La Cruz Roja considera como conflicto armado los enfrentamientos entre el ELN y las disidencias de las FARC

La situación humanitaria empeoró el año pasado en muchas regiones de Colombia, donde los desafíos humanitarios persisten, la violencia se ha recrudecido y el número de conflictos armados internos ha aumentado de seis a siete, señaló este miércoles el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) al presentar su balance anual y los retos de este 2023. Uno de los conflictos que se mantienen seis años después de la firma del acuerdo de paz con la extinta guerrilla de las FARC, de acuerdo con el análisis de la organización humanitaria, es el enfrentamiento entre las antiguas estructuras de las FARC que no se acogieron a ese histórico pacto y el ELN, que por primera ocasión entra en esa categoría. Ambos grupos hacen parte de la política de paz total del Gobierno.

“Los reportes de 2022 de nuestros equipos en el terreno nos permiten afirmar que la situación humanitaria en Colombia frente a los siete conflictos armados no internacionales continuó deteriorándose en distintas regiones”, señaló Lorenzo Caraffi, jefe de la delegación del CICR, con presencia en los lugares más remotos del país desde hace 54 años. “Lamentablemente, hubo un aumento en el número de víctimas de artefactos explosivos y de los ataques a los servicios de salud por parte de los portadores de armas. Así mismo, continuamos registrando centenas de casos de personas desaparecidas a raíz de los conflictos armados y asistiendo a decenas de miles de personas confinadas o desplazadas”.

Las zonas más golpeadas fueron los departamentos de Antioquia, Arauca, Cauca, Chocó, Nariño, Norte de Santander y Valle del Cauca. Sin embargo, en Caquetá, Guaviare, Meta y Putumayo la población civil también sufrió el recrudecimiento de la violencia. Aunque en esos departamentos del sur del país las cifras absolutas no parecen tan altas, explicó Caraffi, adquieren otra dimensión cuando se considera la baja densidad poblacional en esos territorios.

Un desordenado archipiélago de grupos armados, con estructuras más fracturadas, sigue activo después del desarme de las otrora Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, que firmaron un acuerdo de paz a finales de 2016. Esa reconfiguración de los actores armados ha provocado un deterioro que ha sido evidente desde el 2018, en medio de la lucha por el control territorial. “Es una situación compleja, en la cual es extremadamente importante que los actores armados permitan el acceso a todas las partes del territorio a organizaciones humanitarias imparciales, cuyo objetivo es simplemente eliminar las consecuencias humanitarias de los conflictos armados, aliviar el sufrimiento de la población civil”, subrayó Caraffi durante la presentación del informe.

En Colombia persisten al menos siete conflictos armados no internacionales, de acuerdo con el análisis del CICR. Tres de ellos son entre el Gobierno y algún actor armado: el Ejército de Liberación Nacional (ELN); las autodenominadas Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), más conocidas como el Clan del Golfo; y las antiguas FARC que no se acogieron al proceso de paz –las llamadas disidencias–. El Ejecutivo tiene en marcha una mesa de diálogos con el ELN y el presidente Gustavo Petro ha anunciado otra con el autodenominado Estado Mayor Central, las disidencias encabezadas por Iván Mordisco que reúnen antiguas estructuras de las FARC.

La clasificación del CICR, ha explicado Caraffi, no le concede ningún tipo de estatus particular a ningún grupo, simplemente corresponde a lo observado en el terreno. Esa clasificación –que se basa en el Derecho Internacional Humanitario– también pasa a considerar por primera vez que hay en marcha un conflicto armado no internacional entre las antiguas estructuras de las FARC y el ELN, debido a la intensidad de sus enfrentamientos, sobre todo en el departamento de Arauca, fronterizo con Venezuela.

Los otros tres conflictos son entre el ELN y el Clan del Golfo, además de los que enfrentan a esas estructuras disidentes con otras dos facciones que se consideran herederas de las FARC. Por un lado, la llamada Segunda Marquetalia, el grupo que retomó las armas bajo el mando de Iván Márquez. Y por otro, los Comandos de la Frontera, en un conflicto que ha sacudido el selvático departamento de Putumayo, fronterizo con Ecuador y Perú.

Mientras el Gobierno empaqueta a los Comandos de la Frontera como parte de la Segunda Marquetalia para efectos de los diálogos –y ceses al fuego– que busca en el marco de la paz total, el CICR lo considera un grupo independiente. Aunque los equipos en el terreno confirman que existe una alianza entre ambas estructuras, no necesariamente se ha traducido en una jerarquía común, o en una coalición militar que permita abordarlos como un solo grupo armado, ha explicado la organización humanitaria.

Entre las cifras de impacto humanitario que documentó el CICR en 2022, más de 123.000 personas se desplazaron de manera individual y otras 53.000 sufrieron desplazamientos masivos. Por otra parte, 39.000 personas estuvieron confinadas en ocho departamentos por el recrudecimiento de las acciones armadas y la presencia de artefactos explosivos en sus territorios. Hubo 515 víctimas de minas antipersonal, restos explosivos de guerra y artefactos lanzados y de detonación controlada –de las cuales 56 fallecieron–, además de 209 casos de desaparición relacionados con los conflictos armados.

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