Litigio en La Haya: un alivio para Colombia

El litigio con Nicaragua se convirtió en un dolor de cabeza para los gobiernos colombianos que se acostumbraron a evitar el tema y aplazar su gestión con tal de no asumir la responsabilidad de un tema complejo y técnico. Desde 2012 ha significado uno de los traumas nacionales más significativos de la historia, pues en ese momento, la Corte Internacional de Justicia le concedió a Nicaragua 72 mil km2 de mar que Colombia consideraba parte de su soberanía. Aquello significó una crisis política de grandes proporciones y confrontó al país a una realidad de la que no era consciente. Por años, los presidentes colombianos subvaloraron el reclamo nicaragüense y se negaron a negociar directamente con Managua por la impopularidad que ese diálogo revestía. Ahora parece no haber opción.

Desde el triunfo de la revolución sandinista en 1979, Nicaragua emprendió una cruzada legal para reivindicar sus derechos que consideraba vapuleados por sus vecinos. A mediados de los 80, llevó a la Corte Internacional de Justicia el reclamo contra EEUU por el apoyo a los contras. En tal proceso se partió su historia pues uno de los Estados más pobres de América Latina se impuso en derecho, sobre el país más poderoso del mundo. Esa victoria legal la envalentonó y Nicaragua vio en el derecho la posibilidad de obtener una compensación por haber sufrido durante años la ocupación militar, el desmembramiento de su territorio o la injerencia. En 2001 demandó a Colombia y poco más de diez años después obtuvo mar y acceso a ingentes recursos. Por eso, a finales de 2013, intensificó su ofensiva legal y acudió a la Corte para que le fuera reconocida la plataforma continental extendida. A entender de Managua parte de su costa queda por debajo del agua, razón por lo cual merecía acceso a una plataforma más allá de las 200 millas náuticas. Y en diciembre de ese año, volvió a demandar (tercera demanda) a Colombia por la violación de sus derechos soberanos y jurisdiccionales. El Gobierno de Juan Manuel Santos había declarado una “zona contigua integral” para proteger la unidad del archipiélago, directamente amenazada por la decisión de la Corte de 2012. En abril de 2022, la Corte le volvió a dar la razón a Managua y reconoció que efectivamente Bogotá había violado los derechos de su vecino.

Con estos antecedentes, se temía en Colombia que la Corte tomara otra vez una decisión que afectara sus intereses y empezara un proceso para delimitar la plataforma continental abriendo la puerta a años de tensiones geopolíticas. Sin embargo, la Corte rechazó categóricamente el pedido nicaragüense. ¿Qué pudo haber tenido en cuenta el tribunal? Primero, Colombia hizo una buena defensa acudiendo al artículo 76 (numerales 2 y 4) de la Convención sobre Derechos del Mar (de la que no hace parte) en el que la plataforma continental de los Estados no debe extenderse. La votación de 13 contra 4 sugiere que no hubo un marcado disenso y que, de forma rápida se entendió que no había razones para abrir un proceso incierto y dispendioso. Y, es posible que la Corte haya sido consciente de los efectos políticos del fallo de 2012 y de la renuencia colombiana a respetarlo en buena medida por la necesidad de la protección de las comunidades que allí habitan. Abrir la puerta a un proceso, hubiera significado poner a Colombia contra la pared y entregarle la razón perfecta para omitir la decisión de 2012 acudiendo a la retórica (no del todo injustificada) de que, con sus decisiones, la Corte pone en riesgo los derechos de raizales, palenqueros y pescadores del archipiélago. Eso sin contar los efectos sobre terceros preocupados por las pretensiones para la explotación de recursos del subsuelo que pueden alterar y afectar la reserva de la biosfera del Seaflower que comparten Colombia, Costa Rica, Jamaica, Honduras, Nicaragua y Panamá.

¿Con esto queda clausurado el litigio entre Colombia y Nicaragua? Si bien se cierra el caso por el que Managua buscaba extender su plataforma continental, queda pendiente el tema de mayor relevancia: qué va a ocurrir con el fallo de 2012 y la delimitación ordenada por la Corte. Colombia no ha aplicado en fallo pues considera que pondría en riesgo su unidad territorial y deja expuesta a una comunidad que pide a gritos asistencia. Los gobiernos de Juan Manuel Santos, Iván Duque y Gustavo Petro han optado por la opción más popular de negar cualquier negociación con Nicaragua dejando en suspenso la definición del límite y haciendo más vulnerables a los isleños. Aunque sea costoso políticamente, Bogotá y Managua deberán negociar directamente un esquema de protección de las comunidades, una forma de explotación de recursos compatibles con las vulnerabilidades ambientales de la zona y lo que a todas luces parece más espinoso: un límite definitivo.

Un factor adicional que complejiza el panorama es la deriva autoritaria en Nicaragua que desincentiva cualquier aproximación, al considerarla como una forma de legitimar a un régimen desprovisto de mínimas formalidades democráticas. La expulsión y despojo de nacionalidad de 300 opositores produjo una reacción aireada de Colombia que, en una declaración sin antecedentes, le pidió a la Corte Penal Internacional una investigación (aunque Nicaragua no sea parte del Estatuto de Roma). Así las cosas, nada parece fácil en una negociación que nadie quiere asumir pero que resulta urgente e inaplazable.

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