Las dudas que persisten sobre el plan de Petro para liberar a los detenidos en las protestas

A inicios de este mes, el presidente Gustavo Petro aseguró en un encuentro con líderes comunitarios en Pasto que antes de Navidad los jóvenes detenidos en las protestas contra el anterior Gobierno serían liberados. “Centenares de jóvenes detenidos por participar en protestas serán declarados gestores de paz antes de Nochebuena”, dijo el mandatario. Petro había les había prometido justicia a quienes denuncian haber sido víctimas de montajes judiciales y sufrir un castigo por haber salido a las calles a manifestarse. La promesa de campaña, sin embargo, ha resultado más difícil de cumplir de lo que Petro calculaba. Con un decreto, gracias a la ley de paz total, el presidente creó una comisión que decidirá quiénes serán liberados, pero los jueces tendrán la última palabra.

De los “centenares” de jóvenes que Petro aseguró que estarían en sus casas antes de Navidad, apenas siete lo podrán hacer. El viernes, el presidente nombró como voceros de paz a cinco detenidos en cárceles y a dos que están bajo medida domiciliaria. El Gobierno asegura que estudia “minuciosamente” 200 casos más, pero los anuncios sobre el proceso de liberación, que se han dado a cuentagotas y sin mayores detalles, han generado confusión incluso entre los detenidos. Algunos, recluidos desde hace más de un año en estaciones policía, no saben si también podrán ser gestores de paz o si es solo para quienes están en cárceles o en detención domiciliaria. Las dudas sobre qué delitos entrarán en este alivio tampoco les da certezas a los jóvenes que denuncian haber sido judicializados por delitos desproporcionados e injustos, ajenos a la protesta.

Desde 2019, Julián Duarte espera librarse de un proceso judicial que carga desde el inicio de las manifestaciones contra el Gobierno de Iván Duque. La Fiscalía lo señala por fabricación, tráfico y porte de armas de uso privativo de las fuerzas armadas. Ha podido llevar su proceso ante la justicia en libertad, pero ahora se pregunta si casos como suyo entran en los planes del Gobierno. “La propuesta ha sido muy nebulosa en términos de su contenido. Por ejemplo, la Ley de paz total [con la que Petro da soporte legal a las liberaciones] no excluye ningún delito ni plantea que los condenados no puedan participar”, dice Duarte por teléfono. Desde 2020 es parte de la campaña Objetivo Libertad, una organización de familiares y personas judicializadas y otras formas de criminalización, que acompaña, documenta y exige la liberación de los detenidos o condenados injustamente por participar en las protestas. “El Gobierno nacional, por no agudizar ciertas contradicciones con distintos sectores políticos, ha intentado responderles a los compañeros que están encarcelados con las liberaciones, pero al mismo tiempo le da gusto a la derecha repitiendo el mensaje de que “no todos saldrán”, apunta Duarte, de 33 años.

Los ministros de Justicia, de Defensa y de Interior, y el mismo Petro, han insistido en que solo quienes están procesados por delitos menores y que no hayan sido condenados serán liberados. Pero en las cárceles hay detenidos por delitos graves, como tortura y tentativa de homicidio, que dicen ser inocentes y esperan que el Gobierno los incluya en su propuesta. “En este país se ha demonizado a las personas que fueron capturadas y si el Gobierno adopta la misma postura, con la narrativa de que los condenados o los sindicados por delitos graves no pueden ser gestores de paz, desconoce que el hecho de que existan condenas no significa que sean culpables. Los procesos judiciales estuvieron profundamente viciados”, denuncia Duarte.

El ministro de Justicia, Néstor Osuna, ha dicho que ninguno de los primeros siete beneficiados está sindicado por delitos de lesa humanidad, homicidio, tortura, delitos sexuales o contra menores de edad. “Son delitos de afectación al bien público o privado, obstrucción de vías públicas, transporte o irrespeto a autoridad. Lo que más tuvimos en cuenta no fueron tanto los delitos, sino la utilidad que [los jóvenes] pueden prestar para la reconciliación del barrio”, aclaró a la prensa el ministro.

A menos de 48 horas de que se cumpla el plazo dado por el mismo Petro para liberarlos, no es claro cuáles son las condiciones o criterios que debe cumplir quien quiera ser gestor de paz, una figura creada en 1997 para designar a personas que han pertenecido a los grupos armados ilegales y que son liberadas de la cárcel para aportar con su presencia en acuerdos humanitarios o en acercamientos que permitan hacer la paz con el grupo al que pertenecen.

Petro concretó su propuesta con el decreto en el que nombró la comisión intersectorial que estudiará los casos, pero se han conocido pocos detalles sobre cómo funcionarán las gestorías de paz, en qué conflicto participarán y si podrán trabajar y estudiar mientras estén libres. El Gobierno, de momento, ha reconocido que la decisión final será de los jueces, que podrían aplicar una figura jurídica , la “excepción de inconstitucionalidad”, que les da derecho de decidir no aplicar una norma si la consideran contraria a la Constitución.

Rodrigo Uprimmy, investigador de Dejusticia y profesor de la Universidad Nacional, explicaba esta semana en un análisis de El Tiempo que aunque “el gabinete ministerial a cargo de recomendar los perfiles de los liberados ha sido claro en sus posturas, el fundamento legal que tiene para su funcionamiento es “totalmente precario” . No está del todo despejado el camino para que Petro pueda cumplir su promesa, pues bastaría que el Consejo de Estado suspenda el decreto tras una demanda para congelar la iniciativa, e incluso eventualmente anularla, explica el diario colombiano.

Marcela Garzón es una de las madres que espera que la propuesta de Petro ayude a su hijo. Ella todavía no entiende cómo fue que salió a marchar y terminó detenido y condenado por la Fiscalía. “Él simplemente salió a marchar, yo no entiendo”, dice la mujer a punto de llorar. Su hijo, Duván Felipe Tovar Garzón, de 21 años, fue capturado el 28 de noviembre del año pasado en el Portal de las Américas, en Bogotá. Desde entonces permanece recluido en la cárcel Distrital, sentenciado a una pena de 11 años. “Mi hijo no es ningún delincuente. Ojalá revisen su caso, así esté condenado”, suplica desesperada Garzón, que denuncia haber sido engañada por un abogado que le asesoró mal y le cobró una suma de dinero, que para poder pagar tuvo que acudir a una colecta. “Todo ha sido muy injusto, el Gobierno tiene que escuchar también nuestros casos”, dice la mujer que lleva meses buscando que alguna entidad del Estado la atienda.

El jueves pasado, después de dos citas pospuestas, el presidente Petro se reunió con el fiscal general, Francisco Barbosa, para hablar de los gestores de paz. Al final del encuentro anunciaron que la figura también beneficiará a policías involucrados en casos de uso de fuerza desmedida contra los manifestantes. Barbosa confirmó que “la última palabra sobre las personas que se encuentran privadas de la libertad la tienen los jueces”. El fiscal se opone a cualquier posibilidad de liberar a quienes han sido condenados porque considera que sería “exceder los límites”. El Gobierno ha hablado en un tono parecido. Desde los ministerios de Interior y Defensa han insistido en enviar un mensaje de “no impunidad” y han recordado que las liberaciones no implican que los procesos sean borrados o que los jóvenes vayan a gozar de un indulto o amnistía.

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