Un tribunal de políticos, gastos dudosos de campaña y alta tensión: todo sobre el caso de Petro en el CNE

El Consejo Nacional Electoral (CNE) es en muchos casos un resguardo burocrático al que van a parar congresistas que fracasan en sus intenciones de hacerse reelegir. A pesar de eso, lo componen nueve magistrados que, de tanto en tanto, aparecen en las primeras planas por sus decisiones, aunque quizás nunca con tal grado de tensión como el que se desencadenaría si el tribunal decide formular cargos al presidente Gustavo Petro y su gerente de campaña, el hoy presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, por presuntas irregularidades electorales en 2022.

Un borrador de la ponencia, o propuesta de fallo, firmada por dos magistrados fue filtrado a la prensa. Su contenido no deja bien parados a Petro y Roa: hay indicios de presuntos gastos no reportados en sus cuentas, que, además, llevarían a que los gastos superen los máximos permitidos, en lo que puede incluso ser un delito. La ponencia será sometida a votación entre los nueve magistrados que componen el CNE y, de ser aprobada, implicaría una formulación de cargos, no una decisión final. No obstante, desde ya causa un cataclismo político que se puede enredar entre nombres, tecnicismos y figuras contables. Estas son las claves.

Los argumentos de la ponencia: ingresos no registrados y gastos por encima del tope

Todas las campañas políticas en Colombia tienen un límite de gastos. El tope para la más reciente elección presidencial fue de 28.536 millones de pesos (cerca de 7,1 millones de dólares) para la primera vuelta y otros 13.347 millones (unos 3,5 millones de dólares) para la segunda. Oficialmente, la campaña de Petro reportó gasto que estuvieron a menos del 0,01% de superar el máximo legal. Ese bajísimo margen, evidenciado en una auditoría que conoció el CNE en febrero, levantó sospechas sobre el manejo financiero de la que resultó siendo la aspiración triunfante. Posteriores pesquisas del tribunal revelaron otros posibles gastos y donaciones que hasta ahora se desconocían y demostrarían que la campaña, que tiene una personería jurídica propia y de la que es representante legal un gerente —no el candidato— se gastó más dinero del permitido. Cambio y La Silla Vacía accedieron a la ponencia del CNE y encontraron que en ella se indica que hay pruebas de sumas no registradas que llegan a 5.355 millones de pesos (1,33 millones de dólares), sumados a otros ingresos irregulares.

Una donación de 500 millones de pesos (125.000 dólares) realizada por el sindicato Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación (Fecode) es una de las que fue reseñada durante la investigación. Aquella transferencia acaparó titulares de medios en enero, después de que fuera el motivo por el que la Fiscalía llevó a cabo un allanamiento a la sede del sindicato en Bogotá. “Siempre pensé que los allanamientos eran sobre las organizaciones mafiosas que ilegalmente financian a los políticos. Ahora es sobre organizaciones de trabajadores”, aseguró Petro en ese momento.

Fecode ha sostenido que el dinero no estaba destinado a las arcas de la campaña presidencial ―y que por ende no lo registró―, sino a las de la Colombia Humana, uno de los partidos que conforma el Pacto Histórico, la coalición de izquierda por la que se postuló Petro. La ponencia cuestiona esa versión y sugiere que el dinero fue a parar a la campaña. Para burlar los topes y la limitación legal de las contribuciones monetarias de empresas o gremios a las aspiraciones presidenciales, Colombia Humana se encargó de transferir esos 500 millones a Ingenial Media, una compañía que coordinó el pago a testigos electorales en distintas regiones del país. Se trató, según el tribunal, de una triangulación del dinero. Un crédito del Polo Democrático Alternativo, otro partido del Pacto, y una donación hecha por otro sindicato, la Unión Sindical Obrera (USO), también hacen parte de esos hallazgos.

Ingenial aparece también en más cuestionamientos. La Silla Vacía señala que en las dos vueltas esa empresa pagó más de 1.100 millones de pesos (cerca de 275.000 dólares) para sufragar los costos de 35.584 testigos electorales, quienes recibían su dinero a través de empresas dedicadas al giro y recaudo de dinero, que habían firmado acuerdos previos con Ingenial. Según la ponencia, del dinero solo se han podido rastrear los 500 millones donados por Fecode y el origen del resto es incierto, por lo que presuntamente hay más ingresos ocultos. “Desconoce esta Corporación el origen de tales recursos utilizados para la dispersión de los pagos efectuados a los testigos electorales, lo que permite entrever un presunto ocultamiento de aportes de dinero a la campaña y una presunta triangulación de recursos en la que hipotéticamente pudieran estar inmersas las empresas de giros”, se lee en la ponencia. Sobre este asunto, uno de los más gruesos, la defensa ha sido que el gasto de testigos electorales jurídicamente no es de la campaña, pues se entiende que esta no incluye la fecha de las votaciones.

