El pequeño avance de la igualdad de género en las elecciones de octubre

En el barrio Pescaíto, en Santa Marta, la capital del departamento de Magdalena, la valla publicitaria que anunciaba la candidatura de Taliana Gómez fue destruida. Solo su propaganda fue dañada y orinada. Las vallas de los otros candidatos quedaron intactas. Esa ha sido solo una de las tantas agresiones que ha sufrido; la más grave llegó por una llamada en la que en medio de insultos transfóbicos la amenazaron de muerte si no renunciaba a su aspiración electoral. Un ejemplo de las violencias que afrontan las mujeres y la población LGBTIQ+ en su vida política y que se han agudizado de cara a las elecciones regionales del próximo 29 de octubre.

Ese tipo de ataques son una parte de todo un entramado de obstáculos que sortean estas poblaciones a nivel nacional cuando de inclusión y representación electoral se trata. Para ahondar en ello, la Misión de Observación Electoral (MOE), una organización de la sociedad civil, lanzó este jueves un informe en el que recoge cifras sobre la inclusión y la diversidad en este período de elecciones. El documento señala un incremento en el peso de las candidaturas femeninas para los diferentes cargos. De acuerdo con la MOE, el 39,39% de las 128.208 candidaturas son mujeres, frente a 37,2% en las anteriores elecciones regionales y locales, en 2019.

Pese a ese progreso, la cifra sigue muy lejos del 50% para lograr la igualdad básica, y del 55,1% que corresponde al porcentaje de la población adulta que es femenina. Además, en 8 de los 32 departamentos no hay ni una sola mujer participando para ser gobernadora. En algunos, como Norte de Santander, en 2019 tampoco había mujeres en ese tarjetón. Eso no quiere decir que no haya avances: en el Cesar hay por primera vez mayoría femenina, con seis de los nueve aspirantes, incluyendo las dos con mayor intención de voto según la más reciente encuesta.

En los comicios para las Alcaldías en esta edición se presenta un fenómeno particular. Comenzando por el caso de Bogotá, considerado como el segundo cargo elegido popularmente más importante del país, donde no hay ninguna mujer aspirando, un escenario que no ocurría desde 2008. La situación es la misma en tres ciudades capitales: Barranquilla, Sincelejo y Neiva. Solo en Mitú, la capital del amazónico Vaupés, hay tantas candidatas como candidatos.

Para la población LGBTIQ+ las cifras también mejoraron en estos cuatro años, aunque siguen teniendo una participación marginal. Gracias a la plataforma Voto por la Igualdad, que Caribe Afirmativo impulsa desde 2015, cuantificar su participación es más fácil. En esta ocasión registran 200 candidaturas abiertamente LGBTIQ+. De las registradas, el 17% son lesbianas; 11% son bisexuales; 47% son gays; 8,5% no binarias; 1,5 pansexuales y 15% personas con experiencias de vida trans. De nuevo, para las mujeres lesbianas, bisexuales y mujeres trans el camino es más difícil que para sus compañeros hombres, y son solo el 32% de los candidatos LBGTIQ+.

La MOE y Caribe Afirmativo coinciden en que la mejoría relativa también se refleja en la recopilación de información de entidades como la Registraduría: “Se evidencia una sintonía a nivel estatal. Contar con mayor información es una base para exigencias de muchas poblaciones. Celebramos el avance, pero debe venir de la mano con un análisis de los retos que quedan, tanto de los partidos como de la ciudadanía y el sistema electoral”, dice María del Rosario Perea, coordinadora del componente de Inclusión y Diversidad en la MOE. Wilson Castañeda, de Caribe Afirmativo, se muestra en la misma línea: “Este año por primera vez tenemos herramientas de dos entes, uno estatal y otro de la sociedad civil —la Defensoría del Pueblo y la MOE— que monitorean riesgos de violencia electoral”.

