El policía implicado en las chuzadas a las empleadas de Laura Sarabia responsabiliza a la Fiscalía

Las escuchas ilegales a dos empleadas de la exjefa de Gabinete, Laura Sarabia, han generado varias incógnitas y pocas certezas. Se sabe que el pasado 30 de enero, un día después del robo de un maletín en la casa de la funcionaria, un policía pidió a un fiscal de Chocó que ordenase la interceptación de dos teléfonos que presuntamente estaban vinculados al Clan del Golfo. En eso coinciden el patrullero implicado y la Fiscalía, que acusa al uniformado de haber inducido al error al fiscal que aprobó las interceptaciones. El policía y su defensa, sin embargo, han asegurado este lunes en W Radio que la entidad acusatoria decidió continuar con las chuzadas después de que la Policía solicitara levantar los pinchazos, el 3 de febrero.

El exembajador en Venezuela Armando Benedetti deslizó el pasado miércoles en Twitter que Sarabia había ordenado intervenir el teléfono de Marelbys Meza, niñera de sus hijos al momento del robo. El fiscal general, Francisco Barbosa, tomó el protagonismo al día siguiente: “Hoy es un día muy lamentable para el Estado de Derecho en Colombia. Hoy podemos decir con claridad que las chuzadas, las interceptaciones ilegales, han retornado a Colombia”. Según él, la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (Dijin) de la Policía había presentado un informe falso el 30 de enero para inducir al error a la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales de la Fiscalía e intervenir los teléfonos de Meza y otra empleada.

Las versiones sobre otros detalles son contradictorias. Un comunicado de la Policía el mismo jueves informa que las escuchas se autorizaron el 26 de enero —antes del robo en la casa de Sarabia—, que comenzaron el 30 de enero y que se solicitó la cancelación el 2 de febrero. La Fiscalía los desmintió al día siguiente, en un boletín de prensa. De acuerdo con la entidad acusatoria, la Dijin pidió el 26 de enero la intervención de unas líneas telefónicas y el 30 pidió incluir también las de Meza y su compañera. Además, la cancelación presuntamente se solicitó 10 días después de comenzados los pinchazos y no a las 72 horas.

El policía que pidió las escuchas dio su versión este lunes. Según él, la entidad acusatoria es la responsable porque es la que intercepta las comunicaciones, mientras que la Policía se limita a informar y motivar las posibles escuchas. En su caso, explicó que solicitó las intervenciones porque los teléfonos habían sido señalados por una fuente confiable del Clan del Golfo, que en agosto de 2022 le había posibilitado “dar con resultados importantes” contra el grupo armado. “A mí también me indujeron al error, yo partí de la buena fe a la fuente humana”, subrayó. Asimismo, ha expresado en W Radio que teme por su seguridad: “La Fiscalía me está culpando sin haberme investigado previamente (...) me expusieron [ante el Clan del Golfo]”.

En el centro de la disputa ha quedado qué entidad tiene la responsabilidad principal por las chuzadas. El uniformado asegura que las líneas de teléfono ingresaron el 31 de enero a la Sala de Interceptación de la Policía y que tres días después un analista de la sala le informó que no guardaban relación con el Clan del Golfo. De acuerdo con el policía y su defensa, se informó inmediatamente a la Fiscalía, que mantuvo las escuchas durante una semana más. “La gran incógnita es por qué el fiscal no cancela cuando lo solicita el patrullero [el 3 de febrero], sino siete días después”, ha comentado el abogado defensor, Miguel Ángel del Río.

La defensa del policía enfatiza, además, que la Fiscalía sabía desde febrero de la identidad de las dos mujeres intervenidas. Del Río ha señalado en W Radio que hubo dos solicitudes de escuchas a Meza y su compañera. La primera fue la de la fuente del Clan del Golfo en Chocó, pero después hubo otra que pidió el despacho de otro fiscal, el que investigaba en Bogotá el hurto a Sarabia. Según el abogado, el sistema “rebotó” las nuevas solicitudes porque las líneas telefónicas ya estaban interceptadas por el despacho en Chocó. “El fiscal general de la Nación tenía conocimiento de que había una investigación por el hurto y tenía información de lo que estaba pasando”, ha declarado Del Río.

Las chuzadas, que recuerdan a otros escándalos mayores en Gobiernos anteriores, son parte de una polémica mayor entre Sarabia y su antiguo jefe y mentor, Armando Benedetti. El miércoles, W Radio reveló que Meza había viajado a Venezuela hace unas semanas para reunirse con Benedetti y supuestamente planear la denuncia original en Semana, en la que la exempleada comentó que fue sometida a un detector de mentiras tras el hurto. Fuentes cercanas a Sarabia acusaron al entonces embajador de chantajear, en los días previos a la denuncia, a quien era la mano derecha del presidente Gustavo Petro. El viernes, tras días de tensión y la revelación de las escuchas, el presidente Gustavo Petro los echó a los dos: “Mientras se investiga, mi funcionaria querida y estimada y el embajador de Venezuela se retiran del Gobierno”.

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