De las rutas del narco a la tentación de Bukele: claves de la crisis de violencia en Ecuador

En Ecuador, la transición de una chispa a un incendio apenas dura un segundo. Es una constante desde hace años y ocurre en el ámbito político, en el de las protestas sociales y, con especial virulencia, el de la seguridad. Por eso el estado de excepción decretado el lunes por el presidente Daniel Noboa para endurecer el combate contra el crimen organizado no representa, de por sí, una situación tan extraordinaria. Su antecesor, Guillermo Lasso, aplicó la misma medida 20 veces en apenas dos años y medio. Precisamente esa frecuencia ilustra la gravedad de la crisis de violencia que asfixia al país sudamericano.

Porque cada chispa provoca un nuevo incendio y cada fuego se suma al anterior. Hasta desbordar a las autoridades, como ha sucedido. Las principales bandas criminales, en guerra por el control de las rutas del narco y a su vez en guerra con el Estado, siembran el terror en una escalada que ha llevado al mandatario, que asumió el cargo a finales de noviembre, a dar un paso más: reconocer la existencia de un “conflicto armado interno” y disponer la intervención de las fuerzas militares. Estas son algunas claves de una de las mayores emergencias de Latinoamérica.

Las fugas que activaron la cadena de ataques

La jornada de caos, abusos y violencia que empezó con la irrupción de un comando armado de encapuchados en un plató de TC Televisión se originó tras la fuga de los cabecillas de dos bandas rivales. El domingo, las autoridades informaron de la huida de José Adolfo Macías Villamar, alias Fito, considerado el criminal más peligroso de Ecuador, que se esfumó de la cárcel de Guayaquil.

El mundo escuchó por primera vez el nombre del líder de Los Choneros, un grupo al servicio del cartel mexicano de Sinaloa, después del asesinato en agosto del candidato presidencial Fernando Villavicencio. El político había puesto en la lupa el avance del crimen organizado y había denunciado amenazas del delincuente. “Si yo sigo mencionando a Fito y mencionando a Los Choneros me van a quebrar”, advirtió Villavicencio.

Tras la fuga de Fito se produjo otra, la de Fabricio Colón Pico, miembro de Los Lobos, una organización vinculada al Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Las dos evasiones activaron fuertes despliegues policiales. La cadena de ataques y atentados que dejó al menos 10 diez muertos en un día, entre ellos dos policías, tenía como propósito la retirada de las fuerzas de seguridad. Un mensaje mafioso de abierto desafío al Estado que ahora da paso a una guerra incipiente.

¿Cuándo y por qué empezó el colapso de la seguridad?

La crisis se agravó durante la pandemia de covid-19, cuando las bandas criminales ecuatorianas ganaron terreno mientras aumentaba la penetración de los dos principales carteles mexicanos. Su objetivo es hacerse con el control del área metropolitana de Guayaquil, la ciudad más poblada del país y un puerto clave para las rutas internacionales del narcotráfico que arrancan en las selvas de Colombia y de la región andina y llegan a Estados Unidos y Europa.

Las cárceles son una base de operaciones crucial para este negocio, que no subsistiría sin un cóctel de miseria, corrupción estructural y rivalidad entre grupos competidores. Los motines se han multiplicado en Ecuador desde que en 2021 una masacre dejara a 79 presos decapitados en la Penitenciaría del Litoral. Ese fue el punto de inflexión en un país que antes figuraba entre uno de los más seguros de América Latina.

Pero la atrocidad de lo que ocurre entre rejas tiene también su reflejo en las calles del país, donde millones de personas están obligadas a convivir con el abismo de la violencia. Las estadísticas no tienen precedentes: 40 asesinatos cada 100.000 habitantes, unos números que solían corresponder a los peores años de Venezuela. Un estudio del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) indica que en 2017, al final del mandato de Rafael Correa, “la tasa de homicidios de Ecuador estaba en 5,78, una de las más bajas de la región”.

Una de las claves del éxito de ese modelo fue la gestión del Ministerio del Interior y de la Policía Nacional, que, según recuerda el informe, “iniciaron un ambicioso programa de reforma”. “El programa comprendió el potenciamiento de sus capacidades en varios aspectos, como el modelo descentralizado de prestación de servicios, el perfil del talento humano, inversiones en infraestructura, vehículos, equipamiento, comunicaciones, entre otros”. El desmoronamiento de ese modelo se debió a una mezcla de factores que van del cambio de las políticas públicas al giro de las prioridades que se dio durante la pandemia y generó un abandono en materia de seguridad, pasando por la creciente internacionalización de los carteles mexicanos.

La tentación de un modelo autoritario

El martes por la noche, el almirante Jaime Vela Erazo, jefe del comando conjunto de las Fuerzas Armadas de Ecuador, difundió un mensaje junto a la ministra de Gobierno y del Interior, el ministro de Defensa y el comandante de la Policía Nacional en el que dejaba claro que una veintena de estructuras criminales “se han convertido en un objetivo militar”. La población, que votó conmocionada por el asesinato de Villavicencio, demanda una respuesta contundente de las autoridades. El presidente Noboa, un político de 36 años y filiación ideológica neoliberal, anunció un plan, bautizado como Fénix, del que apenas se conocen detalles.

En cualquier caso, ya resuena el nombre del presidente salvadoreño, Nayib Bukele, que logró debilitar a las maras a cambio de un profundo deterioro de los derechos humanos y de las libertades fundamentales en el país centroamericano. “Ya hemos finalizado las conversaciones con grupos internacionales que hicieron las cárceles en El Salvador”, aseguró Noboa hace días al prometer que la construcción comenzaría en enero. Además, durante la campaña electoral, el mandatario prometió la compra de barcos-cárceles para aislar a más de 120 kilómetros de la costa a los criminales más peligrosos. Y mientras se intensifica el debate en los sectores políticos más radicales sobre la liberalización de la venta de armas, ya flexibilizada por Guillermo Lasso, organismos internacionales en defensa de los derechos humanos recuerdan a Noboa su responsabilidad ante la crisis.

“Seguimos con inmensa preocupación los graves hechos de violencia cometidos por bandas delincuenciales. Para enfrentar el crimen organizado, Ecuador necesita fortalecer su capacidad de judicialización, controlar cárceles, e investigar lavado de activos y corrupción”, señaló Juanita Goebertus, directora de la división de las Américas de Human Rights Watch (HRW). “La decisión de caracterizar un contexto como conflicto armado interno debe ser siempre técnica y basada en el derecho internacional humanitario. De lo contrario, se ponen en riesgo los derechos de la ciudadanía”, advirtió.

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