Las elecciones regionales en Colombia, bajo la amenaza de los crecientes conflictos

En las elecciones regionales del próximo 29 de octubre el Gobierno del presidente Gustavo Petro no solo enfrentará una de las mayores pruebas políticas en sus 14 meses, al jugarse el pulso por el poder local con figuras poco visibles de su movimiento, el Pacto Histórico. También tiene la responsabilidad de garantizar la seguridad en medio de su apuesta por la paz total, con las expectativas por los ceses al fuego firmados con la disidencia conocida como Estado Mayor Central (EMC) y la guerrilla del ELN, y las amenazas que suponen los siete conflictos armados que persisten en Colombia.

Tanto la Defensoría del Pueblo como la conocida oenegé Misión de Observación Electoral (MOE) han lanzado alertas por posibles actos de violencia. A pocos días de la jornada electoral, la Defensoría advierte que 399 de los 1.102 municipios de Colombia tienen un riesgo alto de problemas de seguridad; 113 de ellos están en alerta máxima. El número total de municipios en peligro aumentó en un 39% frente a los anteriores comicios locales, en 2019. Ante ese panorama, la entidad encargada de velar por los derechos humanos le pidió al presidente Petro fortalecer las acciones articuladas del Estado para evitar alteraciones del orden público.

Según la Alerta Temprana 030 de 2023 de la Defensoría, las capitales con riesgo extremo son Arauca (Arauca), Florencia (Caquetá), Quibdó (Chocó), Neiva (Huila) y Cúcuta (Norte de Santander). También aparecen 4 de las 20 localidades de Bogotá: Usme, Kennedy, Ciudad Bolívar, todas en el sur de la ciudad, y Sumapaz, una extensa zona rural que pertenece al Distrito Capital.

El jefe de Estado refuta esas cifras y prevé un escenario de tranquilidad. “No hay 300 municipios en riesgo en las elecciones. Hay 17 y allí estaremos. Habrá elecciones en todo el territorio nacional”, sostuvo en su cuenta de X, antes Twitter, sobre la dimensión de las advertencias.

El ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, también ha buscado transmitir calma a los votantes. “El Gobierno Nacional y toda la institucionalidad estamos revisando y trabajando para tener una jornada electoral tranquila y segura en todos los municipios y departamentos del país”, declaró luego de presidir la Comisión Nacional para la Coordinación y Seguimiento de los Procesos Electorales, una instancia en la que participan organismos electorales y de control. El Ministerio estableció un calendario para trasladarse a 10 regiones priorizadas e informó que, a la fecha, 1.373 candidatos cuentan con medidas de protección.

Sin embargo, para la Defensoría las acciones no son claras y los resultados aún no son visibles. “Es de suma preocupación que, pese a los reiterados llamados de atención, estamos presenciando un aumento alarmante en el número de conductas vulneratorias”, asegura el defensor Carlos Camargo.

La alerta temprana de la Defensoría indica que el Clan del Golfo (o Autodefensas Gaitanistas), el ELN, las disidencias de las FARC y el crimen organizado se han expandido al 56% de los municipios del país, diversificando sus fuentes de financiación ilegal.

“La coyuntura del proceso electoral conlleva una exacerbación de las dinámicas de violencia asociadas al conflicto armado interno. Las decisiones en materia del ejercicio del poder público territorial constituyen un asunto de especial interés para los grupos de crimen organizado, así como el despliegue de sus acciones criminales y la financiación de sus actividades mediante economías ilegales”, añade el defensor Carlos Camargo.

Aunque las cifras de la MOE difieren de las de la Defensoría, no son menos alarmantes. Su mapa de riesgos incluye 166 municipios, de los cuales 83 están en riesgo extremo. Diego Rubiano, investigador senior de esa organización, explica que son zonas donde coinciden factores de violencia, presencia de grupos armados ilegales y elementos indicativos de fraude electoral. “Se observa, por ejemplo, una alta inscripción de cédulas o diferencias pequeñas entre el censo electoral y censo poblacional; lo usual es que el poblacional sea entre un 25% y un 30% más grande”, señala, en referencia a que es un indicador de riesgo de fraude que no haya una diferencia que refleje a las personas menores de edad.

Una de las situaciones que más preocupa es el confinamiento forzado de comunidades, que, de estar obligadas a permanecer en sus casas el día de las elecciones, verán vulnerado su derecho al voto. De acuerdo con estadísticas del Comité Internacional de la Cruz Roja, 22.755 personas estuvieron confinadas en el primer semestre de este año, lo que supone un aumento del 18% con respecto al mismo periodo de 2022. “La persistencia de las confrontaciones armadas y la presencia de artefactos explosivos en distintos territorios han limitado la movilidad de varias comunidades”, indica el informe. El departamento del Chocó, en el Pacífico colombiano, concentra más del 50 % de los casos.

Además de acciones que impidan a los votantes trasladarse libremente a los puestos de votación, también llaman la atención los hechos de violencia política, como asesinatos, atentados y amenazas. El Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos (CERAC) reporta 90 muertes asociadas a situaciones de este tipo entre enero y agosto de este año. Solo en agosto fueron asesinados tres candidatos y el concejal de Tolú (Sucre) Ronald David Gómez Cervantes fue víctima de disparos mientras celebraba los 15 años de su hija en un barrio de Cartagena. En total, ese mes se registraron 17 acciones contra aspirantes a cargos públicos o funcionarios de elección popular.

El horizonte electoral está marcado por dos ceses bilaterales al fuego vigentes entre el Gobierno y agrupaciones armadas, uno con el ELN hasta el 29 de enero de 2024 y el otro recién pactado con las disidencias de las antiguas FARC agrupadas en el EMC, hasta el 15 de enero de 2024. Si bien ese escenario puede reducir los riesgos de violencia en algunas regiones, no frena las confrontaciones entre grupos ilegales.

“En lugares donde las disidencias mantienen disputas violentas con el ELN, como en Arauca y el Catatumbo, es probable que haya menor mejora en la seguridad. El cese con la fuerza pública, por el contrario, podría conducir a que destinen algunos de los recursos que tienen para resolver disputas entre ellos”, señala Jorge Restrepo, director del CERAC.

Rubiano, el investigador de la MOE, agrega que los enfrentamientos entre grupos pueden generar nuevos desplazamientos, confinamientos y alteraciones del orden público. “Esperamos, sin embargo, que el cese bilateral sea un alivio para las comunidades y para garantizar la seguridad perimetral, el acceso a los puestos de votación y el desplazamiento a los mismos”, expresa.

Otra cara de la violencia preelectoral es menos visible, pero no menos asfixiante con la democracia. Se oculta en las intimidaciones que imponen límites a las campañas o al ejercicio de líderes políticos en algunos territorios. En Tibú (Norte de Santander) o Cartagena del Chairá (Caquetá), los alcaldes actuales han tenido que gobernar a distancia por las amenazas. En total son nueve mandatarios locales los que despachan lejos de su pueblo, según la Federación Colombiana de Municipios.

El primer desafío de la seguridad el próximo 29 de octubre será lograr la apertura de todos de los puestos de votación, para que puedan sufragar más de 38,9 millones de ciudadanos. En la jornada se elegirán 1.102 alcaldes, 32 gobernadores, 12.072 concejales, 418 diputados de las asambleas departamentales y 6.513 ediles que conformarán las Juntas Administradoras Locales (JAL). Los candidatos elegidos se posesionarán el 1 de enero de 2024 por un periodo de cuatro años.

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