La FLIP advierte que un nuevo decreto obstaculiza el ejercicio de la prensa en las elecciones regionales

El pasado viernes el Ministerio del Interior expidió un decreto con lineamientos para el manejo de la jornada electoral del próximo domingo en Colombia. La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) ha emitido una alerta pues, explica, la norma afecta directamente la libertad de prensa y el derecho a la información electoral de millones de votantes en el país. Hasta el momento el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, no se ha pronunciado.

La FLIP ha explicado a través de un comunicado de prensa que los artículos 4, 7 y 13 del decreto 1702 generan preocupación. Eso porque prohíben, durante las ocho horas que duran las votaciones, el uso de celular y cámaras en los puestos de votación; limitan las entrevistas vetando las que tengan “fines político-electorales” y limitan la información sobre el orden público a la entregada por fuentes oficiales, prohibiendo de raíz el contraste de versiones, que es uno de los elementos centrales del periodismo.

“Ninguno de estos artículos supera el test tripartito de la Convención Americana de Derechos Humanos, pues dichas limitaciones no existen en ninguna otra Ley”, afirma la fundación, en referencia a las reglas que ha establecido la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre si una legislación respeta los Derechos Humanos. En breve, exige que las limitaciones solo son legítimas cuando vienen en leyes claras, están orientadas a los “fines imperiosos” de la Convención y son necesarias para ellos, proporcionadas e idóneas.

La FLIP argumenta que no lo son, y para ello detalla varios problemas que podrían generar las reglas, que coartan derechos como el que tiene la ciudadanía a ejercer la veeduría en el proceso electoral, como suele hacerse en los puestos de votación. Además explica que el decreto genera un ambiente confuso para las autoridades en el terreno, lo que podría derivar en represalias contra los periodistas que busquen ejercer su función social, y otras complicaciones en su labor.

No es la primera vez que se toman ese tipo de medidas cuestionables, pues en las elecciones de legislativas de marzo de 2022 y en las regionales de 2019 —ambas bajo la presidencia de Iván Duque— la misma FLIP denunció obstáculos en el libre ejercicio periodístico que fueron producto de decretos confusos y con normas muy parecidas a las que la administración Petro pretende implementar. Ni en 2019 ni en el 2022 los encargados del Ministerio de Interior respondieron a las críticas, recalca la entidad dedicada a la defensa de la libertad de prensa en Colombia. Lo más cercano a ello fue el comunicado de Presidencia este martes donde sostiene que dichas normas se enmarcan en la promoción de garantías electorales y del equilibrio informativo.

La restricción se da en medio de una situación difícil para el cubrimiento electoral. En lo corrido del año, la misma oenegé ha documentado 40 casos de agresiones a periodistas relacionadas con este fin informativo.

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