Gustavo Petro pone el foco en la compra de votos

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha informado este martes el valor de las recompensas que planea ofrecer para evitar la compra de votos en las elecciones territoriales del próximo domingo 29 de octubre. “Se pagará al informante hasta el 10% del dinero destinado a la compra de votos que pueda ser decomisado por la policía nacional”, escribió en X. Unos minutos antes, en la misma red social, había explicado que todos los jefes seccionales de la Policía Nacional serán evaluados este fin de semana electoral “de acuerdo al balance que tengan en la captura de responsables de delitos contra el sufragio” y que “se pagará entre un millón a 5 millones de pesos a quienes denuncien con pruebas a los compradores de votos.” También pidió a la ciudadanía “grabar toda actividad irregular en las campañas” y hacerla llegar al Gobierno.

Las medidas intentan controlar un problema endémico que desde hace años plaga la democracia del país. La compra de votos, asegura Petro, “da inicio a todo el proceso de la corrupción de Colombia”. En un audio difundido a varios medios de comunicación, el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, explicó que la cartera a su cargo ha venido trabajando con el director general de la Policía Nacional, William René Salamanca, en la estrategia anticorrupción electoral.

Velasco destacó la mañana de este martes en Blu Radio que el plan busca transparencia en los comicios, en respuesta a las varias alertas que han recibido sobre prácticas en diferentes ciudades que “afectan la democracia”. El pasado 14 de octubre, la Misión de Observación Electoral (MOE), una ONG especializada, presentó un mapa de riesgo electoral en el que advirtió de que casi el 54% de los 1.102 municipios del país presentan “algún nivel de riesgo” para los próximos comicios. 317 de ellos están en riesgo medio, 212 en riesgo alto y 67 en riesgo extremo. La MOE se refería tanto a los desafíos de corrupción electoral, que incluyen la compra de votos y otros delitos como el soborno de jurados o de funcionarios que vigilan las urnas, como a los riesgos de seguridad en un país con una violencia creciente y en el que los diversos actores armados han buscado incidir en los resultados electorales.

Frente a este panorama retador, el ministro Velasco aseguró que “le sale más barato al Gobierno invertir unos recursos en recompensas para capturar a los compradores de voto, que lo que le puede salir a la sociedad dejar que unos bandidos compren votos”. No mencionó que la estrategia, que detallará en una rueda de prensa a las 10.30 a.m. de este miércoles, incluya elementos para otras modalidades de delitos electorales.

Respecto a la seguridad, que hasta ahora no ha merecido el mismo despliegue del presidente, hay una discusión. Además de la MOE, la Defensoría del Pueblo ha señalado que 399 de los municipios de Colombia tienen un riesgo alto de problemas de seguridad en los comicios y que 113 de ellos están en alerta máxima. Sin embargo, el presidente desmiente estas cifras y asegura que son solo 17 los que están en riesgo. “No hay 300 municipios en riesgo en las elecciones. Hay 17, y allí estaremos. Habrá elecciones en todo el territorio nacional”, declaró en X a finales de agosto. El domingo de las elecciones se instalará un puesto de mando unificado para supervisar lo que ocurra, junto con un dispositivo de unos 250.000 militares y policías para custodiar los más de 12.000 puestos de votación del país.

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