Colombia condena con dureza las últimas medidas de Ortega tras una primera respuesta tibia

El Gobierno de Gustavo Petro ahora sí se ha sumado con firmeza a la condena internacional al régimen de Daniel Ortega en Nicaragua, tras el destierro de 222 presos políticos el pasado 9 de febrero. La Cancillería ha rechazado este jueves “los dictatoriales procederes de quien hace traer a la memoria los peores momentos de la dictadura de Anastasio Somoza”, en referencia al autócrata que la Revolución Sandinista, liderada por Ortega, derrocó en 1979. Además, ha calificado el exilio de los opositores como “sorpresivo e inhumano”.

“Colombia ha registrado con repulsión las medidas tomadas de manera arbitraria por el jefe de gobierno de la hermana y sufrida República de Nicaragua contra ciudadanos de su país cuyo único delito ha sido defender la democracia, el derecho a la crítica y los derechos humanos universales”, lee el comunicado.

El tono de la Cancillería difiere del utilizado hace unos días, cuando otro comunicado lamentó la pérdida de la nacionalidad de los 222 presos expulsados el 9 de febrero y expresó “preocupación” por la decisión de extender la medida a otros 94 opositores el 15 de febrero. “El Gobierno de Colombia hace un llamado a generar medidas de confianza que contribuyan a la reconciliación nacional, al respeto del Estado de derecho y al bienestar del pueblo nicaraguense”, declaró en ese entonces. Según el texto, el Ministerio de Relaciones Exteriores seguía “con atención” las decisiones de Nicaragua con respecto a un importante grupo de personas todavía detenidas.

El país andino ahora pide varias medidas a la comunidad internacional. Ha solicitado a la presidenta de Comité Internacional de la Cruz Roja, Mirjana Spoljaric, que consiga una autorización para visitar a los presos que todavía se encuentran en Nicaragua. “Víctimas son. El Derecho internacional Humanitario los cobija”, ha justificado. Además, Colombia exhorta al fiscal de la Corte Penal Internacional a tomar acciones: “El autoritarismo que se ha impuesto en la hermana república ha infringido normas ius cogens. Aquellas de las cuales se ha definido que son imperantes, inderogables, absolutas, perentorias, inmutables en esencia”.

El Ministerio de Relaciones Exteriores se ha referido especialmente al caso del obispo Rolando Álvarez, que se negó a subir al avión del destierro y fue condenado a 26 años de cárcel. “Queda en la sagrada tierra nica quien logró señalar que afuera nunca”, ha resaltado. Según el texto, Álvarez ha dado una lección al mundo y a la dictadura con su “patriótica decisión”.

Colombia ha reforzado su compromiso y ha ofrecido la nacionalidad a todos los que han sido abusados “por el poder intolerante de Nicaragua”. “Mucho nos honrarían”, dice el comunicado. La medida llega después de semanas de silencio, en las que generó sorpresa que otros países como España tomaran la iniciativa. El Gobierno de Pedro Sánchez ofreció el 10 de febrero la nacionalidad española a los 222 presos políticos que el régimen había metido el día anterior en un avión hacia Estados Unidos. Después, el 17 de febrero, hizo extensiva la iniciativa a los otros 94 opositores despojados de su nacionalidad el 15 de ese mes. Mientras, en América Latina se mantenía la cautela.

El presidente de Chile, Gabriel Boric, fue quien finalmente tomó el liderazgo regional contra Ortega. “No sabe el dictador que la patria se lleva en el corazón y en los actos, y no se priva por decreto”, escribió en Twitter el 18 de febrero. Su homólogo colombiano, Gustavo Petro, optó por un mensaje más moderado al día siguiente: “América Latina debe ser un espacio sin presos políticos y sin presos sociales. Toda violación a los derechos humanos debe ser condenada por toda la comunidad internacional. Mi solidaridad con los 94 nicaraguenses que fueron despojados de su nacionalidad”.

Argentina y Chile ofrecieron el 21 de febrero la ciudadanía al escritor y exvicepresidente Sergio Ramírez, uno de los 94 opositores a los que se les despojó de la nacionalidad en la segunda ronda de represalias. Colombia informó al día siguiente que replicaba la decisión. “Ayer, en Madrid, España, interpretando la solidaridad del país todo y el sentimiento del presidente Gustavo Petro, ofrecí la nacionalidad colombiana al político, intelectual y escritor nicaraguense”, declaró el canciller, Álvaro Leyva.

La dureza del comunicado de este jueves contrasta con la postura de Colombia durante el año pasado. El país andino decidió no asistir el 12 de agosto a una reunión de la Organización de Estados Americanos (OEA) en la que se iba a condenar al Gobierno de Nicaragua por sus violaciones a los derechos humanos. Según el Ejecutivo, se debió a razones “estratégicas” y no “ideológicas”, ya que los diplomáticos negociaban en ese momento una liberación de presos políticos que finalmente no tuvo éxito.

Las relaciones diplomáticas entre Colombia y Nicaragua se restablecieron en agosto de 2022, después de haber sido interrumpidas durante el Gobierno de Iván Duque. Ambos países mantienen una larga disputa por diferencias territoriales en el mar Caribe.

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