Pero hay todavía más revelaciones de dineros aparentemente gastados en la campaña y no reportados por esta. Los ponentes se refieren a aportes en especie de compañías de aviación para traslados de Petro y su equipo, a la utilización de fondos que habían sido reportados en la campaña al Senado del Pacto Histórico y al alquiler del Movistar Arena, un coliseo multiusos de Bogotá, para celebrar los resultados de la segunda vuelta.

Las caras detrás de la decisión

Los autores de la ponencia son los magistrados Benjamín Herrera y Álvaro Hernán Prada. Ellos, como todos sus compañeros, fueron elegidos en representación de las bancadas del Congreso: Ortiz por el Partido Liberal y Prada, quien fue representante a la Cámara, por el uribista Centro Democrático. Ese origen, como ha ocurrido en el pasado, los pone a ellos y sus colegas bajo el señalamiento de tener una motivación política. De hecho, congresistas oficialistas recusaron este jueves a Prada, quien tiene una larga trayectoria de pronunciamientos públicos contrarios al presidente Petro y, además, está envuelto en otro escándalo notorio, el de los presuntos testigos falsos en favor del expresidente Álvaro Uribe. El próximo miércoles, 15 de mayo, está citado para la primera audiencia del juicio penal que le adelanta la Corte Suprema de Justicia por ese caso.

Lo que viene en el proceso

Las decisiones en el CNE e toman por una mayoría especial de seis votos. Ortiz y Prada necesitan cuatro votos más. Inicialmente, cuentan con los de los excongresistas César Lorduy, del opositor Cambio Radical, y Maritza Martínez, de La U, un partido bisagra. El oficialismo, por su parte, tiene tres votos asegurados: Cristián Quiroz, del ala gobiernista de la Alianza Verde, y de Alba Velásquez y Fabiola Márquez, de la coalición de Gobierno, el Pacto Histórico. Los votos decisivos quedan en manos de Altus Baquero, un liberal que estuvo suspendido de su cargo hasta este jueves, y de Alfonso Campo, un excongresista conservador.

Si no suma seis votos, la ponencia quedará como una acusación más en el nutrido historial de presuntas irregularidades en campañas presidenciales. Pero si llegara a ser aprobada, se daría inicio a un proceso administrativo que podría extenderse por más de un año. La campaña del presidente podría controvertir algunas de las pruebas, aportar otras y esgrimir sus argumentos. Si el proceso arroja conclusiones que inculpan al mandatario en las irregularidades, una posible acusación en su contra le corresponde a la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, encargada de iniciar los juicios políticos contra los mandatarios y otros funcionarios con fuero.

La guerra discursiva

El presidente, fiel a su costumbre de pronunciarse en redes sobre los sucesos nacionales, no tardó en reaccionar a la ponencia. “Ha comenzado el golpe blando”, publicó en su cuenta de X, reiterando su teoría de que la oposición está buscando distintas alternativas para sacarlo del poder antes de que finalice su periodo constitucional. También hizo un llamado a sus seguidores: “Estamos ante una arbitrariedad: una instancia administrativa formula cargos al presidente de la República. Es una abierta ruptura constitucional. Se responde con la fuerza del pueblo”.

La respuesta del CNE fue inmediata. “Las graves declaraciones contra los miembros de esta Corporación quebrantan el normal funcionamiento del sistema democrático y ponen en riesgo a quienes están a cargo de tomar las decisiones en cumplimiento de sus funciones institucionales”, escribió la entidad en un comunicado que difundió en sus plataformas digitales.

Ese organismo ha sido objeto de críticas y propuestas de modificación por la composición partidista que le determina la Constitución y por lo engorroso de sus trámites, que implican un largo proceso con rasgos judiciales que, sin embargo, no es la instancia final. Sus decisiones pueden ser demandadas ante el Consejo de Estado, lo que permite prever proceso legales largos y complejos.

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