‘Operación Siloé’: el Estado colombiano es condenado por un tribunal popular en un fallo simbólico

El Tribunal Popular de Siloé ha sentenciado simbólicamente al Estado colombiano por la violencia ocurrida en ese barrio de Cali, durante las protestas de 2021. El fallo denuncia el carácter clasista y racista de la represión estatal registrada entre el 28 de abril y el 12 de junio de ese año. El Estado y los grupos de civiles armados se ensañaron con las personas marginalizadas y empobrecidas. La sentencia, conocida este lunes, declara que lo que ocurrió es una muestra de la “tragedia histórica agenciada por el Estado colombiano al no reconocer las exigencias sociales e irrespetar el derecho a la protesta social”. Lo que pasó en Siloé fue un “genocidio continuado”, señalan.

El fallo no es vinculante en términos judiciales, pero es reparador para las víctimas. El Tribunal, creado tras las protestas, está conformado por organizaciones sociales, abogados y líderes del barrio. La sentencia, la primera de un tribunal popular, fue firmada por un grupo de académicos y activistas de varios países, que jugaron el rol de magistrados. La socióloga argentina Verónica Giordano fue una de las encargadas de leer el fallo. El comité de expertos documentó y analizó 18 hechos violentos, que dejaron 159 víctimas. Fueron 46 días, según la sentencia, en los que Siloé vivió una guerra. 16 personas fueron asesinadas, hubo desapariciones forzadas, heridos por arma de fuego, detenciones arbitrarias, amenazas. Dos de los muertos eran menores de edad.

Para los magistrados, la violencia que vivió Siloé vino del Estado. Desde el presidente Iván Duque hasta el alcalde, Jorge Iván Ospina, son responsables de la represión a la protesta que terminó en tragedia para muchas familias. “Los servidores públicos abusaron del uso de la fuerza como parte de un comportamiento estatal que no ha sido ajustado al deber ser, a pesar de la serie de condenas ante la justicia interamericana”, dice el Tribunal, que espera que su fallo tenga un impacto en la justicia ordinaria, donde se han abierto procesos, pero no avanzan. La Fiscalía acusó a dos oficiales y un patrullero por su presunta responsabilidad en “varios homicidios” ocurridos durante las jornadas de protesta en Cali. Por tres muertes de las 16 registradas durante las protestas en Siloé, están bajo investigación el teniente Néstor Fabio Mancilla, del Grupo de Operaciones Especiales de la Policía, y el coronel Édgar Vega Gómez, de la Policía Metropolitana de Cali.

El fallo señala como responsables de los hechos ocurridos en Siloé al expresidente Iván Duque, a su ministro de Defensa, Diego Molano; al entonces comandante del Ejército, el general Eduardo Zapateiro, y a altos mandos de la Policía nacional y local. La ‘Operación Siloé’, que comandó el general Zapateiro, se llevó por delante los derechos humanos de los jóvenes que protestaban, dice la sentencia. Duque tenía a la calle en su contra con unas manifestaciones que se extendían por todo el país y Cali era uno de los lugares con más gente afuera. El presidente llamó a las fuerzas militares a “recuperar” la ciudad y estas se desplegaron en la comuna 20, donde hubo disturbios durante dos meses.

“La construcción espacial de Siloé como barrio periférico de la ciudad está llena de procesos de acción social y colectiva. Sin embargo, desde la perspectiva del Estado policial, Siloé es clasificado como un barrio peligroso, como una “zona roja”, señala la sentencia. La estigmatización y los señalamientos frente a esta población motivaron una confrontación en medio de las protestas que terminó en noches como la del 5 y 6 de mayo de 2021, cuando fueron asesinados Jonathan Uribe Correa y Juan Camilo Echeverry, y heridos por lo menos 15 jóvenes por la Policía, documentó el Tribunal.

El Gobierno de Duque aplicó un decreto para priorizar la militarización en las ciudades en medio de las manifestaciones y el general Zapateiro lideró la “asistencia militar” a la Policía. Cali fue uno de los epicentros de las protestas en 2021 y Siloé, el blanco de las fuerzas militares. “En cada delito que ocurrió en Siloé se oculta la sombra de un crimen de Estado”, señala el Tribunal, que hace dos meses denunció amenazas. En un panfleto, las Autodefensas Gaitanistas declaró a varios de sus integrantes objetivo militar.

La magistrada Giordano dijo a la agencia EFE que el proceso para llegar a la sentencia implicó ver, escuchar, contrastar, y comprender los contextos en los que se presentaron las violaciones a los derechos humanos de la población de Siloé. “Se valoró la amplia evidencia recaudada en los testimonios, la prensa, pruebas escritas y videos donde se buscó establecer la verdad sobre las violaciones a derechos humanos cometidas contra los pobladores y residentes de la comunidad de Siloé”, afirmó, también a EFE, la magistrada cubana Yoanka León del Río.

El 3 mayo de 2021, los vecinos de Siloé se reunían en una velatón por el asesinato de un joven en otro punto de la ciudad cuando el sonido de unos disparos los alertaron. Esa noche hubo tres muertos y más de 20 heridos por balas de la policía. “Una masacre”, dice la sentencia del Tribunal. Cuatro días después, los manifestantes presentes en el punto de resistencia de La Nave fueron atacados por civiles armados que les dispararon y huyeron en camionetas de lujo frente a las autoridades que no hicieron nada para impedirlo. Esa misma semana, fue asesinado Jhonatán Andrés Reyes y fue herido Jordán Alexis Zabala Marín tras un ataque indiscriminado de la fuerza pública.

El 28 de mayo, al cumplirse el primer mes del estallido social, el tribunal denuncia que fue perpetrada otra masacre por parte de agentes estatales. Esa noche murieron en un incendio Michael Aranda, de 24 años, Daniel Sánchez, de 16 y Didier Quintero, de 17 años. Según la sentencia, durante la misma jornada al menos 35 personas mayores y 15 menores de edad fueron detenidos, víctimas de montajes judiciales. El tribunal concluyó que los “móviles de las ejecuciones extrajudiciales y de los demás crímenes de Estado que resultan en Siloé tienen similitud con las ejecuciones extrajudiciales cometidas a lo largo y ancho de Colombia en periodos previos”.

El carácter social del Tribunal Popular puso a las familias y los sobrevivientes en el centro de la investigación, que este lunes ha fallado de su favor. “Esta sentencia se profiere acudiendo a la ética ciudadana, la que nos compromete a la búsqueda de la verdad, la exigencia de justicia y reparación integral con garantías de no repetición”, señalaron los magistrados.

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