A mayor visibilidad, mayor riesgo

En muchos casos, la poca participación está estrechamente relacionada con las violencias a las que están expuestas muchas mujeres o personas LGBTIQ+ cuando deciden aspirar a cargos de elección popular. El caso más brutal fue el homicidio de Claudia Ordóñez, en Jamundí (Valle del Cauca). La lideresa, que era muy reconocida en el corregimiento del Guabal y aspiraba por el Partido Liberal fue asesinada la madrugada del sábado 26 de agosto cuando dos hombres armados llegaron a su trabajo y le dispararon a ella y a su esposo, quien días después murió por la gravedad de las heridas. Hasta el momento las autoridades no han esclarecido el hecho. La Fundación Artemisas, que trabaja desde diferentes frentes de la mano con 90 mujeres lideresas políticas, registra que más de un 70% de ellas han sufrido violencia psicológica en algún punto de su militancia política. La mayoría de casos han sido amenazas de grupos armados, de sus contendores, o anónimas.

Para enfrentar esos hechos, hace 4 meses el Congreso de la República aprobó un proyecto de ley que busca crear sanciones ante la violencia de género en política y promover escenarios de participación más seguros. El proyecto aún espera la sanción presidencial, por lo que las rutas para denunciar son escasas, según Perea: “No hay procedimientos específicos y pertinentes para atender esas violencias. Y de existir, su difusión debería ser amplia e iniciar en los partidos políticos”.

Esas rutas son un punto esencial para promover la equidad pues, en muchos casos, la violencia hacia las candidaturas LGBTIQ+ o femeninas empieza en las mismas colectividades políticas en las que militan. Un ejemplo reciente es la denuncia pública que hizo la candidata trans al Concejo de Bogotá, Valeria Bonilla, quien acusó al partido Polo Democrático Alternativo de dejarla deliberadamente por fuera de su lista cuando ella ya había iniciado su precandidatura con ese partido. A su juicio, fue una decisión con tintes transfóbicos.

Esas situaciones parecen ser cada vez más frecuentes al aumentar la participación de mujeres y población LGBTIQ+, pues son pocos los partidos que cuentan con rutas internas efectivas y claras para sus militantes. A lo anterior se le suma lo naturalizadas que están en la sociedad otro tipo de agresiones como los insultos sexistas, el menosprecio intelectual, la invisibilización, el desfinanciamiento o la violencia digital.

Esas violencias se encarnan en el vídeo sexista de Roger Suárez, candidato a la Alcaldía de Plato, en el que señala que no se va a ‘degenerar’ y muestra a dos mujeres moviendo el torso. Este tipo de campañas alimentan los estereotipos de género y a largo plazo hacen mella en las candidatas y desalientan sus liderazgos políticos.

El impacto de los conflictos armados

Otro factor preocupante para las organizaciones sociales es la escalada del conflicto en diferentes territorios. Los análisis del equipo de Perea evidencian que cuando hay mayores índices de violencia, expresados en el amedrentamiento o el asesinato de líderes, es menor la participación de mujeres.

En ello coincide Juliana Hernández, de Artemisas, quien explica que una en esas situaciones se recarga todavía más el trabajo de cuidados que suelen recaer sobre las mujeres: las lideresas que viven en esas zonas se convierten fácilmente en objeto de amenazas, a ellas o a sus familiares. Y prefieren abandonar sus aspiraciones políticas para salvaguardar a los suyos.

Los liderazgos políticos de personas LGBTIQ+ también han sufrido casos de violencia en varias zonas con fuerte control de actores armados ilegales. Así ocurre en el Urabá Antioqueño o el Catatumbo, explica Caribe Afirmativo. Las personas con experiencias de vida trans son las más afectadas. Hasta el momento, esta organización tiene conocimiento de 13 casos —de las 200 candidaturas que tienen registradas— que han sido motivados por el prejuicio en contra de las expresiones de género u orientaciones sexuales diversas.

En ese panorama de avances pequeños y retos enormes, Perea, Castañeda y Hernández destacan que las candidaturas que siguen adelante lo han hecho con poco apoyo estatal. Encuentran, además, que se distinguen de las tradicionales de hombres blancos urbanos por su sentido de trabajo en comunidad. Como lo manifestó una lideresa política a Artemisas cuando le preguntaron cómo afrontar la violencia en su contra: “Resiliencia y pa’lante”.

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