tendremos elecciones también en Venezuela; si el proceso de habilitación de María Corina Machado, que ha sido elegida como la candidata a la oposición, no se consolida de manera definitiva, todo el proceso de negociación se afectaría gravemente en su legitimidad.

P. En Argentina, Javier Milei ha hecho declaraciones preocupantes en relación con los derechos humanos, amenaza con reprimir las protestas y saltarse al Congreso.

R. Lo primero es entender cómo llegamos acá. Argentina está sumida en una crisis económica, pero eso ha opacado una crisis institucional más profunda. Toda la Corte Suprema en juicio político ante el Congreso; defensor del Pueblo y fiscal sin nombrar por años, por imposibilidad del Congreso de ponerse de acuerdo. Son fenómenos que en otros países de la región no habrían pasado de agache. En ese escenario gana –con una inmensa popularidad– el presidente Milei, que ha hecho una serie de anuncios muy preocupantes de ataque a los derechos sexuales y reproductivos, al derecho a la protesta pacífica y de desconocer las gravísimas violaciones de derechos humanos cometidas en la última dictadura en Argentina.

P. ¿La política de la Administración de Joe Biden hacia América Latina ha sido la adecuada en esta coyuntura?

R. América Latina hace mucho que solo es prioritaria para Estados Unidos por temas de migración o de drogas. A pesar de que la Administración Biden tiene un mayor compromiso que Trump con los derechos humanos, con el Estado de derecho, en estos temas hemos visto pocos cambios. En materia migratoria recientemente publicamos un informe sobre el Darién, más de medio millón de personas cruzan anualmente por este peligroso trayecto. Hemos documentado desapariciones forzadas, casos de violencia sexual, homicidios… La administración Biden parece más sumida en sus propios problemas domésticos de cara a la disputa entre republicanos y demócratas que a buscar fortalecer el Estado derecho y los derechos humanos en América Latina.

P. Allí también hay presidenciales este año. ¿Qué implicaciones tendría un regreso de Donald Trump para la región?

R. Sería lamentable. Lo que hemos visto es que luego de que el expresidente Trump buscó desconocer resultados electorales en Estados Unidos generó un fenómeno de copia en América Latina. Primero, de los bolsonaristas en Brasil. A partir de allí, un ataque sin vergüenza a las instituciones en Guatemala, en Perú. El trumpismo abrió la puerta para este tipo de populistas de talante autoritario en América Latina y le restó autoridad moral a Estados Unidos.

P. La posesión de Bernardo Arévalo en Guatemala es este domingo. ¿Temen un intento de golpe de Estado o una última arremetida contra el presidente electo?

R. Vamos a estar vigilantes hasta el último segundo. Guatemala nos ha demostrado que cada día hay una posibilidad de sorpresa y un nuevo intento desde el Ministerio Público liderado por Consuelo Porras de intentar desconocer los resultados electorales, de violar el derecho al voto y a la participación. Ha habido no solo un intento de golpe sino una erosión profunda de las instituciones. Seguiremos muy atentos una vez Arévalo pueda tomar posesión, para que tenga la posibilidad de gobernar en función del programa que fue elegido, no sólo con una plataforma de lucha contra la corrupción y recuperar la seguridad, sino de recuperar la independencia judicial y de las instituciones democráticas en Guatemala.

P. ¿El camino autoritario de Bukele en El Salvador va camino de convertirse en un modelo para América Latina?

R. Nos preocupa muchísimo El Salvador, con más de 73.000 personas privadas de la libertad en ya casi dos años de Estado de emergencia. Hemos documentado entre las personas detenidas no sólo gravísimas violaciones al debido proceso –audiencias de más de 500 personas sin acceso a abogado, menores de edad juzgados como si fueran adultos– sino también casos muy graves de torturas, muertes en los centros de detención, malos tratos graves y degradantes. Nos preocupa el falso dilema en el que Bukele ha metido al país y a la región, como si la ciudadanía tuviera que escoger entre seguridad y derechos humanos. Es un dilema falso. Es posible tener políticas de seguridad que sean al mismo tiempo efectivas y protectoras de derechos humanos. América Latina lo ha hecho en el pasado en distintos momentos de su historia.

P. En México, con toda probabilidad, una mujer se convertirá en la próxima presidenta. ¿En qué debería corregir el rumbo de Andrés Manuel López Obrador?

R. Bajo López Obrador hemos visto al menos tres tipos de fenómenos muy graves para el Estado derecho y para los derechos humanos. En primer lugar, el fortalecimiento de las fuerzas militares, no solo al entregarle mucho del control de la seguridad pública, sino sobre todo y de manera grave, al involucrar a los militares en funciones administrativas absolutamente extrañas a la funcionalidad militar. Poner en marcha una reforma al sector seguridad para garantizar que haya control civil sobre los militares va a ser fundamental. Luego, un segundo fenómeno han sido los ataques a la sociedad civil, la forma en la cual AMLO de manera muy personal usa su programa de la mañanera para atacar periodistas, organizaciones de sociedad civil y estigmatizarlos. Quien sea elegida debería preocuparse por el fortalecimiento de la sociedad civil. Y el tercero ha sido un ataque constante a todas las instituciones independientes en México.

P. Aterrizando a Colombia, donde usted ha sido congresista, ha manifestado que le preocupa el deterioro de la seguridad. ¿En qué se evidencia ese deterioro?

R. Es claro que hay un crecimiento más o menos de 16% en masacres, del 70% en secuestro, del 130% en el reclutamiento forzado de menores. Más allá de esas cifras, lo que vemos por nuestro trabajo cualitativo a nivel territorial es un sentimiento de abandono en muchas de las comunidades que históricamente han sufrido la guerra.

P. ¿El deterioro es atribuible a la política de paz total del Gobierno de Gustavo Petro?

R. La Corte Constitucional ha dicho que la política de paz, independientemente de cuál sea, no puede desconocer el deber del Estado de tener una política de seguridad para garantizar su deber de protección y garantía. Una de las preocupaciones que tenemos frente a la política de paz total es que no ha ido de la mano de una política de seguridad efectiva en el territorio. La segunda es cuando la política de paz implica ceses al fuego que supongan que la fuerza pública deje de actuar frente a grupos violentos. Eso es posible, Colombia lo ha hecho en distintos momentos, pero funciona si tiene reglas claras, un monitoreo imparcial y creíble, y consecuencias de cara al incumplimiento de esos ceses. Desafortunadamente, durante la Administración Petro hemos visto varios ceses al fuego poco claros, traslapados entre ellos.

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