Colombia expresa su “preocupación” por el despojo de la nacionalidad de 94 opositores en Nicaragua

El Gobierno de Gustavo Petro en Colombia ha expresado este viernes su “preocupación” ante la más reciente medida anunciada por el régimen de Daniel Ortega en Nicaragua, que despojó esta semana de su nacionalidad a 94 ciudadanos, entre ellos los escritores Sergio Ramírez y Gioconda Belli, después de que ya se la había retirado a otros 222 presos políticos liberados y expulsados a Estados Unidos.

“Estas medidas vulneran el derecho a la nacionalidad, contemplado en un conjunto de instrumentos jurídicos internacionales, incluyendo, entre otros, la Declaración Universal de Derechos Humanos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos, tratado del cual Nicaragua es Estado parte”, ha manifestado la Cancillería del país sudamericano.

“El Gobierno de Colombia hace un llamado generar medidas de confianza que contribuyan a la reconciliación nacional, al respeto del Estado de derecho y al bienestar del pueblo nicaragüense”, concluye el comunicado en el que el Ministerio de Relaciones Exteriores, con un lenguaje muy contenido, señala que “sigue con atención las decisiones del Gobierno de la República de Nicaragua con respecto a un importante grupo de personas detenidas en ese país”.

La diplomacia colombiana también valora como “un paso importante para el diálogo nacional” la decisión del pasado 9 de febrero de excarcelar al grupo de 222 presos políticos y trasladarlos a Estados Unidos. Las relaciones con Managua son un asunto delicado para Bogotá, dado que ambos países sostienen un diferendo limítrofe de larga data en el mar Caribe que involucra la soberanía de las aguas que rodean el archipiélago de San Andrés y Providencia. Actualmente avanza un tercer proceso entre ambas partes en la Corte Internacional de Justicia en La Haya, después de que el país centroamericano pidió en 2013 la ampliación de su plataforma continental.

EL PAÍS había consultado este jueves a las cancillerías de Colombia, Chile, México, Argentina y Brasil sobre última ofensiva de Daniel Ortega y Rosario Murillo, que en menos de una semana desterró a Estados Unidos a 222 presos políticos, declarándoles “apátridas”, y despojó de la nacionalidad a los otros 94 opositores. Hasta entonces, de las cinco principales potencias de América Latina, todas gobernadas por la izquierda, el Ejecutivo de Gabriel Boric había sido el único en manifestar abiertamente su repudio. La Administración de Andrés Manuel López Obrador se limitó a emitir una declaración difusa sobre la protección de los derechos humanos, mientras que Alberto Fernández y Lula da Silva optaron por el silencio.

La decisión de Managua de despojar de la nacionalidad nicaragüense a las voces críticas se ha convertido en una nueva forma de represión e intimidación. Desde 2018, cuando estallaron masivas protestas contra el Gobierno en la capital y otras ciudades del país, el régimen de Ortega y Murillo ha desatado una feroz represión.

Petro, que ya cumplió su primer semestre en el poder, busca marcar el camino de la nueva izquierda latinoamericana, pero el liderazgo regional al que aspira también se juega en sus posturas con respecto a la vieja izquierda. En campaña se distanció de los regímenes autoritarios como los de Cuba, Venezuela y Nicaragua. Sin embargo, tanto La Habana como Caracas son clave para la política de paz total que persigue su Gobierno. En esos dos casos, Bogotá ha restablecido y normalizado las relaciones luego de años de tensiones diplomáticas en el periodo de Iván Duque, y ambos países son garantes en la negociación con la guerrilla del ELN.

Nicaragua, por otra parte, es un terreno pantanoso para la diplomacia colombiana. Las relaciones son tensas. La Cancillería incluso había tropezado en su apuesta frente a Managua al ausentarse en una sesión de la OEA sobre la condena al régimen de Ortega y Murillo por perseguir a la prensa y encarcelar opositores, recién posesionado Petro. Esa movida, nunca del todo aclarada, se debió a razones estratégicas y humanitarias, pero no ideológicas, defendió en su momento el canciller Álvaro Leyva.

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